Mantienen la imputación del exalcalde de Ourense y la exconcejala Áurea Soto

Francisco Rodriguez y Aurea Soto

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense mantiene la imputación a la exedila Áurea Soto y al exalcalde Francisco Rodríguez por un delito continuado de prevaricación en relación a los contratos de asistencias técnicas denunciados por la CIG, y luego por USO y PP.

En un auto conocido este martes, el juez determina el archivo provisional de la causa para el actual alcalde, Agustín Fernández, y los otros ocho imputados, y pide al fiscal y a la acusación particular sus escritos en los que, además, soliciten la apertura de juicio oral o, por el contrario, el sobreseimiento de la causa, además de, excepcionalmente, alguna diligencia más.

Según el juez, el Ayuntamiento de Ourense contrató a cinco personas en la modalidad de asistencias técnicas, con contratos que «se fueron prorrogando» en el tiempo a pesar de que en un determinado momento «todas las facturas presentadas por los contratados fueron objeto de reparo por el interventor municipal».

Los reparos, según el auto, se basaron en la irregularidad en que se prestaban las asistencias técnicas «pues los contratados usaban las instalaciones municipales para su actividad, contraviniendo así la legislación vigente», además de irregularidades en la forma de contratarlos, puesto que seguían la fórmula de «asistencias técnicas con sucesivas prórrogas que superaron el límite marcado por la ley».

Esta forma de contratar, según los argumentos del interventor recogidos por el juez, podía suponer un «fraude de ley» porque si las prórrogas se prolongaban «el Ayuntamiento se vería obligado a contratar a esas personas y convertirles en trabajadores fijos».

REPAROS LEVANTADOS

El juez relata que el entonces alcalde Francisco Rodríguez «levantó una y otra vez esos reparos» sin dar una razón para hacerlo, y esto se prolongó «hasta el actual regidor Agustín Fernández, que puso fin a los contratos lo que motivó «tal como había adelantado el interventor», que los trabajadores afectados acudiesen al juzgado de lo social y que éste declarase improcedentes los despidos, «lo que llevó a los máximos responsables municipales a optar por la readmisión, firmándoles el correspondiente contrato».

Lo anterior constituye un supuesto delito continuado de prevaricación, que el juez atribuye al exalcalde Francisco Rodríguez, por levantar «de forma continuada» los reparos que el interventor «mes a mes, formulaba a las facturas presentadas por los trabajadores contratados como asistencias técnicas».

El motivo del levantamiento de los reparos, según el juez, sí fue justificado por el exalcalde imputado en sede judicial, donde subrayó el «derecho de los trabajadores a cobrar el servicio prestado al Auntamiento».

«Siendo cierta esa afirmación», para el juez, el «reproche» para el exalcalde ahora imputado, es que no adoptase «las medidas necesarias para poner fin a esa situación irregular generada» y advertida «de forma continuada» por el interventor.

PERFECTOS CONOCEDORES

Además, el instructor considera que el imputado era «perfectamente conocedor» de que bajo la fórmula de asistencias técnicas «se disfrazaba» una relación laboral ordinaria de forma que las facturas presentadas cada mes por cada uno de los trabajadores contratados «no era más que un sueldo mensual como lo demuestra el hecho de que todos los meses las presentaban por el mismo importe» –por error, el auto pone «informe»–.

Los contratados «trabajaban en las instalaciones del Ayuntamiento y disfrutaban de permisos y vacaciones como los demás funcionarios».

La imputación de la exedila de Urbanismo, Áurea Soto, está justificada por el juez por ser la «máxima responsables del área en el que estuvieron vigentes los contratos investigados» desde el año 2008 al 2013.

Era «perfecta conocedora» de la situación irregular que se generó y «a pesar de eso tampoco hizo la más mínima actuación para ponerle fin y se prolongó hasta la llegada al cargo del nuevo alcalde».

El auto se refiere al actual alcalde, Agustín Fernández, para indicar que fue el que puso «punto final» a la situación irregular generada por los contratos y aunque «levantó algunos reparos formulados bajo su mandato por el interventor», el juez considera que no se le podía exigir «que corrigiese la situación irregular de un día para otro», por lo que era lógico que levantase esos reparos para pagar los trabajos que realmente se hicieron.

El resto de los imputados manifestó en sede judicial no tener «conocimiento en absoluto» de la situación irregular y algunos «se limitaron a firmar lo que les ponía delante, lo cual es reprochable o censurable en representantes públicos, pero no contrario al ordenamiento jurídico penal».

Además, la mayoría de ellos estuvo muy poco tiempo en su cargo, por lo que el auto dicta «sobreseimiento provisional y archivo» de la causa para Agustín Fernández, Iolanda Pérez, María Carmen Rodríguez, Andrés García Mata, Alexandre Sánchez, Xosé Somoza, Xosé Carballido, Manuel Herminio Iglesias y Xosé Fernando Varela.

El fiscal y la acusación particular tiene diez días para presentar sus escritos de acusación y pedir apertura de juicio oral o archivo. Además, el auto puede ser recurrido.

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