La esposa de Besteiro se acoge al derecho de no declarar por su relación con el inculpado

 

   La esposa del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a quien la jueza Pilar de Lara había citado este martes para comparecer como testigo en el marco de la investigación sobre la urbanización de O Garañón, se ha acogido a su derecho a no declarar por su relación de parentesco con el dirigente socialista, imputado en la causa.

En concreto, De Lara imputa a Gómez Besteiro cuatro supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y contra la ordenación del territorio en relación al convenio urbanístico de O Garañón suscrito durante su etapa de concejal con José López Orozco, también imputado.

En este escenario, María Begoña R. B. había sido citada por Pilar de Lara en calidad de testigo, en relación a este caso, en el que la jueza investiga la reforma de un piso que habría adquirido con su marido.

La esposa de Besteiro ha entrado en el despacho de Pilar de Lara, que le ha informado del derecho que la «dispensa» de declarar al ser la mujer de un imputado en la causa, al que finalmente se ha acogido.

Las preguntas a la testigo, según fuentes consultadas por Europa Press, estaban ligadas con la vivienda y unas reformas en un piso que adquirieron en fechas próximas a la firma del convenio de O Garañón, lo que ha despertado las sospechas de la magistrada.

Besteiro, por su parte, ha sido llamado a declarar en calidad de imputado el próximo 31 de julio.

COMPRA DEL PISO

Los hechos se remontan a 2005, cuando se aprobó el convenio de las torres de O Garañón en el que se garantizaba al promotor que, si la concesión de la licencia no se culminaba –como finalmente ocurrió, tras la denuncia de una asociación local– sería indemnizado. Besteiro era en aquel momento concejal de Urbanismo del gobierno de Orozco.

Según el auto de la jueza Pilar De Lara, Besteiro compró el 30 de diciembre de 2004 un piso a A. Q., propietario de Construcciones y Promociones J. Díaz Fernández, un piso ubicado en la lucense Avenida de Ramón Ferreiro, por un precio que el contrato sitúa en 138.232,78 euros.

El contrato fue elevado a público en mayo de 2005 y, según los datos que le constan al juzgado, el dirigente socialista habría pagado en diciembre 36.000 euros en metálico y el resto hasta sumar los 138.232,78 euros pactados mediante un cheque.

Al respecto de los hechos, la resolución judicial hace constar varias cuestiones, empezando por el hecho de que una tasación inmobiliaria señala que un piso de las características y en la zona en la que lo adquirió Besteiro en 2005 tendría un valor «de entre 150.000 y 170.000 euros», superior al acordado.

PROCEDENCIA DEL DINERO

También advierte que «no consta» la procedencia del dinero que supuestamente Besteiro entregó en metálico e incide en «lo inusual que resulta» que se pague «una cantidad de dinero tan importante en efectivo» en vez de hacerlo, como sería «lo normal», mediante «una transferencia bancaria».

Tampoco hay «constancia» de la procedencia de los 102.232,78 euros restantes satisfechos para zanjar la compra. «Extrañamente en la escritura pública tampoco se dejó constancia del medio de pago empleado para satisfacer los 102.232,78 euros, ni consta el origen de los fondos», recoge la resolución judicial.

De Lara remarca que apenas un mes y ocho días después de la adquisición formal del piso por parte de Besteiro y siendo él concejal de urbanismo se firma el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Lugo y R.I., el nuevo propietario de los terrenos de O Garañón. Convenio que recibió su aprobación definitiva, en la jornada de fin de año de 2005.

LICENCIA PARA SÍ MISMO

Al margen, el auto relata que utilizando el nombre del anterior propietario, A. Q., Besteiro se habría concedido a sí mismo como concejal de Urbanismo una licencia para reformar el piso en cuestión pese a existir «un conflicto de intereses que le habría debido de llevar a abstenerse en la resolución del mencionado expediente».

Añade que, si bien la petición de licencia era por importe de 9.368,28 euros, finalmente las obras se elevaron a la suma de 52.200,84 euros según la factura emitida por Construcciones Pedrouzo, lo que habría supuesto «un enriquecimiento fraudulento en detrimento de los intereses municipales», toda vez que la tasa a pagar en el Ayuntamiento sería «notablemente superior a los 385,53 euros» abonados.

«Por cierto, que dicha autoliquidación de tasas fue realizada por A.Q. y no por Besteiro, no constando tampoco que éste ulteriormente hubiera reembolsado (al primero) el importe de tales tasas», apostilla. Además, la factura de Pedrouzo se formalizó cinco años después de las obras, en 2010, cuando estaba en marcha la Operación Carioca, en la que esta firma fue investigada.

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