Hinterland

El Club Financiero de Santiago ha propuesto a los políticos que estudien la unión bajo un solo ayuntamiento, el de Compostela, de las más importantes poblaciones de su hinterland. La propuesta, que en esta precampaña electoral se vende como nueva, ya estuvo en el objetivo de los gobiernos de Xerardo Estévez y Xosé Sánchez Bugallo. Sus PXOM, que recrearon la ciudad, están concebidos con ese telón de fondo. El PP, por entonces hegemónico en la periferia compostelana, se lo tomó a broma. Ahora lo abraza como un argumento capital para tener algo que vender en una ciudad en la que las infraestructuras o la calidad de vida ya son una moneda de cambio común, incluso en tiempos de crisis. Donde para resucitar el anclado crecimiento industrial y comercial no tienen ideas. Y donde para ofrecer mejores servicios sociales no destinan los presupuestos necesarios. De ahí que ese viejo rayo de sol les cuadre bien. Sin embargo, esta manía recurrente de unir ayuntamientos, no es un disparate ni debe tomarse como un simple cartel electoral. Es una cuestión de Estado que ningún ayuntamiento, ni provincia, ni comunidad autónoma, van a resolver por sí mismos. Los intentos de unión suelen caer en la chapuza propagandística e inútil, como acaba de suceder en el caso de Oza-Cesuras.

Sería bueno que los responsables políticos, antes de discutir o sentar cátedra, se dieran un paseo por el siglo XIX. El conocimiento del pasado quizás les ayude a clarificar las ideas. Especialmente a aquellos que, mezclando churras con merinas, hablan de cerrar las Diputaciones y desmontar las provincias como solución a un asunto de organización territorial que, precisamente, quizás tenga en esas instituciones la base para cimentar el futuro.

Llegar a la división provincial actual, que no fue fruto de la improvisación ni de simple un capricho centralista, costó más de setenta años de estudios, en los que intervinieron algunos ilustres gallegos como José Lamas Pardo, rector de la USC, colaborador de los verdaderos artífices, Larramendi y Bauzá. Ellos pusieron a la firma el famoso decreto de Javier de Burgos, primer ministro de Fomento, en 1833. Una división que equilibró la administración del territorio y colocó a los ayuntamientos y partidos judiciales en sintonía con el progreso liberal.

Han pasado 182 años y la asignatura de reorganización de aquellos municipios, agrupados en provincias, está pendiente y sin estudiar. Localismos y pretendidas razones históricas dificultan ver los árboles, por tanto, solo una ley de rango estatal podrá poner orden en el bosque. El resto son ganas de enredar.

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