Castaño y Cavanna concertaron la indemnización

La viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, afirmó en un correo electrónico que «los servicios» que, «durante tantos años», había prestado el exdirector gerente de la Fundación Camilo José Cela, Tomás Cavanna Benet, quien está acusado de «redactar» su carta de despido, le hacían «merecedor de una ilimitada generosidad».

«No habrá acuerdo con nadie, puesto que se le despide bajo mi Presidencia y dispongo que se haga según él y yo decidamos», había asegurado, previamente, en esa misma comunicación con fecha del 5 de mayo de 2010, según recoge el auto de la jueza, al que ha tenido acceso Europa Press.

Castaño respondió, de este modo, al mail enviado por la hija del exconselleiro de Fraga Dositeo Rodríguez, en el que se consultaba acerca de la desvinculación de Cavanna con respecto a la entidad que homenajea al Nobel gallego.

La marcha de Cavanna se incluyó en el plan de viabilidad de la Fundación Camilo José Cela, que estaba en quiebra y tuvo que ser rescatada con fondos públicos por parte de la Xunta. A partir de 2010, la Consellería de Cultura ostentó la presidencia de la fundación, que pasó a ser honorífica en el caso de Castaño, título que le ha sido revocado a la viuda de Cela, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento autonómico.

Así, se firmó una addenda de 230.000 euros a la fundación y se le pagaron 150.000 euros de indemnización a Cavanna, según reconoció el propio Dositeo Rodríguez, miembro del Consello de Contas en la actualidad. El expatrono ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por «simulación» del despido del exgerente, al igual que su hija Covadonga.

En el auto redactado con fecha del 29 de mayo, la jueza instructora del juzgado número 2 de Padrón considera «revelador» el correo enviado por Covandonga Rodríguez a Marina Castaño, José Luis Delso y Dositeo Rodríguez, todos ellos llamados a declarar entre el 21 y el 22 de julio en esta causa.

Argumenta la relevancia sobre la base de que en él aparece «consultando la carta de cese despido» y apunta «que sería conveniente acudir al servicio de mediación y arbitraje, y tener la autorización de la Consellería de Cultura». Es decir, añade el auto, «como simular que efectivamente se trataba de un despido y no de un cese voluntario».
CARTA DE DESPIDO

Tras la respuesta de Marina Castaño antes mencionada, Covadonga Rodríguez remite a su padre, «entre otras personas, la carta de despido redactada por el propio Tomás (Cavanna)», carta «que no puede más que calificarse de esperpento jurídico». Dice la jueza que esa situación descrita «se pone de manifiesto» en otros mails, «motivo por el que se redacta una nueva carta simulando el despido de Tomás (Cavanna) y reconociendo a su favor una indemnización de 33 días de salario por año trabajado».

Antes de estos hechos correspondientes a 2010, el 30 de noviembre de 2009 «consta» que el director gerente de Tomás Cavanna «solicitó que se considerase su cese, solicitud que no era vinculante», según recoge el auto.

Pese a que «en noviembre de 2009 Tomás (Cavanna) comunicó su deseo de abandonar voluntariamente la fundación», apunta la jueza, «se simuló un despido» para «favorecerlo económicamente».

En la junta directiva del 30 de noviembre, Tomás Cavanna comunicó que la fundación se encontraba en números rojos desde el día 22 y «planteó», en el mismo día de la inauguración de la sede, «su marcha» a Camilo José Cela, pero se «mantuvo en el cargo por petición personal» del Nobel.
«ERAN CONSCIENTES DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA»

Según el informe pericial que se recoge en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, hasta el año 2008, las retribuciones salariales pudieron ser cubiertas con subvenciones privadas, pero «no» a partir de los años 2009 y 2010, en que los ingresos de la fundación y las subvenciones privadas «eran insuficientes».

Además, en el año 2010, las inversiones, compras y gastos «son superiores» a las subvenciones privadas y públicas, lo que da lugar a pérdidas contables registradas en el año 2010 que acumularon 755.121 euros.

«Lo cierto es que, tanto Marina Castaño como presidenta; como Tomás Cavanna, como gestor de la fundación, eran conscientes de que el abono de la suma supuestamente pactada en la situación económica de la fundación se haría cargo a fondos públicos, y aún así, continuaron adelante», recoge la jueza, que concluye que «esta conducta sí reviste, por lo tanto, los caracteres de tipo penal de malversación de fondos públicos».

A este respecto, añade que la «conducta» de Covadonga Rodríguez, «conocedora como era de la situación de la fundación, de su financiación y de que el despido de Tomás (Cavanna) que se estaba tramitando no se correspondía con la realidad, también aparece constitutiva de conducta tipificada penalmente».

«Y lo mismo debe concluirse respecto de José Luis Delso (como secretario de la fundación) y Dositeo Rodríguez, que tenían conocimiento previo de que no se trataba de un despido y sin embargo simularon conscientemente aprobando que se le abonara con cargo a dinero público una indemnización de 150.000 euros», agrega.
ANOTACIÓN FISCAL COMO DIETAS

Por otro lado, la jueza alude al informe de la perito por el que se apunta que, «si bien se contabilizó la suma de 150.000 euros como indemnización», y así se reflejó documentalmente, después «fiscalmente se le dio tratamiento de dietas para evitar la retención».

En el auto, la instructora también apunta que, con la regulación vigente en el año 2009, la suma de 150.000 euros «excedería de la que le correspondería en caso de despido objetivo».

«Pero la cuestión es que, de las actuaciones practicadas, se infieren indicios suficientes de que no se trató de un despido, sino de un cese voluntario al que, para justificar la entrega de la suma de 150.000 euros, se le quiso dar otra apariencia», abunda la jueza.

En este escenario, la instructora concluye que «lo cierto es que el propio Tomás (Cavanna) el que redactó en nombre de la fundación su carta de despido, de lo que era conocedor Dositeo Rodríguez».
OTROS ASISTENTES Y PETICIÓN DE DATOS

En las juntas de 30 de noviembre de 2009 (en la que, según explica la jueza, Cavanna comunicó su deseo de dejar el puesto) y en la del 27 de mayo de 2010 participaron –además de Castaño, Dositeo Rodríguez y Delso– Nieves Segovia Bonet; Senén Barro (exrector de la USC); Valeriano Martínez (que era secretario de Presidencia de la Xunta de Feijóo y ahora es conselleiro de Facenda); Roberto Varela (entonces conselleiro de Cultura); Luis Iglesias Feijoo; y Paloma García Nieto (hija del poeta García Nieto).

A este respecto, la jueza señala que «podrían haber incurrido en ilícito penal, lo que habrá de determinarse una vez practicadas las diligencias consistentes en declaración de imputados» para «esclarecer la naturaleza de la intervención» en las decisiones de la junta. La decisión del despido había sido aprobada por unanimidad, según explicó la Xunta en un comunicado emitido este lunes.

Así las cosas, en la parte dispositiva del auto, la jueza pide que la UDEF, «a la mayor brevedad posible, facilite los domicilios de las personas imputadas», así como los de Nieves Segovia Bonet, Senén Barro, Valeriano Martínez, Roberto Varela, Luis Iglesias Feijoo y Paloma García

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