Imputaciones y listas

Tanto Mariano Rajoy como Felipe González coinciden en que es un error excluir por sistema a los imputados
Aunque la opinión pública y publicada lo mete todo en un mismo saco, no parece lo mismo quedarse para sí con millones de dineros públicos que, por ejemplo, aprovechar las relaciones con una empresa para ver si ésta puede dar trabajo a una serie de compromisos personales o políticos. Esto es: que un eventual delito de malversación de fondos públicos no es equiparable ni de lejos con un más prosaico tráfico de recomendaciones.
Parece elemental. Con la gradación de penas establecidas, la Justicia distingue debidamente. Pero, como digo, hay quien no lo mide así y lo mete todo en ese mismo saco llamado corrupción. Y eso no es razonable. En consecuencia, las secuelas políticas no deberían ser las mismas, si es que alguna habría de ser ineludible. Porque no siempre las responsabilidades políticas han de traducirse en responsabilidades penales.
Así lo señalaba días atrás el ex presidente y máxima referencia del socialismo español, Felipe González, en unas declaraciones sobre las principales controversias que en la actualidad tiene el país sobre la mesa. Tal vez su intención oculta era echar un cable a su amigo y correligionario Manuel Chaves, que tiene pendiente para dentro de poco una comparecencia ante el Supremo. Pero no le faltaba razón.
De alguna manera coincidía con él el presidente Mariano Rajoy, cuando en una reciente entrevista radiofónica reconocía que la corrupción había hecho mucho daño a su `partido, pero que era preciso analizar caso por caso porque “hay imputaciones e imputaciones”.
Cada cual por su parte, uno y otro venían a estar de acuerdo también en que excluir a todos los imputados de las listas electorales era un error. “Absolutamente”, subrayaba con cierto énfasis el ex presidente González. A su juicio, si en sentido estricto se aplicara la Constitución, un político debería renunciar a sus cargos por estar inmerso en un proceso judicial sólo cuando estuviera condenado. Porque, en efecto, el curso de la política debería venir determinado por las sentencias y no por instrucciones e imputaciones.
Otra cosa es que los partidos en ocasiones sobreactúen para mostrar una decidida voluntad de cambio y pretendan ponerse al frente de la procesión, incluso un paso por delante de la ley y de la lógica, como dice el Partido Socialista.
Y otra cosa son también procedimientos como los de la magistrada Pilar de Lara en el festival de imputaciones que tiene montado por estos nuestros pagos y en el que no faltan sospechas, conjeturas, deducciones e implicaciones de terceros un tanto sobre el alambre. En realidad, ya los tribunales juzgadores le están revocando más de una actuación. Pero a los partidos los tiene un tanto inquietos en estos tiempos de confección de listas.

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