Cumplir la ley

 

Parece más que demostrado que las controversias en las conferencias sectoriales Gobierno central/comunidades autónomas se saldan por bloques políticos antes que por planteamientos técnicos. De otra manera no se entiende que las votaciones vengan a coincidir casi al pie de la letra con el reparto de fuerzas existente en el seno de las mismas.

De igual forma no se entiende tampoco que la aplicación de una norma estatal haya sido posible cuando la comunidad era “azul” e ipso facto haya dejado de serlo cuando tras las elecciones del pasado mayo la Administración territorial ha cambiado de color. Evidentemente, tal y tan repentina mutación responde más a posicionamientos partidistas que a otros factores.

Es lo que está aconteciendo con el currículo básico de Secundaria y Bachillerato aprobado por el Gobierno central, a partir del cual las comunidades autónomas han de desplegar la normativa regional correspondiente. Unas lo han hecho ya o se disponen a ello. Otras –hoy la mayoría- alegan no tener o haber tenido tiempo, a pesar de que el decreto a desarrollar del Ministerio lleva fecha de diciembre del año pasado.

Se trata, por lo demás, de una nueva configuración curricular que supone un importante incremento en la autonomía de las Administraciones educativas y de los centros. Habrá que deducir, por tanto, que más que tiempo lo que falta es voluntad política. Porque el objetivo de la oposición no es otro que la paralización de la propia LOMCE.

El nuevo titular de Educación, Méndez de Vigo, se enfrenta a la papeleta de tener que completar la implantación de la cuestionada ley. Hace un par de semanas dijo en el Senado que había que cumplir leyes y calendarios. El martes, en el Congreso, insistió en ello. Pero anda el hombre “explorando” cómo templar gaitas, habida cuenta de que hay “margen de maniobra” para ello.

Veremos a ver en qué queda. Pero la impresión es que cada comunidad hará lo que estime oportuno; que el caos en el sistema educativo será mayor y –lo que es más grave- que no sucederá nada por los eventuales incumplimientos. Tampoco nada nuevo, porque es lo que de un tiempo a esta parte viene acaeciendo en prácticamente todos los ámbitos donde las comunidades autónomas tienen algo que decir.

A propósito de Cataluña mucho se habla estos días de la lealtad constitucional y del respeto a la ley como característica de las sociedades civilizadas. No iría yo tan lejos. Pero a propósito del más prosaico tema que nos ocupa, recordaría, aunque adaptada a la situación, la sentencia evangélica aquella de que quien es infiel en lo poco, no ofrece garantía alguna de que sea fiel en lo mucho.

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