García de Paredes, eximido de culpa en las indemnizaciones millonarias de NCG

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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este martes la absolución del ex director general adjunto de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, durante el juicio que se celebra contra la antigua cúpula de la entidad por haberse adjudicado 18,9 millones de euros en plena crisis de las cajas, según informaron fuentes jurídicas.

Las acusaciones han modificado sus escritos de conclusiones provisionales para solicitar que García de Paredes, a quien se asignó una indemnización de 5,6 millones de euros –la segunda más alta concedida a los directivos–, sea exonerado porque no participó en la elaboración de los contratos e intentó devolver el dinero.

García de Paredes declaró el pasado 6 de junio en la vista oral, donde puso de manifiesto que había renunciado en dos ocasiones a la «parte que pensaba que no le correspondía por los servicios pasados», es decir, al 70 por ciento de la pensión y al 40 por ciento en concepto de prejubilación. Este acuerdo conllevaba que Hacienda restituyera 2,2 millones, pero el banco no firmó la devolución del dinero y su desistimiento se hizo efectivo.

«Yo no participé absolutamente en nada», afirmó García de Paredes, que aseguró que firmó el contrato convencido de su legalidad y que, previamente, había solicitado que siguiera las recomendaciones en política retributiva del Banco de España y que él podía aceptar o no esta «oferta» de la entidad, pero «no tenía nada que negociar o corroborar».

El tribunal, que preside el magistrado Alfonso Guevara, dejará previsiblemente este miércoles visto para sentencia el juicio que se celebra también contra el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso; el que fuera director general de Novacaixagalicia José Luis Pego; el exresponsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán, el antiguo gestor de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada; y el abogado Ricardo Pradas Montilla, quien les asesoró en la mejora de sus contratos y omitió esta información a la Comisión de Retribuciones y al Consejo de Administración.

MANTIENEN LA PETICIÓN DE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA EL RESTO

La Fiscalía Anticorrupción y Novacaixagalicia, como acusación particular, piden que sean condenados a tres años de cárcel por delitos de apropiación indebida y administración desleal y que queden inhabilitados durante tres años para ejercer cualquier actividad profesional relacionada con el sector bancario. La acusación popular, ejercida por Adicae, solicita sendas penas de cuatro años de prisión.

El Ministerio Público ha solicitado la nulidad de los contratos de alta dirección que los exdirectivos firmaron para poder percibir las prestaciones, así como la de las pólizas individuales de aseguramiento personal, según indicaron fuentes fiscales.

Anticorrupción les considera responsables de delitos de apropiación indebida y administración desleal y, alternativamente, estafa, por asignarse rentas vitalicias, mejoras salariales y pensiones millonarias pese a la difícil situación que atravesaba Caixanova, que se hallaba en pleno proceso de fusión con Caixagalicia y que había pedido ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para capitalizar la nueva entidad.

Considera autores del delito a Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada y cooperadores necesarios a Pradas y a Fernández Gayoso, quien, como copresidente de Novacaixagalicia y «máximo gestor» de la entidad, debería actuado con la «mayor diligencia» para salvaguardar los intereses del banco que dirigía y no «anteponer los intereses particulares» de estos directivos.

Pide, además, que los acusados devuelvan los 18.915.291 euros que se asignaron «fraudulentamente» en sus pensiones de jubilación, y sean multados con 75.000 euros. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se apropió indebidamente de 7,7 millones, Rodríguez Estrada de 691.261 euros y Gorriarán de 4,8 millones.

Anticorrupción detalla que tres de los cuatro directivos –Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán– acordaron, en pleno proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia, «movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión». La sesión de este miércoles comenzará con los informes de la defensa de los acusados, quienes podrán hacer al final uso del turno de última palabra.

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