La jueza De Lara llama a declarar a siete encausados de Santiago

La instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, ha llamado a declarar como imputadas a siete personas, entre ellas, el gerente en Santiago de la compañía Sermasa, Alberto Quintana Vilarelle, por la retirada de sanciones en Santiago de Compostela.

En una providencia con fecha del 10 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, Pilar de Lara ordena unir a la causa un atestado del Servicio de Vigilancia Aduanera sobre tráfico de influencias, acerca de la retirada de sanciones en Santiago de Compostela.

Además, llama a declarar como imputados a Alberto Quintana y a otros cinco hombres y una mujer el próximo 8 de junio. Estas citaciones se producen después de que la semana pasada la jueza instructora acordase nuevas imputaciones también en las ciudades de A Coruña, Ourense, Lugo y Ferrol.

RECURSO DE VENDEX

Por otra parte, las defensas de varios imputados en la Operación Pokémon, por ejemplo la del primer teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores, han decidido sumarse al recurso presentado por Vendex, la empresa que se sitúa en el epicentro de la Operación Pokémon, que pidió anular las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera.

En el escrito presentado por la representación legal de Flores, que comparte con otros imputados, se señala que se adhiere al recurso de Vendex y hace suya «la excelente argumentación jurídica en orden a la invalidación por causa de nulidad radical de todas las actuaciones en las que han intervenido los funcionarios» de Vigilancia Aduanera.

Otros imputados como el exalcalde de Santiago Ángel Currás, un policía local, un funcionario en el Ayuntamiento compostelano y una funcionaria en el Consistorio coruñés también se suman en parte o al recurso interpuesto por la representación procesal de Vendex para anular las diligencias ejecutadas por Vigilancia Aduanera.

También ha presentado escrito para sumarse al recurso de Vendex la representación del alcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco, pero con el matiz de que pide que la nulidad de las actuaciones practicadas por Vigilancia Aduanera sea «a partir de ahora». Un informe de mediados de enero pasado de este servicio que ha asumido funciones de policía judicial descartaba que se hubiese producido un incremento del patrimonio del regidor lucense y su familia más cercana que fuese injustificado.

En el extremo opuesto se sitúa el escrito presentado por Setex Aparki, que actúa como acusación particular en la causa, que ve una «maniobra» para «retrasar» el procedimiento del Juzgado del Instrucción Número 1 de Lugo.

SALUD MENTAL

La representación legal de Julio Flores también ha presentado un escrito en el cual insiste en la necesidad de evaluar el estado de salud mental de Antonio Pérez Cribeiro, el biólogo que trabajaba en el Acuario de A Coruña que Pilar de Lara declaró testigo protegido.

En su escrito, la defensa del teniente de alcalde de A Coruña recuerda que «se interesa reiteradamente» la historia clínica de Pérez Cribeiro y señala que «pudiera resultar interesante» considerar los hechos que protagonizó en Ferrol, cuando fue detenido en octubre del año pasado, «al tener conocimiento de una extraña y sospechosa conducta» y apunta que «podría estar blandiendo un arma al tiempo que detenía coches en la calzada».

Para la defensa de Flores, es preciso «un exhaustivo examen que valorase la eventual obsesión o insistencia» de Cribeiro «por promocionarse internamente, aspiración histórica del mismo, ya desde tiempos pretéritos». «No menos relevante sería valorar su potencial ‘manía persecutoria’, que ha gozado del crédito de la instructora para su declaración como testigo protegido», agrega el escrito.

MEDIDAS CAUTELARES

Por otra parte, la jueza rechaza la petición del exconcejal del PP Ángel Espadas, que llegó a ser detenido en la derivada compostelana de la Pokémon, para que se le relajasen las medidas cautelares que tiene impuestas y reducir sus comparecencias obligatorias ante el juzgado de cada quince días a mensuales.

Pilar de Lara cree que no existe «circunstancia que aconseje» dejar sin efecto la obligación de comparecencia los días 1 y 15 de cada mes y recuerda que en su día se le había impuesto que tenía que presentarse todos los lunes, periodicidad que ya se relajó.

A juicio de la magistrada, comparecer cada quince días es una medida cautelar «proporcionada, en atención a la gravedad de los hechos y de los delitos que se le imputan» a Ángel Espadas, quien cree que no ha acreditado que padezca una dificultad.

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