Presagios incumplidos

Dentro de esa nueva política de comunicación que dicen debe practicar el Gobierno de cara a las elecciones que se avecinan, podría ser de interés que algunos fontaneros de cuantos creo pululan por las asesorías bien de Moncloa, bien de la sede central del PP se dedicaran a releer los diarios de sesiones de las cámaras legislativas.
Podrían comprobar, en efecto, cómo las grandes reformas han venido siendo recibidas con sistemáticos catastrofismos y negros augurios. Cómo, luego, la realidad de las cosas malamente se ha compadecido con tales sombríos vaticinios. Y cómo podría concluirse que muchas no se han comportado tan mal como la incansable oposición política y mediática ha logrado hacer llegar a la opinión pública. Los ejemplos podrían multiplicarse.
Cuando hace un par largo de años la Administración aprobó una serie de medidas para reducir el absentismo laboral se nos describió un triste espectáculo: a pesar de su delicado estado de salud, largas filas de doentes habrían de transitar penosamente por las calles camino del trabajo por miedo a un eventual despido.Luego, como apunto, las cosas han sido infinitamente menos dramáticas. La reforma ha demostrado algo que se presentía: que en las bajas laborales se cometían no pocos excesos o abusos. El hecho es que los procesos por incapacidad temporal se han reducido en un 46 por ciento y que ello ha supuesto a la Seguridad Social un ahorro de más de 3.000 millones de euros.
Por otra parte, el reciente acuerdo de la Xunta de congelar por cuarta vez las tasas universitarias me ha traído a la memoria la polémica que en los primeros compases de la legislatura suscitó el decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el campo educativo. Para algunos, aquello significaba “un ataque en toda regla” al sistema educativo público. El precio de las matrículas –clamaba nuestro siempre enojado Francisco Jorquera- se iba a disparar. Otros auguraban una terrible serie de males.
Nada de eso ha sucedido, al menos en la medida en que se conjeturaba. Entre otras razones, porque las comunidades autónomas han sido quienes en virtud de sus competencias han llevado a la práctica las disposiciones previstas y quienes en su mayoría han hecho uso del margen de actuación que la propia norma concedía.
(Por cierto: la congelación generalizada de tasas al margen de la situación socioeconómica del estudiante universitario queda muy bien y resulta fácil para el aplauso y el titular periodístico. Otra cosa es que se trate de una medida equitativa. Porque lo que se está haciendo es trasladar a las familias con rentas inferiores parte del coste que ello supone para las familias acomodadas, que son quienes en mayor medida llevan a sus hijos a la Universidad. ¿Y eso es justo?).

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