A la Casa Real le tocó otro «Gordo» de Navidad

La historia de España está llena de curiosas coincidencias y paradojas. No deja de serlo que el día del sorteo del “Gordo” de Navidad, que enciende las esperanzas y arregla o mejora la vida de tantos españoles, la Casa Real haya de desayunarse con la peor noticia del año, cuando se halla en plena campaña de recuperación de su maltrecha imagen.

En su último discurso de Navidad, como Rey de España, el 24 de diciembre de 2013, Juan Carlos I no repitió aquello del de 2011, de que “los españoles somos iguales ante la Ley”, pero dijo: “Es indiscutible que la crisis económica que sufre España ha provocado desaliento en los ciudadanos, y que la dificultad para alcanzar soluciones rápidas, así como los casos de falta de ejemplaridad en la vida pública, han afectado al prestigio de la política y de las instituciones”.

Y añadió:
“Realismo [es preciso] para reconocer que la salud moral de una sociedad se define por el nivel del comportamiento ético de cada uno de sus ciudadanos, empezando por sus dirigentes, ya que todos somos corresponsables del devenir colectivo•”. Y requirió el “Funcionamiento del Estado de Derecho para que la ejemplaridad presida las instituciones, para que se cumplan y hagan cumplir la Constitución y las leyes”.

Claro que también dijo: “Esta noche, al dirigiros este mensaje, quiero transmitiros como Rey de España: En primer lugar, mi determinación de continuar estimulando la convivencia cívica, en el desempeño fiel del mandato y las competencias que me atribuye el orden constitucional, de acuerdo con los principios y valores que han impulsado nuestro progreso como sociedad. Y, en segundo lugar, la seguridad de que asumo las exigencias de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la sociedad”.

Pareciera que es ahora buen momento de regresar sobre sus palabras, pese a que lo que el propósito de continuidad que anunciaba en este último párrafo tuviera tan corto recorrido.

Pero estamos ante otra cruda realidad ¿Qué va a decir en su primer discurso de Navidad a la nación Felipe VI a los tres días del procesamiento de su hermana por delitos comunes dentro de las conductas que su padre reprochaba en su despedida navideña?.

Porque, pese a los cortafuegos que se han tendido desde la Zarzuela, con la colaboración del aparato del Estado, un modesto juez decente cierra un sumario contra la corrupción pública con una decisión histórica que los libros del futuro recogerán con detalle. Pretender que la Corona queda al margen de este proceso es una vana tontería. Una infanta de España, hija de Rey, en pleno uso de sus derechos dinásticos, llamada a la sucesión en su orden de la Jefatura del Estado, tendrá que sentarse en el banquillo, responder de sus actos y depositar las cauciones preventivas para resarcir a los españoles por el dinero de que tal mal uso hizo.

¿Y ahora qué?
Pues yo diría que es pronto para que quienes quieran ver a la Infanta en el banquillo canten victoria, dado el puzzle jurídico en que a veces se convierte –y este es un caso que se presta a ello particularmente, más que otros tan famosos- según el sujeto implicado. De entrada, tanto el fiscal (en su papel de co defensor) como la defensa específica van a recurrir el auto de apertura del juicio oral, en función del procesamiento de la hija menor del Rey. El juez Castro ha avalado los argumentos de la acusación popular, ese es flanco del ataque combinado de Horrach y Roca. Se podría decir “Horrach y Roca Asociados”, como la divisa de los bufetes poderosos. ¿Qué se busca?, la nulidad. El juez no la admitirá. Lo saben. O sea, que a las defensas combinadas les queda arremeter contra el propio magistrado y elevar recurso de queja a la Audiencia. Y vuelta a empezar.

Pero aparte de este asunto, sobre la mesa sigue otros dos: Primero, si la Infanta, ante el riesgo de que finalmente no le quede otro remedio de comparecer como justiciable, haya de dejar el pesado lastre (para su hermano el Rey) de sus derechos sucesorios al trono. Cuesta pensar que llagara al banquillo con ellos intactos. Y segundo, puestos en el peor de los escenarios, si es juzgada y condenada en la medida de la pena prevista para estos casos, que puede llegar a cuatro años (que habrá que comparar con las que recaigan sobre los otros procesados), ¿cumpliría la pena, llegaría a ingresar en prisión?. Los jueces hilan fino ante los alarmas sociales de los casos de corrupción, por lo que, lo hemos visto en otros casos, ha remitido la tolerancia de dejar en libertad incluso a los condenados por penas relativamente leves, en casos parecidos.

Pero no hemos de olvidar que, desde el presidente del Gobierno a la Abogacía del Estado, el Fiscal y la Agencia Tributaria juegan a favor de la Infanta. Ya lo hemos visto y les quedan municiones.

Consideremos que al final Cristina de Borbón es condenada. No queda más que a suspensión de la pena y el indulto. Y ahí juegan otros factores. De entrada, medir el impacto que este escándalo tendría en la opinión pública y sus efectos sobre la propia Corona y sus secuelas electorales para el partido del Gobierno que tal cosa perpetre.

De momento, la infanta está acusada de “cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su marido en los ejercicios 2007 y 2008” La vista oral se prevé en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia de Palma. Se le exigen 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria. Junta a ella están acusadas otras 16 personas, contra todas las cuales el fiscal arremete sin piedad. Y es que no todos somos iguales…De acusados, claro.

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