Del azul al rojo

 

Con la inestimable ayuda de los pactos entre perdedores que las siguieron, las elecciones autonómicas del pasado mayo han propiciado un escenario radicalmente distinto en las conferencias sectoriales donde Gobierno central y comunidades autónomas intentan cumplir con las necesidades de la cooperación interadministrativa. Del azul intenso se ha pasado al rojo fuerte.

En el Consejo de Política fiscal y financiera (CPFF) , por ejemplo, el Partido Popular estaba representado por once comunidades y a partir de ahora lo estará por sólo cinco: Galicia, Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja. El PSOE, por su parte, ha saltado de dos a siete: Andalucía, Valencia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón y probablemente Asturias, amén de estar presente como socio de gobierno en otras dos (Cantabria y Canarias). Y más o menos igual habrá de suceder en el resto de las treinta y siete conferencias sectoriales existentes.

Así las cosas, de manejar sin mayores problemas las convocatorias de turno, el ministro –hoy del Partido Popular- que las preside ha pasado a verse en nuevos y mayores aprietos al tener que lidiar en franca minoría en semejantes cónclaves.

Es lo que le ha sucedido a Cristóbal Montoro en el primer CPFF habido tras las elecciones, donde nueve de las quince comunidades de régimen común votaron contra los objetivos de déficit propuestos por el Ministerio de Hacienda: las siete socialistas, más Cataluña y Canarias. La “popular” Castilla y León se abstuvo y la Cantabria del inefable Revilla ni se personó.

Montoro tuvo así que recurrir a segundas vueltas en las votaciones y hacer valer su voto cualificado para sacar adelante la senda hacia el equilibrio presupuestario prevista para próximos ejercicios: reducir los números rojos al 0,7 por ciento del PIB regional este año, al 0,3 por ciento en 2016 y al 0,1 por ciento en 2017, para cerrar 2018 en equilibrio.

No es verosímil pensar que las comunidades lo vayan a lograr. De entrada, sólo Navarra, Canarias y más apretadamente Galicia cumplieron en 2014 el objetivo de déficit. Quienes no lo hicieron hubieron de presentar ante el Ministerio de Hacienda los respectivos planes de ajuste económico financieros. Pero muy pocas lo han cumplimentado. Y sobre quienes ya hay dictamen oficial, se prevé que Cataluña no sólo no cumplirá este año con el déficit marcado, sino que tampoco está claro que lo haga en 2016.

Ante el reguero de incumplimientos, el ministro Montoro ha amenazado con las penas del infierno y asegurado que hará una aplicación rigurosa de la ley de Estabilidad. Pero si no sólo no lo ha hecho hasta ahora, sino que ha estado inyectando dinero a montón en las cuentas autonómicas, ¿se va a poner exigente ahora en la recta final de legislatura y con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina? Nadie se ha inquietado lo más mínimo.

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