El juez Ruz finaliza la investigación sobre Bárcenas y confirma una «caja B» en el PP

Juez ruz_Audiencia Nacional
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio ayer por concluida la investigación sobre los papeles de Bárcenas con un auto en el que da por acreditada una «caja B» en el PP, al que considera responsable civil subsidiario, y propone que se juzgue a seis personas, entre ellas los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y al exgerente Cristóbal Páez. En el auto el juez explica que el PP llevó desde 1990 a 2008 una caja paralela que se servía de diversas «fuentes de financiación ajenas al circuito legal» y operaba con varios sistemas de cuentas al margen de la contabilidad oficial, las cuales funcionaban «a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B». Estas contabilidades estaban, según el juez, a cargo del gerente y del tesorero nacional y no se declaraban a la Hacienda Pública, por lo que «de forma sistemática entre los años 1990 y 2008 habrían incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidos por la ley».

Además de Bárcenas, Lapuerta y Páez, el juez propone juzgar a dos responsables y una empleada de Unifica, el estudio de arquitectura que realizó la obra de la sede del PP en la calle Génova, abonada con 1,55 millones de euros en dinero negro, según los cálculos de Ruz.

El magistrado imputa a Bárcenas y a Lapuerta un delito de apropiación indebida por quedar con 120.000 y 209.550 euros de la caja B, respectivamente, dinero que iba destinado a la compra de acciones de Libertad Digital en 2004.

El juez levanta la imputación y archiva el caso para 22 empresarios que aparecen como donantes en los papeles manuscritos de Bárcenas, al entender que no hay indicios para establecer correspondencia entre los pagos al PP y las adjudicaciones de contratos públicos.

Asimismo, Ruz envía a un juzgado de Toledo, por un posible delito de prevaricación, la vertiente del caso que investiga la adjudicación supuestamente irregular a una filial de la constructora Sacyr de un contrato de basuras del Ayuntamiento de la ciudad.

El Partido Popular emitió un comunicado en el que reitera que «la denominada caja B nunca ha sido una contabilidad conocida» por el partido. El partido, añade, «no comparte la teoría de la obligación de tributar por el impuesto de sociedades por unas supuestas donaciones que el PP desconocía», e insiste en que las donaciones a los partidos políticos «siempre han estado exentas de tributación» de dicho impuesto, y apunta que la aplicación de la normativa de ese impuesto «conlleva en cualquier caso el derecho a aplicar los gastos deducibles». «Con el debido respeto a las decisiones judiciales, el PP se reserva las acciones legales que le correspondan en el ejercicio de su derecho de defensa, en el momento procesal oportuno», añade.

Para EL PAÍS «el juez cree que el PP se financió de forma ilegal durante 18 años». «Ruz manda a juicio dos décadas de financiación ilegal del PP», titula EL MUNDO. Según ABC, «el juez Ruz acredita al caja B del PP y procesa a Bárcenas y Lapuerta». LA VANGUARDIA señala que el juez «considera probada la caja B del PP al concluir el caso Bárcenas», mientras que para EL PERIÓDICO «Ruz acredita que durante 18 años el PP tuvo caja b». «Ruz cierra el ‘caso Bárcenas’ e imputa un delito fiscal al PP pese a la negativa de Hacienda», es el titular de LA RAZÓN.

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