La defensa de Castiñeiras pide anular las grabaciones de la Catedral

Xuizo Fernández Castiñeiras_roubo Código Calixtino_primeira xornada da vista

La defensa del ladrón confeso del Códice Calixtino, José Manuel Fernández Castiñeiras, y de su mujer e hijo, ha pedido este lunes que se anule como prueba las grabaciones realizadas en el despacho del deán de la Catedral de Santiago, en las que puede verse a su defendido abriendo la caja fuerte, y denuncia que han podido ser «manipuladas», ya que la basílica compostelana tardó un año en entregarlas al juez.

En el juicio por el robo del Códice Calixtino, que ha comenzado este lunes en los juzgados compostelanos de Fontiñas, la abogada de los acusados, Carmen Ventoso, ha asegurado que este despacho, ubicado en el archivo de la Catedral, «no puede considerarse un espacio privado», por lo que la grabación no autorizada e informada viola «el derecho a la intimidad» y la ley de «protección de datos», que están sometidas a una «estricta legislación».

De hecho, según la información aportada a la defensa por la Agencia Española de Protección de Datos, las cámaras no se encontraban en el momento del robo registradas en este organismo y fue «a posteriori» cuando la administración de la basílica se puso en contacto con la agencia para regularizar la situación.

Para Ventoso, con estas cámaras «no se han cumplido las normas esenciales» y se ha caído en un «abuso». Del mismo modo, ha criticado que la Catedral tardase «un año» en entregar estas imágenes al juez, que fueron aportadas el 18 de julio de 2012, más de un año después del robo del Códice Calixtino.

 

«ALTERAR» LAS IMÁGENES

La letrada ha criticado que, a pesar de ser una de las principales pruebas, «durante meses nadie manifestó al juez que había ninguna cámara», por lo que se pudo, en este periodo, «alterar» las imágenes.

Carmen Ventoso ha pedido también que se anule la primera declaración de su defendido ante el juez, en la que reconoció ser el ladrón del Códice, y la aparición del propio manuscrito, dado que no se contó con la presencia de los acusados en el registro del trastero de O Milladoiro.

«Para que la confesión pueda ser considerada como prueba debe ser espontánea», ha indicado Ventoso, quien ha asegurado que no fue así, si no que fue fruto de las «coacciones» del juez instructor.

 

«GUANTÁNAMO PROCESAL»

La abogada del ladrón confeso del Códice Calixtino ha solicitado la «nulidad de todo» el proceso contra su defendido alegando que la instrucción está llena de «errores» y que el exelectricista fue víctima de un «guantánamo procesal».

Al inicio de vista, la abogada Carmen Ventoso ha criticado que los tres procesados «no han tenido un juez imparcial», por lo que, ha afirmado, «la nulidad se extiende infectándolo todo».

Entre otras cuestiones, Carmen Ventoso ha criticado que en el mes de junio, un mes antes de la detención de Fernández Castiñeiras y la emisión de un auto de entrada y registro, «personas desconocidas» entraron en su domicilio de O Milladoiro «forzando la entrada» y colocaron en su interior «dispositivos de grabación».

«Vigilaron y entraron, forzaron la cerradura y caminaron por el interior del domicilio. Unas personas que desconocemos tocaron lo que quisieron y no tendremos la certeza de que manipulasen los papeles o se llevasen alguna cosa. El escenario ya está contaminado», ha criticado la letrada, que ha tenido duras críticas para el instructor, José Antonio Vázquez Taín.

Asimismo, ha considerado que la detención y registro de los domicilios y propiedades de los tres acusados fue «nulo de pleno derecho», dado que varios de los registros se excedieron de la hora programada en los autos, otros no contaron con autorización expresa y en el registro del trastero donde apareció el Códice no se contó con la presencia de los detenidos. «No tiene valor de prueba», ha aseverado.

 

«DERECHO A LA DIGNIDAD»

En otro orden de cosas, ha pedido la nulidad de la primera declaración judicial del principal acusado, que, por la actitud del juez instructor, «contraviene la legalidad vigente en España» y el «derecho a la dignidad». Para la letrada, las preguntas de Vázquez Taín fueron «sugestivas», «repetitivas, argumentativas» realizadas «coartando al imputado», en lo que considera un trato «cuasidespectivo» al acusado.

Fernández Castiñeiras, su mujer y su hijo, los tres acusados por el robo del Códice Calixtino, han llegado a los juzgados de Santiago sobre las 9.15 horas de este lunes, en la primera sesión de un juicio que durará tres semanas. Con la cabeza baja, ninguno de los acusados han querido hacer declaraciones a la entrada y han permanecido mirando al suelo también desde el banquillo de los acusados.

La acusación considera las penas «plenamente válidas»

 

La acusación particular ejercida por el Cabildo de la Catedral en el juicio por el robo del Códice Calixtino ha asegurado en la primera sesión que las pruebas recabadas, de las que la defensa pide la «nulidad», son «plenamente válidas» y ha reclamado que el procedimiento se mantenga «al margen de cuestiones de carácter personal».

Durante su intervención en la primera sesión del juicio, dedicada a dirimir cuestiones previas, la acusación ha asegurado que, para la obtención de las pruebas criticadas por la defensa, se contó con el «consentimiento» por parte del entonces abogado de oficio, por lo que ha confiado en que las peticiones de nulidad no sean aceptadas.

El abogado de la acusación, José Antonio Montero, ha comenzado su intervención solicitando que «se siga el procedimiento al margen de cuestiones de carácter personal» y se ha «adherido» a las consideraciones de la Fiscalía para rechazar la nulidad del procedimiento.

En particular, la acusación ha asegurado que la imparcialidad del juez instructor «se le presume» y ha considerado que no existen indicios de que en las preguntas del interrogatorio hubiese «coacción» o «amenaza».

Tras defender los registros y las grabaciones, el abogado de la acusación se ha referido a los vídeos de las cámaras de seguridad en el claustro y el despacho del administrador. Sobre esta cuestión, en contra de lo sostenido por el fiscal, la acusación ha asegurado que ambas cámaras «tienen ámbito privado».

«El acceso al claustro no es público, el que puedan estar personas en esa zona con acceso a través del museo no quiere decir que sea público», ha indicado, para recordar que el acceso es «restringido». «No es una calle», ha sentenciado.

Paralelamente, ha indicado que la cámara del despacho del administrador está en un «espacio privado» al que se accede pasando por el «vestidor de los canónigos», siguiendo por un pasillo y accediendo a una antesala a través de una puerta «cerrada con llave».

«No son unas oficinas de personal, no tiene acceso público», ha explicado el letrado, quien ha apuntado que el administrador instaló en este lugar una cámara «ante determinadas sospechas» de falta de dinero en la caja fuerte.

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