Los funcionarios cobrarán la extra pendiente en cuatro años

Consello da Xunta_23102014

Los empleados públicos gallegos recuperarán «el 100%» del complemento específico de sus dos pagas extra, reducido por la Xunta en 2013, en enero del año 2018, lo que les supondrá ver repuesta su situación salarial previa a los recortes asociados a la crisis económica. En el mismo ejercicio, el Gobierno gallego acabará de devolver la extra de Navidad suprimida en 2012, que repondrá en cuatro años.

En ambos procesos, la devolución será paulatina y estará ligada a los recursos del fondo retributivo que crea la Ley de Empleo Público de Galicia, según han explicado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, quienes han remarcado que la norma afecta a unos 120.000 trabajadores.

Tras analizar esta ley el Consello de la Xunta, Muñoz y Feijóo han desglosado cuál será el impacto aproximado de este «esfuerzo» para «reponer» derechos perdidos por los empleados públicos, al tiempo que ha anunciado que Galicia será «la primera comunidad» en suprimir el plus de altos cargos, aprobado por el bipartito en 2007 y suspendido desde 2012.

Sobre la recuperación de la paga extra eliminada en 2012, Muñoz ha concretado que los empleados públicos de la comunidad empezarán a recuperarla en 2015. A diferencia de lo previsto inicialmente, la parte devengada (una media del 25%) se repondrá en 2015–la mitad en enero y la otra mitad cuando entre en vigor la ley– en vez de en dos anualidades.

A partir de 2015, los trabajadores ligados a la Administración autonómica recibirán «hasta el 50%» de esta paga extra eliminada en el año 2016, mientras que entre 2017 y 2018, en palabras de la conselleira, se repondrá «el resto».

Desde 2016, la Xunta devolverá también paulatinamente el plus específico que les redujo a mayores en 2013, de forma que, según ha subrayado Feijóo, los empleados públicos podrán percibir «el 100%» del mismo en 2018.
350 MILLONES DE EUROS

Para hacer frente a las modificaciones en los salarios de los empleados públicos gallegos, la Xunta creará un fondo retributivo y, en conjunto, destinará 350 millones de euros.

En concreto, en 2015 se destinarán 40 millones de euros (20 en enero y 20 con la entrada en vigor de la ley), y entre enero de 2016 y enero de 2018 se destinarán los 310 millones de euros restantes.

La dotación del fondo irá creciendo «cada año», lo que «garantizara» que los empleados públicos «aumentan su nómina cada año».

Todo ello, con el objetivo final de que en enero de 2018 los empleados públicos cobren ya «el 100%» del complemento específico de sus dos pagas extra de Navidad y verano, y hayan recibido la devolución completa de la extra suprimida en el año 2012.
«MARCO COMÚN»

Feijóo ha incidido en que la Ley de Empleo Público responde a «una demanda histórica» de los funcionarios de la comunidad y «beneficiará» a todos los trabajadores y al conjunto de los ciudadanos, puesto que se «moderniza» la Administración para prestar «un mejor servicio público».

«Por primera vez» en la historia de la autonomía, introducirá un marco común para todas las administraciones de l a comunidad (Xunta, entidades locales, universidades…), lo que situará a Galicia «en la vanguardia», toda vez que será una de las primeras autonomías en adaptar la legislación autonómica «al Estatuto básico del empleado público».

Otra de las novedades es que se «incentiva» el trabajo del empleado mediante lo que el Ejecutivo gallego denomina «valoración del desempeño», en el que la Xunta garantizará una valoración «objetiva e imparcial».

De hecho, ha precisado que en la regulación de los sistemas de evaluación participarán las organizaciones sindicales, y uno de los objetivos clave es «estimular» la formación y la eficiencia del trabajador público. En todo caso, los sistemas serán aplicados por órganos especializados dotados de «autonomía funcional».
FACILITAR LA MOVILIDAD

Muñoz ha subrayado que la ley implanta también la carrera horizontal, permitiendo la promoción sin el cambio de puesto de trabajo. La progresión en la carrera horizontal tendrá carácter consolidable, excepto en los casos de sanción disciplinaria de demérito.

También facilitará la «movilidad» de los empleados públicos, ya que amplía del 5 al 7% los puestos abiertos a la provisión por funcionarios de otras administraciones.

La Xunta también ha subrayado que la norma «reduce la burocracia y simplifica la organización administrativa», ya que «refuerza» las funciones de coordinación y de representación del personal de las mesas generales de negociación de los empleados públicos, y queda «garantizada» la participación de las organizaciones sindicales.
JEFATURAS DE SERVICIO, POR CONCURSO

Para fomentar la «profesionalización» de la Administración, la ley fija que la provisión de jefaturas de servicio pasará a realizarse por concurso, al tiempo que se introducirá la figura del personal directivo, que será evaluado periódicamente con base a criterios «objetivos» y tendrá «responsabilidad por gestión realizada», al tiempo que se controlarán sus resultados.

En la Administración xeral de la comunidad, entidades locales y universidades, el personal directivo tendrá que ser personal funcionario de carrera y laboral fijo, mientras que en los entes públicos instrumentales «excepcionalmente» podrán asumir estas funciones «otras personas que reúnan condiciones análogas de idoneidad».

Igualmente, la ley establece que los planes de recursos humanos permitirán «optimizar» los recursos humanos al servicio de la Administración.
PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN

Muñoz ha defendido, pese a las dudas de los sindicatos, que la norma aumenta «la estabilidad» del personal laboral fijo con funciones de personal funcionario, que podrá acceder a procesos de funcionarización, si cumple determinados parámetros.

Según ha explicado, esta medida permitirá aumentar la «polivalencia» de los empleados públicos, ya que podrán ocupar diferentes puestos de trabajo, al tiempo que se incrementará su productividad sin que esto se traduzca –garantiza la Xunta– «en un mayor coste para la administración».

Del mismo modo, las administraciones aplicarán por ley una discriminación positiva para las empleadas públicas víctimas de violencia machista, mientras que las medidas de conciliación familiar y laboral tendrán rango de ley.

La conselleira ha enfatizado que la aprobación de este proyecto de ley se produce tras un proceso de negociación con las organizaciones sindicales que permitió incorporar al texto más de 150 alegaciones presentadas por los representantes de los trabajadores.

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