Manuel Baltar ofrece colaboración con la Justicia y reitera que habrá accciones judiciales contra el exgerente

Manuel Baltar_sede PPOU
El presidente del PP de Ourense y de la Diputación, José Manuel Baltar Blanco, ha asegurado desconocer el nuevo auto de la jueza Pilar de Lara, instructora de la ‘Operación Pokémon’, en el que amplía su investigación sobre supuesta financiación ilegal a más de 20 cargos y al periodo en el que él ya estaba al frente del partido, pero ha remarcado que, ante cualquier petición judicial, se responderá con «máxima colaboración».

Baltar presidió la reunión constituyente del Consello Termal Provincial en el balneario de Laias (Cenlle), y antes ha respondido a preguntas sobre el nuevo auto en el que De Lara da por «refrendadas» las afirmaciones realizadas por el exgerente Emilio Pascual, que ha asegurado desconocer.

«Sólo conozco que tiene su raíz en las declaraciones de una persona contra la que ya se tomaron medidas, pues el comité ejecutivo del PP decidió apoyar unánimemente el ejercicio de acciones contra él», ha esgrimido, en relación a Pascual, el dirigente popular que, ya anteriormente, había negado «absolutamente» financiación ilegal en su formación.

Para Baltar, «evidentemente» las declaraciones de Pascual, que inicialmente se ceñían al mandato de su padre y exbarón popular José Luis Baltar, son «el origen de este tema». Así, ha insistido en que por ellas «tendrá que responder» directamente en los órganos jurisdiccionales, toda vez que el PP ha apostado «por la contundencia» de la ley contra «una persona que dijo lo que dijo con la repercusión pública que tuvo».

Por último, ha reiterado que el PP «no recibió ninguna comunicación» y ha añadido que, cuando lo haga o se llame a alguien a declarar, «la colaboración será máxima con la Justicia».
«IDÉNTICO SISTEMA» EMPLEADO A PARTIR DE 2011

En su nuevo auto, De Lara incide en que las afirmaciones realizadas (así como la documentación aportada) por el exgerente del PP de Ourense Emilio Pascual se han visto «refrendadas» por la documental aportada por las empresas Telemiño y Planos; al tiempo que añade que esta documental «todavía es incompleta» pues falta «facturación por aportar».

«Así resultaría que tal y como señaló el señor Pascual, los gastos electorales del PP (fundamentalmente los relacionados con la publicidad), a fin de no superar el límite legal establecido serían facturados a nombre de diversas personas jurídicas, así como a nombre de diferentes personas físicas que ostentan cargos dentro del PP, debiendo de analizarse la forma de tales facturas y los conceptos», señala la jueza.

No en vano, sospecha que a través de este procedimiento «se podría estar burlando la legislación electoral y de financiación» de partidos, además de implicar «un presunto delito de falsedad documental», ya que, «según afirmó el testigo», la referida facturación en años electorales era abonada «no por los candidatos, sino por el propio partido, generalmente en efectivo y no se reflejaba en la contabilidad oficial del mismo».

Al margen de Telemiño y Pla&Nos, a las que De Lara ya citaba en su anterior auto, alude en el nuevo a un informe de Vigilancia Aduanera en el que, a partir del año 2011 –cuando José Manuel Baltar estaba ya al frente del partido en la provincia–, se da a entender que se pudo seguir con «idéntico sistema» utilizando a otras empresas, entre las que se encontraría Nacher Publicidad.

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