Privatizar la gestión

Al común de los mortales le preocupa más bien poco que el personal encargado de la prestación de determinados servicios públicos sea funcionario o empleado de una empresa privada contratada al efecto por la Administración. Lo que le interesa es que el servicio sea eficiente, respetuoso con los derechos del usuario y lo más económico posible.

Si la titularidad del servicio sigue siendo o no pública, eso ya le inquieta menos y, en todo caso, lo deja en manos de los Tribunales. Y éstos hace tiempo que determinaron que la gestión indirecta de un servicio público no implica un trasvase de la titularidad a favor de quienes asumen la gestión y que se trata, por tanto, de una posibilidad, de una opción, perfectamente encajable en nuestro sistema constitucional.

La reciente sentencia del TC –pronunciada por unanimidad del Pleno- sobre la mal llamada privatización de seis hospitales madrileños ha resultado harto esclarecedora. Y es que de acuerdo con principios elementales del Derecho administrativo, una cosa es la garantía del acceso a un servicio público y muy otra la provisión del mismo a través de diversas modalidades, bien públicas, bien privadas.

Así las cosas, habrá que atribuir a un a priori político mejor que a una consideración jurídica los recelos que suscitan los concursos que las Administraciones convocan para la prestación por terceros de servicios públicos. Más aún: detrás de cualquier reformulación algunos pretenden muchas veces ver la mano negra de oscuros intereses privatizadores, aunque la terca realidad diga muy otra cosa.

Es un fantasma que aun la más tibia izquierda agita sistemáticamente. Pero no sólo ella. También partidos que se dicen de centroderecha como Ciudadanos, participan de la misma teima, hasta el punto de haber exigido éste, en su acuerdo para la investidura de Cristina Cifuentes, la paralización del “proceso de privatización de servicios sanitarios y de gestión del sistema sanitario” (punto 47 del documento). Proceso, por cierto, del que ya se había desmarcado por su cuenta la nueva presidenta madrileña, consciente del avispero que suponía.

Aquí, en A Coruña, Ferreiro y sus mareantes andan evaluando la viabilidad jurídica y económica de proceder a la remunicipalización de la ORA, nido –dicen- de corrupción y negocio ruinoso para el Concello. El alcalde entiende que ello redundará en una mayor calidad del servicio y que no va a suponer un coste excesivo. Habrá que verlo.

Lo que sí está más claro es que este tipo de políticas antiliberalizadoras de la gestión supondrán más plantilla, más gasto, más funcionarización, más administración, más intervencionismo. Y en consecuencia, más ideología. Es un tema más político que económico. La calidad del servicio se puede garantizar de muy otra manera.

 

 

 

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