Advertencias constitucionales ante el discurso del Rey en la Pascua Militar

Tras el discurso de fin de año del Rey Felipe VI existe ahora la lógica expectación para ver qué dice el joven monarca a los militares (y se supone que a la nación) el próximo seis de enero, durante la celebración de la Pascua Militar, instituida por Carlos III para conmemorar la recuperación de la isla de Menorca en 1782, y salvar algo del lote que nos costó entregar a los ingleses la llegada de los Borbones a España. Después del balbuceo de Juan Carlos I del pasado año, todo el mundo va a estar pendiente de lo que diga el nuevo rey.
Porque la cuestión de fondo se ubica en preguntarse a quién se dirige el jefe del Estado ese día: ¿A la corporación de los militares o al conjunto de los ciudadanos en presencia de responsables del Estado Mayor de la Defensa, de los tres Ejércitos, de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, de la Guardia Civil y de la Hermandad de Veteranos?
Tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en uno de los múltiples reportajes emitidos por Televisión española, el general Juste, jefe de la División Acorazada “Brunete”, pieza esencial en aquel suceso, hizo unas declaraciones sorprendentes. Preguntado por los hechos de aquella tarde y noche, y su actitud, tras hablar con la Zarzuela, dijo sin inmutarse que si, en lugar de replegarse, el Rey le hubiera ordenado seguir adelante y apoyar el golpe, no hubiera tenido el menor escrúpulo constitucional.
Lamentablemente, no parece que aquella confusión se haya superado del todo. La lealtad de un soldado constitucional no es una fidelidad personal a un individuo, sino a la nación entera y a su ordenamiento jurídico. ¿Por qué el Rey es y qué alcance tiene su condición de jefe supremo de los Ejércitos, cuando carece de responsabilidad personal, sus actos válidos jurídicamente deben ser refrendados por un ministro, y es el gobierno, quien según la Constitución dirige la política de Defensa?
La vinculación moderna personal del Rey a la institución militar es muy reciente y su inventor Cánovas del Castillo. Puell de la Villa, lo explica con detalle:
“La iniciativa de vincular al titular de la monarquía con las Fuerzas Armadas fue uno de los aspectos más originales de la política canovista. Tal decisión dio origen a una particular forma de interpretar el papel institucional de los militares y contaminó la cultura política de la oficialidad española hasta los años de la Transición a la democracia. […] Desde el punto de vista institucional, la introducción del concepto prusiano rey-soldado fue el más trascendental de los diversos resortes concebidos por la Restauración para civilizar la vida pública. Su implantación se inició mediante una hábil política de gestos, refrendada después constitucional y legislativamente. En la actualidad, estamos tan habituados a contemplar al rey con uniforme militar que asumimos esta costumbre con naturalidad. Tal uso, sin embargo, es relativamente reciente”.
Que antes de su proclamación ante las Cortes le fuera impuesta la faja de capitán general en presencia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, y que acudiera al Parlamento vestido de militar y no de civil, como era el acto, fue desde mi punto de vista un grave error de imagen que lanzó a la sociedad española un inequívoco mensaje de preferencias que ensombrece desde el primer día el reinado de Felipe VI.
Como subraya Torres del Moral, los mensajes que en ocasiones lanzaba Juan Carlos I a los militares no siempre concordaron con lo que se espera en la prudencia propia de un rey constitucional, que sepa que la soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos y no en su persona. Pero ese tipo de mensajes crean innecesarias confusiones.
El 6 de enero de 1983, con motivo de la Pascua Militar, Juan Carlos dijo: “Porque la institución monárquica no depende ni puede depender de unas elecciones, de un referéndum, de una votación. Su utilidad se deriva de que está asentada en el plebiscito de la historia, en el sufragio universal de los siglos”. Torres del Moral advierte que así será, acaso, en otras monarquías, no en la monarquía parlamentaria que instaura la Constitución española. “Por lo demás, en el plebiscito de la historia, en el sufragio universal de los siglos, se encuentra abundante material para todas las tesis posibles, sin que falten monarquías que han caído precisamente por unas elecciones o por un referendo”.
Sánchez Agesta afirma que el artículo 62 de la Constitución implica mando, pero que ese mando exige siempre refrendo del gobierno: “La Constitución atribuye al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. El análisis del alcance de este precepto exige notar, en primer lugar, que todos los actos del Rey, salvo los exceptuados por la Constitución, deben estar siempre refrendados y que el refrendo en este supuesto corresponde al Gobierno”.
Sería deseable que en las academias militares, cuando se explica la Constitución, los futuros generales y almirantes tengan bien claro que el poder militar del Rey es solamente simbólico. Los lamentables incidentes del 23-F dan pie a que algunos autores sigan interpretando que el Rey es efectivamente el mando supremo de los Ejércitos. Aquella aciaga noche se constituyó una junta de subsecretarios para sustituir al poder civil preso en el Congreso. Ese y no otro era el poder legítimo y constitucional ante los rebeldes.

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