Los cinco exdirectivos de NCG defienden las indemnizaciones millonarias que cobraron

Procesados NCG_indemnizaciones millonarias_Audiencia Nacional

El abogado que asesoró en la elaboración de los contratos de las prejubilaciones millonarias que percibieron cuatro antiguos directivos de la cúpula de Novacaixagalicia, Ricardo Pradas Montilla, ha defendido que estas retribuciones eran legales y que él siempre actuó con «pulcritud jurídica» para defender los intereses de la entidad a la que representaba. «Si esto me lleva a una condena, que baje Dios y lo vea», ha dicho.

Así se ha pronunciado en la primera sesión del juicio que la Audiencia Nacional celebra desde este lunes contra cuatro altos cargos que se adjudicaron indemnizaciones por valor de 18,9 millones de euros y contra el expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, y él mismo por cooperar para que los ejecutivos cobraran esa cantidad en plena crisis de las cajas.

La Fiscalía Anticorrupción y Novacaixagalicia, como acusación particular, piden que sean condenados a tres años de cárcel por delitos de apropiación indebida y administración desleal por modificar los contratos de alta dirección para percibir esas prestaciones y a una pena de inhabilitación de tres años para el ejercicio profesional de actividades relacionadas con el sector bancario. La acusación popular, ejercida por Adicae, solicita sendas penas de cuatro años de prisión.

La vista ha comenzado con la declaración del abogado Ricardo Pradas, que ha insistido en que los contratos no incluían mejoras salariales, sino que se trataba de «adaptar» las condiciones de los cargos procedentes de Caixanova y Caixagalicia al plan de fusión suscrito en mayo de 2010, medio año antes de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectara 1.162 millones de euros al nuevo banco.

«¡NO ACTUÉ EN INTERÉS DE LOS DIRECTIVOS, HOMBRE POR FAVOR!»

En un interrogatorio, que se ha prolongado durante más de tres horas, el acusado ha explicado que su labor consistía en prestar «asesoramiento global» a la entidad y examinar los borradores de los contratos, cuyo redactado final, según ha dicho, ha visto por «primera vez» en la sesión del juicio. «Siempre actué en representación de la entidad, nunca en representación de ninguno de los directivos. ¡Hombre, por favor!», ha respondido a la fiscal Pilar Melero.

Dicho esto, ha aseverado que los directivos de la caja fusionada «podían prejubilarse aun no cumpliendo con el requisito de edad» y recibir el dinero de una tacada o fraccionado en varios pagos, como hizo Ángel López-Corona, con una categoría similar a la de los acusados y quien, a diferencia de ellos, optó por no recibir su indemnización de 2,2 millones de una sola vez. «Yo no soy el dueño de los dineros, no decido quien recibe o quien deja de cobrar», ha precisado.

El abogado ha explicado que los altos directivos estaban «inquietos» sobre su futuro en la nueva entidad y que informó a la Comisión de Retribuciones de que tenían derecho a extinguir su relación laboral en agosto de 2011 y optar, en ese caso, por una prejubilación. «No entro en el elemento cuantitativo porque Ricardo Pradas Montillas no ha tenido conocimiento de las cuantías de los salarios ni tampoco de las liquidaciones por prejubilación», ha dicho hablando en tercera persona sobre sí mismo.

«Sigo manteniendo que no es una cláusula de blindaje, sino una liquidación de prejubilación y si esto me lleva a una condena, que baje Dios y lo vea», ha proseguido Pradas, que ha defendido haber actuado con «pulcritud jurídica» y que ir «más allá es buscar tres patas al gato». La Fiscalía le culpa de asesorar a los acusados en la mejora de sus contratos y omitir esta información a la Comisión de Retribuciones y al Consejo de Administración.

El juicio se reanudará este martes con el turno de las preguntas de la defensa a Pradas y proseguirá con los interrogatorios del resto de acusados. La Fiscalía propone que continúe con la declaración del exdirector general adjunto ejecutivo Javier García de Paredes –el único procedente de Caixagalicia y que anunció que renunciaría a la «mayor parte» de la indemnización–; el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso; el que fuera director general de Novacaixagalicia José Luis Pego; el exresponsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán y el antiguo gestor de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada.

LOS INTERESES DE LA ENTIDAD

En su escrito de acusación provisional, las fiscales Pilar Melero y Concepción Nicolás atribuyen a todos ellos delitos de apropiación indebida y administración desleal y, alternativamente, estafa, por asignarse rentas vitalicias, mejoras salariales y pensiones millonarias pese a la difícil situación que atravesaba Caixanova, que se hallaba en pleno proceso de fusión con Caixagalicia y que había pedido ayuda al FROB para capitalizar la nueva entidad.

El Ministerio Público considera autores del delito a Pego, García de Paredes, Gorriarán y Rodríguez Estrada y cooperadores necesarios a Pradas y a Fernández Gayoso, quien, como copresidente de Novacaixagalicia y «máximo gestor» de la entidad, debería haber actuado con la «mayor diligencia» para salvaguardar los intereses del banco que dirigía y no «anteponer los intereses particulares» de estos directivos.

Pide, además, a los seis acusados la devolución de 18.915.291 euros que se asignaron fraudulentamente en sus pensiones de jubilación, y una multa de 75.000 euros. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se apropió indebidamente de 7,7 millones, Rodríguez Estrada de 691.261 euros, Gorriarán de 4,8 millones y García de Paredes de 5,6 millones.

Anticorrupción detalla que tres de los cuatro directivos –Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán– acordaron, en pleno proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia, «movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión».

Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae), personada en las actuaciones como acusación popular, reclama cuatro años de prisión así como multas más elevadas, con cuota diaria de 300 euros.

Una vez materializada la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, la entidad fue nacionalizada en 2011, después de efectuarse en ella ajustes contables por los cuales su valor quedó reducido significativamente, contexto en el que abandonaron la institución los directivos de las antiguas cajas.

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