Estrecha vigilancia sobre un centenar de islamistas radicales residentes en España

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas han llevado a cabo una serie de iniciativas preventivas contra el islamismo radical tras el atentado de París, informa EL MUNDO. Según este diario, además de elevar el nivel de alerta, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han reforzado la vigilancia sobre casi un centenar de islamistas radicales asentados en España. EL PAÍS apunta que unos 3.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia están dedicados a la lucha contra el terrorismo, fundamentalmente el de carácter islamista. Una cifra que, según destaca el diario, es veinte veces más de los que había el 11-M. Por lo que respecta, al aumento de la alerta antiterrorista al nivel 3, EL PAÍS señala que «estaciones y zonas comerciales tendrán vigilancia especial».

EL PAÍS también informa que el Gobierno negociará en los próximos días con el PSOE las medidas contra el terrorismo, especialmente las que tienen que ver con el nuevo Código Penal que se tramita en estos momentos en el Congreso. A tal fin, los ministros del Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá, respectivamente, han convocado para la próxima semana al portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando.

Por otro lado, EL PAÍS señala que la decisión del Gobierno de crear un macrofichero con datos de pasajeros de líneas aéreas para detectar a yihadistas ha reavivado las discrepancias entre los principales partidos políticos españoles con representación en la Eurocámara».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subrayó ayer que «España nunca dará tregua al terrorismo ni a los que pretenden liquidar los derechos y libertades de los demás». Además, durante su comparecencia con el jefe del Gobierno de Andorra, Antoni Martí, descartó que pueda producirse un brote de islamofobia en España. «No lo veo», comentó.

Por otro lado, el Parlamento vasco no logró consensuar un texto unánime de condena al atentado perpetrado en París debido a que EH Bildu no quiso suscribir el que habían apoyado todos los partidos. La coalición abertzale no estaba de acuerdo con uno de los párrafos del texto en el que se decía que el País Vasco «por haber sufrido durante muchos años los efectos criminales del fanatismo, siente de forma especial la agresión perpetrada en París contra la convivencia y la libertad de expresión». En un comunicado posterior, EH Bildu explicó que «es un error mezclar la denuncia de ese ataque cruel contra los derechos humanos y democráticos con otro tipo de violencias».

Mientras, una falsa amenaza de bomba paralizó en la tarde de ayer el centro de Madrid. Una caja de zapatos colocada encima de una papelera en la estación de Nuevos Ministerios llevó a la Policía a desalojar el intercambiador de transporte, cortar el tráfico de la Castellana y detener el servicio de varias líneas de Cercanías y Metro de Madrid. Finalmente, los Tédax comprobaron que se trataba de una falsa alarma.

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