El PP de Ourense desvela que las «irregularidades» del alcalde en su calle ascienden a 113 mil euros

Rosendo Fernández_rolda PP Concello. El PP municipal de Ourense ha desvelado este jueves que las «irregularidades» en las obras de urbanización de la calle en la que vive el alcalde en funciones, el socialista Agustín Fernández, costaron 113.659 euros al ayuntamiento, según consta en un segundo documento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que reclama la devolución de 83.659 euros, que se suman a los 30.000 reclamados anteiormente.

En la última rueda de prensa como tal del portavoz local del PP –que pasará a ser únicamente diputado provincial–, Rosendo Fernández ha hecho un balance del mandato municipal, que ha calificado como «totalmente inútil» para la ciudad y con un alcalde «pernicioso» al frente del gobierno.

Según ha denunciado Fernández, «el alcalde se va para su casa y se despide» sin hacer efectivos los 27.966 euros que la intervención municipal «le pide» en relación al aval por las obras de urbanización de la calle en la que vive. Según el portavoz popular, por las «irregularidades» cometidas en esa calle, el ayuntamiento ya tuvo que devolver 30.000 euros, «a los que se suma un documento del 27 de abril de 2015 en el que se pide la devolución de 83.659 más».

NI LISTOS NI INTELIGENTES

El portavoz del PP ha detallado varios aspectos de la vida municipal que, según él, sólo fueron posibles gracias al apoyo del Partido Popular y ha lamentando que estos cuatro años hayan tenido «un epílogo triste», en alusión al derribo de la casa unifamiliar de Reza.

«Me voy con la sensación del deber cumplido pero también con la de haber podido hacer más», ha dicho Rosendo Fernández, al tiempo que ha parafraseado a Fray Luis de León, «Dios me dé adversarios listos e inteligentes que me pondrán en apuros, pero también me sacarán de ellos», para apostillar: «Pero aquí ni eso».

El próximo gobierno municipal, según el PP, aparte de gestionar los cuatro próximos años, «tendrá que recuperar los cuatro últimos, totalmente perdidos para los vecinos, por la nula gestión en todos los conceptos».

Para concluir, ha dado las gracias «más sentidas» a los funcionarios municipales, «porque sólo gracias a ellos, en ausencia de gobierno, se mantuvo el ayuntamiento en pie».

ALIVIO PARA LAS ARCAS

Por su parte, representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Ourense por el sindicato CIG han denunciado también, a modo de balance, su denuncia por el «sistemático uso de la administración municipal en favor de intereses particulares del alcalde».

Así, el sindicato ha criticado el «uso arbitrario» de policías locales en la ejecución de un desahucio en el barrio de O Couto y en el derribo de la vivienda de Reza, donde estuvieron presentes «numerosos efectivos» y hubo un «inédito despliegue de fuerzas, cuando eso no es competencia obligada del ayuntamiento».

Entre los recursos públicos utilizados, supuestamente, por el alcalde para su interés, según la CIG, están los asesores jurídicos, que empleó, han denunciado, «para su defensa particular y la de sus amigos».

«Interponer recursos acordes a sus intereses contrasta con la ausencia de recursos contra la sentencia que obliga a demoler la vivienda de Reza, pues en ese caso no interpuso recurso alguno ni instó a una revisión de oficio», ha apuntado el sindicato en referencia al recurso presentado por el regidor en funciones contra la obligación de devolver fondos por las obras de la calle en la que reside.

La CIG ha concluido que la «próxima jubilación política» de Agustín Fernández será un «evidente alivio» para las arcas municipales. «Esperamos que Ourense pase pronto la página del que fue el alcalde más nefasto de la democracia y que lleve tanta paz allí donde va como la que deja», ha sentenciado el sindicato.

La CIG está representada en el ayuntamiento ourensano por el funcionario que pidió compatibilizar su trabajo como asesor jurídico municipal con el de impartir clases universitarias. Una votación en pleno, que le denegó esa compatibilidad, hizo visible por primera vez la división del equipo de gobierno socialista después de que cinco ediles abandonasen la sala para no pronunciarse.

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