Desalojan en Ourense a una familia con dos hijos de corta edad

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Agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía han supervisado el primer desalojo «señalado» públicamente por la plataforma Stop Desahucios en Ourense, por impago de alquiler de 2.480 euros durante ocho meses en una vivienda del barrio del Puente, en la que vivía una familia con dos hijos, uno de ellos un bebé, y cuya ejecución fue aplazada hace una semana.

Ante el portal de la vivienda, situada a pocos metros del puente romano, se reunieron este martes una decena de miembros de la plataforma tras una pancarta con el lema ‘Polo dereito á vivenda, contra o xenocidio financieiro’ –Por el derecho a la vivienda, contra el genocidio financiero–, y numerosos medios de comunicación, que, igual que hace una semana, asistieron a la llegada de la comisión judicial encargada del desalojo.

A diferencia de hace una semana, cuando el aviso fue de aplazamiento, este martes la acera ante el portal estaba llena de utensilios domésticos, colchones y juguetes. Una decena de policías de los cuerpos local y nacional estuvieron también en el lugar.

El portavoz de la plataforma, Roberto Pereira, ha explicado que estaba pactada con los agentes una presencia pacífica detrás de la pancarta y de pequeñas señales de Stop, así que los policías locales subieron y bajaron en varias ocasiones, acompañando el transporte de sofás, percheros, sillas y cestos de ropa, a cargo de amigos y conocidos de María Pilar López, la desahuciada.

Pereira ha recordado que este desahucio fue «señalado» por la plataforma, «no para criticar a la propietaria, que lleva ocho meses sin cobrar el alquiler, sino a las administraciones públicas que firmaron convenios para tener una bolsa de viviendas de alquiler social y en éste y otros muchos casos, no hacen lo que tienen que hacer», ha reprochado.

La afectada ha relatado que cuenta con otro piso, pero sin luz ni agua porque no le dio tiempo todavía de darlos de alta. Está en el mismo barrio y le permitirá mantener a su hijo de 18 años en los estudios de programador informático y a su marido en las «pocas horas semanales de trabajo» que tiene en la ciudad.

En la casa vive, además, su hija pequeña, de un año de edad. La Xunta le ofreció una vivienda en Castro Caldelas y otra en Carballeda de Valdeorras, según han explicado.

MÁS DESAHUCIOS

Pereira ha aludido a otros casos de «incumplimiento» de las administraciones públicas en este ámbito, como el de un matrimonio de Valdeorras, con el marido trabajando en la pizarra y afectado ahora por un ictus que lo mantiene en silla de ruedas, «aunque cobrando una pensión buena, por suerte, pero insuficiente para los bancos», ha reprochado.

Mientras estuvo tramitando la pensión, el matrimonio acumuló deudas sobre su vivienda a las que ahora pueden hacer frente «si las pueden pagar poco a poco, pero no los 20.000 euros que le piden de golpe», ha agregado.

Ese tema, según el portavoz de la plataforma, se está negociando con la entidad bancaria, pero anunció que es probable que otra situación «se dé a conocer públicamente» porque es innegociable.

Se trata de una mujer que vive en la ciudad de Ourense y acaba de abrir un pequeño negocio. «El día 17 su piso será subastado por la Seguridad Social y ahí, al parecer, no hay negociación posible, pero es inaudito que por una deuda de 23.000 euros, de la que le piden que pague 5.000 de forma inmediata, pueda quedarse sin su casa, y ese es el caso», ha subrayado.

Por otra parte, Pereira ha hecho hincapié en el carácter «apartidario» de la plataforma Stop Desahucios para «adelantarse» a posibles «usos partidistas ahora que se acercan las elecciones», ha concretado.

CRÍTICAS DEL BNG

Por su parte, el grupo municipal del BNG, a través de un comunicado, ha acusado al gobierno local de «cómplice» en el desahucio de este martes por la «participación activa» de agentes de la Policía Local en un desalojo «pacífico y ya pactado antes con la comisión judicial».

El gobierno local, según el escrito, fue «cómplice necesario» en el desahucio de una vecina de la ciudad «cuando el papel que tenía que jugar es el de poner todos los medios para ofrecerle una alternativa y ayuda». Los nacionalistas de Ourense consideran que los agentes locales «entraron en el portal de la desalojada empujando a las personas que estaban allí concentradas y subieron y bajaron con cada una de las pocas pertenencias que quedaban en la vivienda».

Además del comunicado, el BNG presentó en registro una serie de preguntas dirigidas al alcalde ourensano, el socialista Agustín Fernández, para que «aclare en las próximas 24 horas» qué hacían los agentes locales en la vivienda desalojada, «se comprometa a que no participarán en ninguno más» y que explique «por qué no hay policía para un evento ciclista y sí se pueden dedicar siete agentes a echar a una vecina de su vivienda».

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