Una jueza de Lugo pide responsabilidades a un centro social sobre tráfico de bebés

La jueza instructora de la Operación Bebé, que investiga la denuncia de irregularidades en procesos para quitarles sus hijos a madres biológicas, ha requerido diversa documentación relacionada con el Hogar Madre Encarnación de Lugo y ha ordenado a la Policía Judicial que identifique al personal que prestó sus servicios en este centro de atención a embarazadas y madres con problemas, así como a todas las personas que trabajaron en el Servicio de Menores de la Xunta en esa provincia.
En una providencia fechada el 9 de diciembre pasado a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza Sandra Piñeiro libra oficio a la Policía Judicial para que identifique al personal religioso o laico que prestó sus servicios en el Hogar Madre Encarnación de Lugo entre el 1 de enero de 2002 hasta la actualidad, desde el personal directivo, pasando por religiosos del Rebaño de María, hasta educadores, pedagogos, cocineros, trabajadores sociales, psicólogos y cualquier otro personal.
La que fue directora de este centro, la religiosa Isabel T.G., prestó declaración como imputada el pasado 1 de diciembre y ahora la jueza también ordena identificar a una persona a la que ella aludió en su declaración.
Asimismo, al Hogar Madre Encarnación de Lugo, la jueza le requiere que, en el plazo de un mes, remita el proyecto educativo del centro, si es que cuenta con él. Otorga el mismo plazo a la Xunta para que le haga llegar el contrato del concierto que mantiene con este centro para el acogimiento residencial de menores en situación de desamparo o riesgo que estén tutelados o en guardia.
También concede el plazo de un mes al Instituto Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María para que envíe información sobre la financiación del Hogar Madre Encarnación, para lo cual ordena librar exhorto al Juzgado Decano de Cádiz.


REQUERIMIENTOS A LA XUNTA

Además, al Servicio Técnico de Menores de la Jefatura Territorial en Lugo de la Consellería de Traballo le requiere que, también en el plazo de un mes, remita copia fidedigna del expediente de guardia de dos menores.
Respecto a la Xunta, la jueza ordena a la Policía Judicial que identifique a todas las personas que, como funcionarios o personal laboral o interino, trabajaron en el Servicio de Menores de la Xunta en Lugo desde el 1 de enero de 2002 hasta la actualidad, desde los trabajadores sociales, psicólogos, jefes de servicios, o jefes territoriales, hasta secretarios y asesores jurídicos.


NUEVAS IMPUTACIONES

Por otra parte, en un auto también del 9 de diciembre pasado, la magistrada rechaza la práctica de unas diligencias de investigación solicitadas por una de las denunciantes, pero sí requiere a la Policía Judicial que identifique a la que era concejala de Asuntos Sociales de Ribadeo (Lugo) entre 2001 y 2002 para llamarla a declarar en calidad de imputada. Asimismo, también llama a declarar en calidad de imputada a la que fue jefa de servicio en el Servicio de Menores de Lugo en marzo de 2011.
En el año 2010, el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo abrió una instrucción a raíz de una denuncia interpuesta por un grupo de abogadas del turno de oficio sobre madres que alertaban de que habían sido obligadas a renunciar a sus bebés y darlos en adopción con presiones y engaños.
Además, en el marco de la ‘Operación Carioca’, que se centró en una red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo, la jueza Pilar de Lara recabó también relatos de prostitutas que denunciaban este mismo tipo de hechos delictivos, por lo que dedujo testimonio de este ‘hallazgo casual’ y remitió las declaraciones a la ‘Operación Bebé’ por si pudiesen ser de ayuda.
En un primer momento, se hizo cargo de esta instrucción la titular del Juzgado número 3 de Lugo, Estela San José, quien ordenó registros en el servicio de menores de la Xunta y en el centro Hogar Madre Encarnación. No obstante, Estela San José se inhibió por amistad con una de las abogadas del turno de oficio que representaba a una de las víctimas, de forma que el caso pasó a ser instruido por Sandra Piñeiro.
Esta jueza citó a declarar como testigos a varias personas por las irregularidades denunciadas en procesos de adopción, pero el pasado mes de julio la Audiencia Provincial de Lugo decidió que debían declarar como imputados y también ordenó a la magistrada entregar el sumario de la causa a las partes personadas «en el menor período de tiempo que sea posible».

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