La defensa de Besteiro pide la nulidad de las actuaciones de la jueza De Lara

Jueza De Lara_PP   La defensa del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la instructora Pilar de Lara en el que alega la «nulidad» de las actuaciones practicadas contra él, así como en el que esgrime «indefensión» y un «perjuicio que se ha materializado  ya en que se ha visto en la obligación de renunciar a su inminente nombramiento como senador». El PP bloqueó su nombramiento y después se produjo la citación judicial.

   En el documento registrado al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que abarca medio centenar de páginas, y al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados de Besteiro censuran, en primer lugar, que la jueza haya decidido «recibir la declaración en calidad de imputado tan sólo porque lo solicita» una empresa constructora.

Además, critica que, con la reforma del Código Penal de este año y que entró en vigor el 1 de julio de 2015, Gómez Besteiro «no puede ser llamado en calidad de imputado, sino de investigado». De esta forma, la defensa del líder socialista, que está citado el próximo 31 de julio ante la jueza por supuestos delitos de prevaricación y cohecho, entiende que «no existe auto alguno de imputación».

En el escrito, los abogados se refieren a los puntos señalados en la denuncia por la empresa Inversiones Malleo S.L. y el respecto del auto. La constructora denunció esta causa por una modificación de un solar (de Telefónica) que, según dijo, le perjudicó a él, porque se «desvalorizó», y al propio Ayuntamiento, porque «no percibió la indemnización», con el fin de «beneficiar a terceros».

En el escrito judicial de imputación, la jueza alude al convenio firmado entre el nuevo propietario de la finca y el Ayuntamiento. Anteriormente, ese solar era de Construcciones JA Díaz, propiedad de la misma persona que le vendió el piso a Besteiro.

ALEGACIONES AL SOLAR Y COMPRA DEL PISO

Así, en cuanto a la firma del convenio que firmó el Ayuntamiento y el propietario del solar, la defensa ha indicado que «per se, no implica la comisión de ningún delito, máxime cuando es una posibilidad legal». «Menos aún se describe qué perjuicio causó el convenio citado o que norma se infringió», reprocha la defensa de Besteiro.

Las alegaciones dicen que «si se siguió todo el procedimiento administrativo y en el mismo existen informes técnicos favorables a la posibilidad de realización del convenio», se trata de «una decisión político cuyo control escapa a la jurisdicción».

Sobre la compra del piso, la defensa arguye que se celebró un contrato privado de compraventa del piso, por el que se acordó un precio de 138.232,78 euros. Se reconoce, añade, que se pagaron los 36.000 euros de forma bancarizada y que el valor del piso sería de unos 150.000 euros.

Además, por parte del propietario inicial de la vivienda se solicitó una licencia de obras y se pagaron unas tasas para hacer una obra menor, de 11.000 euros.

«No sólo no constan indicios de que el piso fue un regalo, sino que fue una compra pagada en su totalidad, mediante documental bancaria y el resto mediante el pago de hipoteca con Caixanova», alegan los abogados de Besteiro.

«MALA INVERSIÓN»

Al respecto, añaden que «constituyó una mala inversión, puesto que las deficiencias en las obras dieron lugar al retraso en el pago y al malestar por el pago de unas reformas que se fueron del presupuesto», y recuerdan que se «acreditó» estas afirmaciones a través de documentación presentada en el año 2013.

En cuanto a la concesión de la licencia para las obras, la defensa señala que se «concedieron como tantas otras de obra menor que acostumbraba a firmar en su puesto», ya que Besteiro era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lugo en ese momento.

Con todo, los abogados subrayan que cuando se concedió la licencia, el piso «seguía siendo propiedad de un tercero», y, aunque reconocen que «hubiese sido más conveniente haberse abstenido», justifican que no lo hiciese porque «firmó como otras tantas muchas, es decir, sin reparar sobre las obras que se pedían».

«No obstante, se trata de una cuestión accesoria, ya que las licencias tienen carácter reglado, por lo que cumpliéndose todos los requisitos legales y de planeamiento, se habría concedido igualmente, incluso por silencio administrativo», añaden los abogados, que advierten de que en el auto se habla también de un delito contra la ordenación del territorio, en teoría sobre la finca de O Garañón –dicen–, de la que desconocen las actuaciones a qué se refieren, por lo que «genera una absoluta indefensión».

«ENORME PERJUICIO»

En este escenario, los abogados inciden en el «enorme perjuicio» que supone para Besteiro su «citación como imputado por unos hechos que deben considerarse prescritos por haber transcurrido más de diez años», y argumentan que este daño se ha «materializado» en la paralización de su candidatura para el Senado, como miembro por designación del Parlamento de Galicia.

A este respecto, la defensa hace constar que, de haber sido designado senador, dejaría «sin posibilidad de proseguir con la causa» a Pilar de Lara. Por ejemplo, esto es lo que le ocurrió en el caso del portavoz del PP en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro, cuyas diligencias en el marco de la ‘Operación Pokémon’ fueron derivadas al Tribunal Supremo, que las archivó alegando falta de indicios.

A mayor abundamiento, los abogados de Besteiro sugieren una vinculación de la imputación con su futuro como senador. «No deja de resultar curioso como la imputación ha dormido el sueño de los justos durante varios años, incluso casi dos desde que se presentó la documentación, para reactivarse justo en el momento anterior a que el aforamiento impidiese a la magistrada proceder contra él sin un control de dicha imputación por un órgano superior que ahora se hace, cuando menos, necesario que exista», desliza.

NULIDAD DE LAS ACTUACIONES

A lo largo del medio centenar de folios, la defensa de Besteiro pide la nulidad de las actuaciones en base a tres cuestiones básicas. Por un lado, por «acumulación» de procedimientos en la jueza instructora y, por otro, por no haber llevado a lo que se conoce como «reparto» los diferentes procedimientos que se fueron abriendo.

Adicionalmente, los abogados de Besteiro también apuntan que las actuaciones ya han sido objeto de archivo en momentos anteriores y, dicen, se han reabierto sin que haya habido ninguna novedad al respecto.

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