Pacto de Estado contra el terrorismo yihadista entre PP y PSOE

El Gobierno y el PSOE alcanzaron ayer un acuerdo para presentar con carácter urgente en las próximas semanas una proposición de Ley Orgánica con medidas para combatir el terrorismo yihadista. Los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Rafael Catalá, se reunieron ayer con una delegación socialista encabezada por el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, y anunciaron su intención de incorporar al pacto al resto de grupos parlamentarios. El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, destacó que este «acuerdo de Estado es una buena noticia para España, para nuestra democracia y para nuestro Estado de Derecho».

Según relatan los diarios, el acuerdo fue encauzado por la mañana en una conversación telefónica entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de quien partió la llamada para alcanzar un pacto de Estado contra el terrorismo yihadista tras la matanza de París. El líder socialista propuso sacar el terrorismo internacional del proyecto de ley de reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso para así lograr el consenso.

El portavoz socialista, Antonio Hernando, valoró el acuerdo como «bueno para España», al tiempo que llamó a «recuperar el espíritu de París» y el «grito de libertad» escenificado este fin de semana y a dar «un buen ejemplo de la unidad de todos los demócratas» de manera que el pacto cuente «con el mayor número posible de grupos parlamentarios». Explicó que el PSOE votará en contra de la reforma del Código Penal, por lo que «la única manera de llegar a un acuerdo en todo lo que afecta al terrorismo yihadista era sacarlo de ese ámbito».

MEDIDAS CONTRA EL RECLUTAMIENTO Y LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS TERRORISTAS

La nueva Ley Orgánica se elaborará tomando como base las 12 enmiendas a la reforma del Código Penal presentadas por el PP, que suponen un cambio radical del tratamiento penal de los delitos relacionados con el terrorismo yihadista, con agravación de penas y ampliación de los mismos. Dichas enmiendas proponen tipificar como delito el reclutamiento y adiestramiento, de forma que sea posible encarcelar a quienes reciban entrenamiento en países que exportan la yihad, como Yemen o Siria, y se agravan las penas de adiestramiento activo de menores y discapacitados. También introducen la definición de terrorista desvinculado de una organización, con lo que se pretende penar los actos terroristas realizados por individuos en solitario, al tiempo que se amplía el concepto de «pertenencia a organización terrorista». Por otro lado, se penaliza el depósito, la tenencia de armas, precursores y explosivos con fines terroristas aunque no se pertenezca a ninguna organización, así como la financiación del terrorismo.

Otra novedad importante de las propuestas del PP es la penalización de la difusión en internet de contenidos terroristas y la elevación de la pena de enaltecimiento del terrorismo, que se agravará cuando se realice a través de las nuevas tecnologías. Además se propone castigar la provocación, conspiración y proposición de delitos de terrorismo, así como la inhabilitación especial para ser docente a los condenados por terrorismo.

Además se tomarán otras medidas como el registro de pasajeros, que permite guardar datos sobre los viajes de cada ciudadano y que podría ser introducida como enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana en el Senado. Ayer el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, pidió en Estrasburgo que el Parlamento Europeo dé vía libre a la implantación del macrofichero de viajeros, el llamado Passenger Name Record (PNR) como instrumento de lucha contra el yihadismo.

El portavoz socialista, Antonio Hernando, aclaró que el texto que se redactará conjuntamente «será distinto a las enmiendas presentadas por el PP», más «asumible y garantista». El PSOE quiere «mejorar la redacción de algunas propuestas con el objetivo de garantizar la mayor seguridad sin perder la libertad».

Según señala EL PAÍS, «Rajoy elabora desde 2012 su propio plan secreto antiyihadista», una estrategia integral contra la radicalización de extremistas que desarrolla el plan que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010.

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