La impunidad de una hija del ex rey

El 15 de diciembre de 2011, el ex presidente francés Jacques Chirac fue condenado a dos años de cárcel por malversación de fondos públicos y abuso de confianza cometida durante la larga etapa en que fue alcalde de París (1977-1995). Se convirtió en el primer jefe del Estado francés en ser condenado por un tribunal ordinario. El único precedente similar era el del general Philippe Petain, que fue inculpado en 1945 por colaborar con los invasores nazis.

Chirac fue presidente de la República entre 1995 y 2007. La sala 11 del Tribunal Correccional de París consideró probados los hechos sucedidos entre 1992 y 1995 y que incurrió en sendos delitos de malversación y abuso de confianza al contratar con dinero municipal al menos a 19 empleados fantasma y encargados de misión que en realidad no trabajaban para el ayuntamiento sino para el propio Chirac o para su partido, el RPR, agrupación posgaullista fundada él mismo con la idea de aspirar a la presidencia republicana. Comparado con lo de España, apenas nada.

La vista contra Chirac no se pudo celebrar hasta que cesó el blindaje que protege a los presidentes de la República en Francia. La sentencia establece que “gracias a su acción deliberada, al haber recurrido a 19 empleos total o parcialmente ficticios, Jacques Chirac faltó a la obligación de probidad que pesa sobre las figuras públicas encargadas de la gestión de fondos o bienes que les son confiados, en este caso con desprecio del interés general de los parisienses”.

Francia es un Estado de Derecho. En España, el abogado del Estado, el fiscal o la Agencia Tributaria no están, por lo que se ve, para defender el interés general de los españoles. Se suman a la defensa de una presunta delincuente, cosa insólita en sí misma por la naturaleza de sus funciones y lo excepcional del caso.
¿Por qué traigo esto a colación? Pues porque los españoles tenemos que sentir vergüenza de este “Estado fallido”, donde la Ley la cumple a voluntad, según los casos, y donde asistimos al penoso espectáculo que quienes deberían defender el interés público defienden a una persona por ser hija de quien es y hermana de quien es. La Hacienda, la Abogacía y el Estado, junto con sus propios letrados, forman el muro de defensa de Cristina de Borbón, a la que puede amparar otra vergonzosa interpretación de la Ley, a la medida del interés de determinados personajes. ¿Dónde se ha visto esto?

Pero, ¿para qué vale la iniciativa popular si no es efectiva? Si el Estado hace dejación de su deber de defender el interés público, ¿acaso la sociedad no puede hacerlo a través de otros legítimos instrumentos?
Ya me he referido en otras ocasiones al llamado “interés de Estado”. El Gobierno, la Corona, a riesgo de lo que sea no pueden permitir que la Infanta Cristina se siente en e banquillo.

Esto no es Francia ni lo será nunca, mientras los dos grandes partidos dinásticos PP y PSOE gobiernen. No nos sorprendamos. Digo yo si se darán cuenta de que, al final, todo esto engendrará mayor crítica, rechazo y repulsa hacia la propia monarquía. Porque es la sombra de la Corona, su imagen y pervivencia la que ilustra el telón de fondo de este episodio. ¿O acaso no?

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