Imputados

Lo acontecido, en las tomas de posesión de la alcaldía de la capital y la Diputación de Lugo, debiera llamar a la reflexión a todos los partidos, grandes y pequeños, tradicionales y emergentes. Estos dos sucesos demuestran una vez más como todos han caído en la trampa de superponer la destrucción del contrario político al ejercicio real de la vida democrática constructiva, sin considerar que la grandeza de la convivencia de las ideas y las ideologías no debe encerrarse en casuísticas personales. También es una grandeza de nuestro régimen la presunción de inocencia frente a las funciones del poder judicial y las acusaciones sin probar. El concepto de imputación no encierra otro significado que el de «acusación», sin embargo se ha visto torticeramente preñado por el de «condena» sin ningún tipo de fundamento. Un imputado no es, en principio, un delincuente. Ni un investigado es un condenado. Utilizar estas situaciones como piedras de clave terminarán por dejar caer sobre nosotros la bóveda bajo la que convivimos políticamente.

Los acontecimientos de Lugo, especialmente el acto de la Diputación, han puesto de manifiesto la incompetencia democrática de los tres partidos implicados. La del BNG por mostrarse como un David frente a un inexistente Goliat a la hora de utilizar la onda de la limpieza ética, con la que además se han dado en la propia cabeza. La del PSOE por su falta de fortaleza en la defensa de sus representantes y decisiones del partido. Y la del PP por enrocarse en la falacia que considera la lista más votada como más legítima frente a la suma mayoritaria de los votos de otros partidos, afines entre sí, con el fin de mantener migajas de poder.

En definitiva, vistas las consecuencias, el ciudadano solo percibe una pelea de gallos en un corral embarrado. Y en medio del cuadrilátero un árbitro no siempre imparcial: el legítimo poder de la administración de la justicia. En la actualidad un/una magistrado/a, sin que medie intencionalidad, tiene en su mano invalidar la acción política de cualquier ciudadano por el mero hecho de acusarlo/imputarlo. Es decir, el ejercicio personal de la vida pública ha sido sometido al criterio de un funcionario de la justicia. Esto es, el poder político –elegido por los ciudadanos– es subsidiario del poder funcionarial –no siempre independiente ni democrático. Sin embargo, esta situación no es fruto de la casualidad, sino de la miopía del legislador y de la falta de reacción/eficacia de los partidos gobernantes. Y a la postre, porque convertir a los imputados en apestados da o quita cuotas de poder al margen de las urnas.

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