La defensa de Orozco apremia a la juez De Lara a retirar la imputación

La defensa del alcalde en funciones de Lugo, José López Orozco, insiste en que contra su defendido en el marco de la ‘Operación Pokémon’ «no hay el más mínimo indicio de la comisión de un delito», por lo que urge la retirada de la imputación por parte de la jueza De Lara.

«Estamos en esa situación en que la palabra imputación parece que es atribuir algo cuando ahí no hay ni lejanamente la posibilidad de ningún delito», ha señalado el letrado Gregorio Arroyo, que representa a Orozco.

Al respecto, ha señalado que «como se llama imputado ahora se plantea problemas en el Ayuntamiento de Lugo porque ahí parece que la ciudadanía ha decidido por mayoría que la izquierda tenga más votos».

De hecho, tanto BNG y Lugonovo han condicionado su respaldo al PSOE para seguir al frente del Ayuntamiento de Lugo a la retirada de López Orozco como candidato socialista a la Alcaldía por su imputación.

Arroyo subraya que «el alcalde (Orozco) tiene más concejales que el resto de fuerzas de izquierda, pero se insiste mucho en el tema de la imputación que no lo es, al final la que va a tener que decidir mantener durante tanto tiempo esa situación es la jueza, parece que decide Pilar de Lara y eso no es serio», ha reprochado.

Además, ha recordado, al igual que en la ‘Pokémon’ donde un empresario ha señalado al alcalde como perceptor de comisiones a cambio de adjudicaciones, que «en la Campeón también había un personaje que decía cosas de terceras personas, aquí también hay otro en esta operación, y aquello la jueza (Estela San José), en un momento determinado, vio que no había ninguna relación de aquellos hechos con el alcalde y automáticamente lo archivó».

«Aquí también se tendría que haber producido esa situación con el alcalde hace mucho tiempo, pero aquí como no se cierra nada, hay seguimos esperando», ha lamentado. No obstante confía que «más pronto que tarde tendrá que cerrarse» la imputación del alcalde en funciones de Lugo. Al respecto, ha señalado que no ha presentado «ningún escrito» ante el Consejo General del Poder Judicial para protestar por la dilación en el proceso.
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