La concesionaria de la grúa de Lugo utilizaba facturas falsas, según Aduanas

La concesionaria de la grúa en Lugo, Cechalva, se valía de gasolineras de la empresa Lence Torres para obtener «facturas falsas» de gasoil, que «le serían facilitadas por uno de sus empleados», con el que «Manuel Santiso» dice tener «confianza», como recogen las conversaciones intervenidas en el marco de la ‘Operación Pokémon’ en 2009, y según figura en un informe de Vigilancia Aduanera.

En ese documento que forma parte de los últimos folios alzados por la instructora Pilar de Lara (elaborado en mayo de 2013), y que están en la entrega hecha a las partes a la que ha tenido acceso Europa Press, Aduanas apunta que las facturas correspondientes a los años 2008 y 2009 «se observa que en todos los casos el volumen de litros suministrados».

De hecho, indica que en algunos casos se trataba de 10.000 litros, llegando incluso a los 21.000, lo que «excede ampliamente la capacidad del depósito existente en las instalaciones de la grúa municipal», que tendría capacidad para entre 1.000 y 3.000 litros.

Los investigadores señalan que el suministro de combustible resulta «desproporcionado» teniendo en cuenta factores como el número de vehículos matriculados y el número de vehículos que Cechalva tiene en funcionamiento, así como las «escasas retiradas de vehículos de las vías públicas».

Además, Aduanas constata la «realización de pagos en efectivo de elevadas sumas de dinero a Lence Torres (empresa), cuyos importes en muchos casos superan los 6.000 euros, llegando incluso a los 17.000 euros».

PRÁCTICA «LLAMATIVA»

Esta práctica le resulta «llamativa» a los investigadores por el montante del efectivo, así como por el hecho de que, al tratarse de un suministrador habitual de periocidad trimestral, «no se realicen pagos mediante domiciliación bancaria/transferencia como el es caso de Palas de Rey».

Aduanas acusa a Manuel Santiso, que «facilitaría» facturas «a su primo» para Sanle (adjudicataria de obras del ayuntamiento y empresa de la que es dueño) para «contabilizarlas en la caja B y tenerlas en cuenta a la hora de cerrar la facturación trimestral para el pago/devolución del IVA correspondiente».

Además, señalan a Santiso como la persona que «retiraría en efectivo» del banco, mediante «cheques siempre inferiores a 3.000 euros» las cantidades que «justificarían los pagos en efectivo de facturas falsas».

AFÁN DE «OCULTACIÓN»

Para la investigación, esta forma de actuar tendría afán de «ocultación», puesto que, al quitar cantidades de 3.000 euros, «no sería necesaria la identificación por parte de la entidad bancaria» y, el fraccionamiento de los cheques buscaría «dificultar la identificación del destino del dinero retirado».

Vigilancia Aduanera dice que los cheques retirados del banco por Santiso eran «ingresados en la caja B de Cechalva», al menos, añade, en el año 2008, ya que así «consta en el anotaciones diarias de caja B de 2008».

Asimismo, concluye que el «suministrador real» de gasóleo es «Palas de Rey», y que los «pagos reales» se efectúan mediante transferencia bancaria, incluso «cuando se trata de pequeños importes que rondan los 1.000 euros».

De todo ello, Aduanas extrae que «efectivamente Cechalva estaría llevando una caja B que se nutriría, entre otras partidas, de facturas falsas tanto de gasoil como de reparaciones», de un taller. Estas facturas se «emitirían en combinación con algún empleado en el caso de Lence» y de acuerdo con «algún empleado o responsable de la empresa» en los casos de «Reparaciones Josfran, Talleres Otero Rus, Pinturas Iglesias», hechos que «serían constitutivos de fraude a la Hacienda Pública».

FACTURAS FALSAS CON «TRIPLE FINALIDAD»

En relación al presunto delito de fraude en facturación, Aduanas considera que Cechalva emitiría facturas falsas con «una triple finalidad», en la que estaría «justificar el gasto declarado en su momento como necesario para el mantenimiento del servicio en la oferta económica presentada al Ayuntamiento y que es superior al realmente soportado».

También se buscaría «desviar cantidades de dinero B», que se destinarían al «pago periódico de cantidades a los socios reales de la empresa (Manuel Santiso, Jorge Cecchini, José Luis Álvarez y Javier Reguera), así como a pagos periódicos de cantidades de dinero a funcionarios o cargos públicos del Ayuntamiento de Lugo», al respecto de lo que citan a «Francisco Fernández Liñares» y que se harían en «contraprestación por la adjudicación del contrato».

El tercer objetivo era «disminuir los beneficios declarados» por la empresa y aumentar el IVA soportado, lo que implicaría un «menor importe a pagar a la Hacienda Pública».

Aduanas reseña que Cechalva se adjudicó el servicio de la grúa «a pesar de no ser la empresa con mejor oferta económica».

Los investigadores apuntan, finalmente, que las condiciones de la adjudicación «irregular y previamente pactada con Cechalva del servicio de la grúa municipal favorecen claramente los intereses económicos de esta empresa en detrimento de los caudales públicos», por lo que supondría «un delito de malversación» de dinero público.

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