Ocho años de cárcel para el ourensano acusado de violar a una joven británica

La Audiencia provincial de Ourense condenó a 8 años de prisión y al pago de 30.000 euros de indemnización a un vecino de Lobios de 52 años, acusado de violación por su víctima, una ciudadana británica de 37 años.

El juicio se celebró hace cuatro días en la Sala de la Audiencia y la sentencia que dio a conocer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena al acusado como autor de delito de agresión sexual y de lesiones, por lo que le impone los ocho años de prisión –frente a los 9 pedidos por la fiscala y los 12 de la acusación particular–, 245 euros de multa por una falta de lesiones, y una indemnización de 30.000 euros para la víctima por los daños y perjuicios derivados de las lesiones y por los daños morales.

Además, el condenado deberá pagar 331 euros al Servicio Galego de Saúde (Sergas) por los gastos sanitarios, y las costas del proceso, incluidas las de la acusación particular ejercida por su víctima.

El tribunal consideró probado, según la sentencia que, en la madrugada del 18 de julio de 2010, el acusado Antonio A.G, de 52 años, y la ciudadana británica H.C.T., de 37 años, se encontraron en un bar de Lobios. También da por probado que se conocían como vecinos que mantenían una buena relación personal.

Del bar de Lobios fueron a una discoteca en Lindoso (Portugal) en el coche conducido por el acusado, quien a la vuelta se desvió hacia el monte, paró el vehículo y le propuso a su vecina tener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. «Intentó huir y Antonio le hizo la zancadilla, la tiró, la inmovilizó, le bajó la ropa y la violó», recoge el fallo, en el que añade que después la llevó a su casa de Lobios «donde ella se encerró con llave, aterrorizada», hasta que al día siguiente denunció lo ocurrido ante la Guardia Civil de Bande.

«CLARA, REITERADA Y VEROSÍMIL»

El trío de magistrados ve fundamental la ausencia de consentimiento por parte de la víctima, y según la sentencia, la sala «formó su convicción de que el agresor atentó contra la libertad sexual de la víctima, a la que abordó de forma violenta y en contra de su voluntad».

Para ello se basa en el testimonio de la víctima «claro, reiterado, concluyente y digno de crédito» para la sala, con un relato «verosímil y creíble», corroborado por las pruebas, tanto las documentales, como las periciales y testificales practicadas.

Según la sentencia, el acusado «se prevalió» de la «debilidad» de la víctima, afectada por la ingesta alcohólica, para «consumar su propósito de yacer con ella», por lo que la sujetó «violentamente de brazos y piernas y venció su resistencia condicionada por la desigualdad de poderío físico entre ambos».

En ese sentido, considera que «en absoluto» el acusado puede hablar de «error», pues «no pudo albergar duda alguna» de la negativa de la víctima «que exteriorizó claramente su oposición» a consentir sus demandas.

La mujer, en un examen médico, presentó escoriaciones y rasguños en antebrazos, piernas y glúteos, además de golpes en muslo y pierna «y secuela de estrés postraumático», según la sentencia.


AMENAZAS

El tribunal consideró que en el testimonio de la denunciante, concurren los tres requisitos «exigidos» como la «persistencia incriminatoria» clara para los magistrados, «no hay motivo de resentimiento o animadversión que permita calificar de inveraz» lo que contó y «median corroboraciones periféricas» que dan verosimilitud a la imputación.

Entre esas corroboraciones periféricas, la sentencia alude al testimonio de tres amigos del acusado, que fueron en la tarde del 18 de julio a la casa de la víctima «para presionarla para que no presentase denuncia», y la «amenazaron con quejarse» ante el servicio de menores de la Xunta de la desatención de sus hijos.

La Audiencia ve «comprensible» la tardanza de la mujer para presentar la denuncia «a consecuencia del grave temor experimentado y por su falta de dominio del idioma, además de su condición de extranjera sin recursos».

Concluye el texto judicial con una explicación sobre la «tesis sustentada por la defensa». «En ningún caso tener hábitos sexuales caracterizados por la promiscuidad sirve para cuestionar la versión de la denunciante sobre lo ocurrido, y menos para deducir que el acusado contaba con el consentimiento de su víctima», dice la sentencia, que no es firme y admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo en los cinco días siguientes a la notificación.

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