El Ayuntamiento de Ourense no ejecuta la sentencia de derribo de la casa de Reza

Casa de Reza Ourense

El ayuntamiento de Ourense no ejecutó la sentencia de derribo de una vivienda unifamiliar en Reza y los propietarios acudieron a las vías penal y administrativa para parar el procedimiento, además de denunciar la «escandalosa falta de respeto» de los representantes políticos municipales por no comunicarles que este lunes no irían a derribar, pues ellos sí cumplieron su compromiso de vaciar la casa de muebles y enseres.

A las 9,00 horas de este lunes, la familia de Rosa María Alonso abrió las puertas de su vivienda en Reza para esperar la llegada de maquinaria y funcionarios del consistorio, tal como anunciaron el pasado jueves, tras firmar un acta en la que los técnicos pospusieron el derribo y la familia hizo constar las irregularidades detectadas en el expediente de la demolición, tramitado en el ayuntamiento por orden judicial, además de comprometerse a vaciar la casa.

Transcurrida casi media hora, las puertas se cerraron y el abogado Antonio Feijóo Miranda, acompañado de la familia propietaria, dio una rueda de prensa y explicaciones para los vecinos, amigos y periodistas que acudieron a la cita fijada por el ayuntamiento.

Durante el fin de semana «nadie comunicó a la familia ningún cambio», salvo personas que decían que todo estaba parado porque vieron que había irregularidades en el expediente y el proyecto de demolición no tenía la aprobación de la junta de gobierno, entre otras, según explicó el letrado.

El representante de los propietarios recordó el operativo desplegado con agentes policiales, bomberos y ambulancia «para no poder hacer nada porque había irregularidades», reiteró, y calificó de «ridícula» la escenificación municipal del jueves.

Ahora, tras la «auténtica chapuza» de ese expediente, el «escarnio» llega a lo «indecible» porque la familia «estuvo en vilo todo el fin de semana», recogiendo sus enseres con camiones de mudanza y dejando la casa desalojada, «lo cual roza el límite de la crueldad pues desde el ayuntamiento no avisaron de que este lunes no vendrían», agregó
«ESPERO QUE LO HAGAN APRESURADAMENTE»

Según consta a Feijóo Miranda, los funcionarios municipales «están arreglando los papeles» y reconducen los trámites del expediente porque las denuncias de irregularidades que hizo la familia el día 30 de abril por escrito y el pasado jueves personalmente a los técnicos municipales «son ciertas».

Expresó además su esperanza de que, ahora, los funcionarios «tramiten apresuradamente por el interés que se ve que tienen en derribar la casa», porque «así probablemente los papeles estarán mal otra vez e incompletos» y seguirá denunciando. «Cuanto más rápidamente lo hagan más errores cometerán», lamentó con ironía.
QUERELLA PENAL

Está presentada una querella por prevaricación contra el alcalde, «extensiva» a los responsables de la tramitación del expediente «no porque haya errores», que es algo normal en una tramitación administrativa, sino porque «no parece normal» que los haya después de que los propietarios «avisasen en abril y hace diez días de esas irregularidades».

Aún así, «se insiste y persiste en la actuación ilegal», sin resolver ninguna de las carencias detectadas, suficientes para suspender la demolición en aquel momento, como hicieron en la mañana del lunes. Ese argumento centra la querella penal presentada, en la que se denuncian dos posibles delitos.

Así, se denunció un delito de prevaricación, por continuar la ejecución de la demolición «a sabiendas» de que no existe proyecto aprobado y un segundo de actuar para demoler sin licencia para hacerlo. «El alcalde tiene obligación de velar por la legalidad urbanística» pues tiene además las competencias en urbanismo, agregan.
SÓLO CON LICENCIA Y NOTIFICACIÓN

El letrado advirtió de que la familia queda a la espera y no abrirá la puerta a nadie «salvo a quien venga con una notificación con tiempo suficiente de que hay un expediente bien tramitado y con licencia, emitida con los informes pertinentes». Y todo eso si antes no queda en suspenso la ejecución «por vía penal o administrativa, tal como se solicitó como medida cautelar», dijo.

En la vía administrativa, además de denunciar las irregularidades detectadas en el expediente, ahora en fase de corrección en el ayuntamiento, el letrado contempla solicitar cautelas a varias consellerías «para que se cuiden de minimizar los daños en el entorno».
TRAMITACIÓN VECINAL

Por otra parte, según el representante legal, la asociación de vecinos de Reza presentó en el Ayuntamiento de Ourense un plan de «delimitación de núcleo» que sería el primer paso para legalizar la vivienda amenazada de derribo y otras del pueblo, incluida la del vecino denunciante pues, según recordó, la casa tuvo su licencia en tramitación hasta que el plan general de ordenación urbana de Ourense de 2003 fue anulado por el Tribunal Supremo.

«La caída del PGOM de 2003 hizo que todas estas parcelas volviesen a ser zona rústica como en el PGOM de 1986, ahora en vigor, pero se puede hacer una modificación puntual en la delimitación del núcleo, para que todas estas casas sean legalizables», detalló.

Esa sería la tercera vía abierta para una posible suspensión de la demolición, pues el proyecto de legalización, si se tramita, supondría dejar la sentencia de derribo pendiente de ejecución, ya que podría darse el caso de destruir algo que en dos meses sería ya legal.

La propietaria, Rosa María Alonso, intervino para detallar que paga el IBI y mantiene ingresado el aval de la construcción de aceras, para las que cedió parte de su parcela. «Pero nos cortaron el agua de traída la semana pasada», denunció. Con «ironía e indignación», señaló que es de una generación de «mucho camping» así que acampará en su casa, cerca de la de sus padres.

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