Bankia no sale de una para meterse en otra

Los informes a destiempo del Banco de España prueban que la venta de acciones de Bankia ha sido una estafa histórica para los compradores de acciones y preferentes, pero también para todos los contribuyentes, que han puesto en Bankia 22.500 millones de euros. Los bonus ilegales, las tarjetas black y todo el cúmulo de despropósitos de sus gestores –nombrados a dedo por el PP- son motivo de escándalo, pero el gran problema de fondo siguen siendo los miles y miles de millones de euros en juego, sin que el Gobierno de Mariano Rajoy logre aclarar la situación y, lo que es más importante, propicie medidas de la mano de la Justicia. «A 30 de septiembre de 2011, el patrimonio neto (de Bankia, claro) se torna negativo y la sociedad entra en causa de disolución». Por alucinante que parezca, esa frase lleva la firma del Banco de España.

Para encontrar los culpables de semejante estado de cosas no hace falta contratar detectives. Entre otros, son: Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia, y José Luis Oliva, de Bancaja, así como su cómplice: la auditora Deloitte. Por supuesto, a ellos se pueden unir los nombres de sus consejeros y de sus principales ejecutivos, con José Manuel Fernández Norniella a la cabeza, e incluso mezclar a partidos y sindicatos en semejante merienda de negros, pero si algo no procede en un caso así es crear cortinas de humo. Las cosas como son.

Si bien no está directamente implicado en la gestión, tampoco puede olvidarse que el ahora ministro de Economía, Luis de Guindos, trabajó para la entidad madrileña, al objeto de convencer al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de la conveniencia de fusionarse con Caixa Galicia. Es obvio que Feijóo no le hizo caso. Finalmente, Bankia –ya sin activos tóxicos derivados a BFA- sería el resultado de haber fusionado Caja Madrid, Bancaja y las cajas de Ávila, Segovia, Rioja, Canarias y Laietana. Del mismo modo, tampoco pueden perderse de vista los papeles desempeñados por el Banco de España y la CNMV, los gobiernos de Zapatero y de Rajoy, y, a distintos niveles, BDO –avalista de la valoración de Bankia- Lazard, AFI y Ernst & Young.

Entre todos construyeron o toleraron un inmenso engaño con valoraciones falsas a los compradores de acciones y antes de preferentes. Lo que eran beneficios declarados no eran más que pérdidas de miles de millones. A las víctimas cuesta más ponerles nombres: son nada menos que 340.000 pequeños inversores arruinados, en su mayoría españoles, ya que los inversores extranjeros rechazaron ese anzuelo envenenado.

Visto ahora con perspectiva se constata que no es lo mismo un inversor engañado modesto que uno rico. Al contratante de preferentes o acciones de Bankia –también de las cajas que dieron lugar a Abanca-, desde Bruselas se le impusieron severas restricciones para poder recuperar su dinero. A quienes compraron acciones de Abanca, las cosas no le están yendo mal con la Justicia. En realidad nada nuevo bajo el sol, pero un síntoma más de que el Estado de derecho en España es débil.

Queda incluso por verse algo que afecta al presente: el papel de José Ignacio Goirigolzarri, sucesor de Rodrigo Rato, ya que tampoco se libra de las críticas de los peritos del Banco de España, a propósito de una serie de créditos dudosos y de créditos fiscales. Sobre lo que no hay dudas es sobre el dinero que pusieron los contribuyentes: 22.500 millones de euros.

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