El Estado de Derecho frente a la “rebelión” de Mas y los suyos

Uno de los efectos más desoladores de la actual “rebelión en marcha” (¿0 es que acaso es otra cosa?) frente al Estado de la que forma parte, protagonizada por un sector de la sociedad catalana, protagonizado por quien curiosamente es el máximo representante de ese estado en su comunidad y debe su cargo al sistema constitucional contra el que se alza; digo que uno de sus más negativos efectos es la sensación de repetida impunidad con que ejecuta sus acciones, sin que el Estado reaccione con efectividad para atajarlas, y sobre, todo la comprensión que este comportamiento ha calado en otros sectores del país, especialmente entre algunos periodistas a los que se considera especialmente progres, como cuando un conocido locutor que ahora se prodiga en una vez llegara a decir que en la pantomima del falso referéndum catalán de hace unos meses, el “Estado español había dejado de existir en aquel país”.

Dice Kelsen que la ley es mucho más eficiente cuando se cumple por convencimiento que por temor a las consecuencias de vulnerarla. En una parte de Cataluña se ha instalado el convencimiento de que puede vulnerarse sin que pase nada y ya hemos visto el caso que hace de las sentenciones de su tribunal superior o del mismísimo Tribunal Constitucional.
En su hoja de ruta a Mas y los suyos les trae al pairo que el Gobierno amenace con lanzar contra sus actos al Tribunal Constitucional, el lugar de emplear contra esta “rebelión” la propia Constitución y el Código Penal. Y ahora se acogen a no sé qué norma diciendo que España no puede hacer cumplir su propia Constitución y, llegado el caso, aplicar el artículo 155 y suspender la autonomía.

¿Y ante esto, qué mensaje percibimos los demás españoles que cumplimos las leyes? Pues que el Estado está en manos débiles, irresolutas, cobardes y melifluas como la propia forma de hablar de su presidente.

Dice Kelsen dice que «positivismo jurídico es el nombre que damos a la teoría jurídica que concibe únicamente como «Derecho» al derecho positivo, esto es, al Derecho producido por actos de voluntad del hombre”. Es evidente que esa voluntad puede cambiar, que las leyes pueden cambiarse y se cambien dentro de los tempos históricos, pero dentro del marco de la propia legalidad.

Enseña Kelsen que todo derecho estatuido por quienes se hallan autorizados para producir normas jurídicas debe corresponder a la exigencia política y jurídica de la previsibilidad de la decisión jurídica y a la exigencia de la seguridad jurídica ¿Por qué Mas se conduce hacia al abismo sabiendo que la sección que pretende por su cuenta es jurídicamente inviable?

Norberto Bobbio, a este respecto, acuñó la expresión «positivismo jurídico metodológico», porque consiste únicamente en un método de identificación y descripción de lo que se encuentra establecido como Derecho. Es el positivismo jurídico en sentido estricto que vincula la existencia del Derecho a la formación del Estado y que entiende que todo Derecho es producto de la actividad del Estado.

¿Cómo construir nada desde fuera del Estado de Derecho que sea viable? Evidentemente, a partir de un proceso revolucionario que abrogue un Estado y construya otro. ¿Estamos en esa? ¿Acaso los que creemos en el Estado que tenemos, aunque queramos reformarlo, hemos de aceptar que un sector de la sociedad se salga de este marco por su cuenta en la medida que afecta a los demás?

La querella pendiente contra Mas. Parece que ya hemos olvidado que en su día, el fiscal superior de Cataluña presentó en el Tribunal Superior de Justicia, por orden del entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la celebración de la consulta soberanista prohibida por el Tribunal Constitucional. La querella apreciaba indicios de cuatro delitos -desobediencia grave a la autoridad, usurpación, prevaricación continuada y malversación de fondos públicos- y se dirigió también contra la entonces vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, «sin perjuicio de que la imputación puediera extenderse a otras autoridades y cargos públicos».

Las resoluciones del Constitucional son vinculantes para el Gobierno de Ia Generalitat precisamente por su carácter de poder público, que le convierte en destinatario directo de dichas decisiones, pues conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 de la Ley Orgánica del TC «todos los poderes públicos estarán obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva.

Estaba en juego entonces, como lo sigue estando ahora, Ia vigencia de las decisiones del Constitucional en el territorio de Cataluña. Pero si el Estado, en la práctica, ha dejado de existir en Cataluña, no es de extrañar que Mas haga lo que quiera. Si la Ley no se cumple, ha de imponerse con los medios que tiene el Estado para ellos. Con todos los medios.

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