La reforma de la Constitución

Hace un año escribía el profesor Roberto Blanco Valdés en uno de sus artículos, siempre lúcidos, que “España parece estar hoy dividida, cuando se cumple el 35 aniversario de su Constitución, entre quienes creen que es urgente reformarla y quienes opinan todo lo contrario”.

Entre el grupo de partidarios de la reforma son muchos los ciudadanos que, llegado el 36 cumpleaños, piensan que la culpa de los males que padece el país es de la Constitución, pensamiento nacido al amparo del discurso de líderes políticos que, desde visiones opuestas y por razones distintas, consideran agotada la Carta Magna.

Es un pensamiento equivocado porque la Constitución no es hoy el problema de España. No es la causante del mal funcionamiento de las instituciones, imputable a la irresponsabilidad o ineptitud de los gobernantes, ni de la crisis, ni de la corrupción que es resultado de comportamientos individuales indecentes. Ninguno de estos y otros problemas exige una reforma constitucional urgente, que tampoco sería la panacea para solucionarlos, ni siquiera para solucionar el órdago independentista. Pero la Constitución, que define nuestro marco de convivencia, es reformable y seguramente necesita una reforma. ¿Es buen momento ahora para emprenderla? El clima político existente en el país es adverso, los planteamientos de los partidos son divergentes y las posibilidades de alcanzar un consenso para alumbrar reformas de las que renazca otra “Constitución de todos”, nulas. Compárese la propuesta del PSOE con el planteamiento soberanista de BNG y de Convergencia o con “romper el candado del 78” de Podemos. Por tanto, emprender ahora la reforma es abrir el país en canal para hacer una “operación” sin contar con los cirujanos políticos competentes y dispuestos. Como premisa de partida, esta intervención requiere de la predisposición de todos al acuerdo para que el resultado final sea un texto aceptado y duradero con el que puedan gobernar partidos del centro político, de izquierdas o de derechas sin que ninguno tenga que renunciar a sus principios.

Tampoco es alarmante posponer esa reforma que no está entre las preocupaciones prioritarias de la gente. Muchos ciudadanos sostienen que si gobernantes y gobernados cumpliéramos lo que dice la Constitución no la veríamos tan caduca, todos estaríamos más sosegados y el país no tendría algunos problemas y tensiones, como la amenaza de ruptura territorial.

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