18 semanas

Los empleados públicos gallegos (Xunta, administraciones locales y Universidades) comenzarán a beneficiarse de manera progresiva de aquí al 2018 de la ampliación de los permisos por maternidad, adopción o acogimiento a las 18 semanas. Hasta la fecha, como en el resto del Estado, este permiso está fijado en 16 semanas, a pesar de que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) recomienda las 18 y que la mayoría de nuestros vecinos europeos cuentan con permisos más amplios.

La medida sólo se aplicará al sector público, únicas competencias del Gobierno autonómico, pero aún así no deja de ser una iniciativa positiva. En primer lugar, porque nos acerca a otros Estados europeos. Prácticamente todos cuentan con bajas de maternidad superiores a la española (16 semanas). En segundo lugar, porque marca la senda a seguir, tanto para el resto de las administraciones públicas de otras comunidades como para el conjunto del Estado. Una medida que se ha ido aplazando a la espera de que mejoren los datos económicos.

Bienvenida, por tanto, la decisión y esperemos que ese ejemplo pueda plantearse pronto en todos los sectores. Pero los permisos por maternidad, además,sufren de otras carencias.

Una de las consecuencias más odiosas de la situación de desigualdad entre mujeres y hombres es, sin duda, la diferencia a la hora de acceder al mercado del trabajo. A las mujeres les cuesta más conseguir un puesto y además -cuando lo hacen- suelen obtener remuneraciones sensiblemente más bajas que ellos.

Ya no hablemos si están en edad fértil. Ellas están marcadas por el estigma de la maternidad y el empresario, por regla general, ante la posibilidad de elegir optará por un hombre. De las 16 semanas de baja, el padre de la criatura puede asumir en la actualidad dos.

El «puede» es aquí decisivo por que nada obliga al padre a utilizar esa baja, es una opción voluntaria. Ya se podrán imaginar ustedes que solo una minoría de los hombres lo hacen, en la gran mayoría de los casos es la mujer quien asume la totalidad del permiso por maternidad.

Pensemos qué pasaría si, por una parte, la baja por paternidad se ampliara a 4 semanas y si además fuera obligatoria. Estaríamos ante una situación de indudable mayor equilibrio de género y, de cara al empresario, la mujer dejaría de ser la única responsable de la maternidad. Todos los informes -incluido el de la Comisión de Igualdad del Congreso aprobado por todos los grupos políticos- coinciden en afirmar que la obligatoriedad de la baja paterna es clave para dar un paso de gigante en materia de igualdad. Más aún, seguramente estaríamos ante un verdadero revulsivo en materia de conciliación.

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