Cumplir la Ley

Una de las evidencias del empobrecimiento de la vida política española es que los dos partidos mayoritarios para algo tan sencillo y de obligado cumplimiento como respetar la Ley se propongan hacer un pacto. ¿Acaso un pacto contra la corrupción es otra cosa que un pacto para cumplir la Ley? O sea, que somos conscientes de que la Ley no se cumple “motu proprio”; decir, de manera natural y espontánea.
Dice Kelsen que la Ley es mucho más efectiva cuando se cumple por convencimiento que por miedo a la sanción. En España, como en otro país civilizado, el Código Penal contiene el minucioso relato de las conductas tipificadas como faltas o delitos y las consecuencias que se derivan de incurrir en las previsiones que establecen. No es preciso pacto alguno, es preciso convencimiento.
Todos los ciudadanos, y especialmente los cargos públicos, deben cumplir la Ley. Hace falta cultura democrática, honradez y convencimiento. O sea, que todo este espectáculo que nos están dando unos y otros es un brindis al sol, un simulacro, una apariencia, una ficción teatral para que uno se crea que realmente las cosas van a cambiar. Ni Rajoy y los suyos, ni Pedro Sánchez y su tropa tienen legitimidad moral como para erigirse en los paladines de la regeneración que proclaman, empezando por echarse a la cara las sucesivas conductas inmorales e ilegales de sus conmilitones de aquí y de allá.
Conviene recordar que el Consejo de Ministros, el 18 de febrero de 2005, había aprobado el llamado “Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado”. Se publicó en el BOE núm. 56, de 07/03/2005 y entró en vigor a los veinte días. Gobernaba el PSOE
Vale la pena recuperar ahora aquel documento, que se supone estaba vigente, pues nunca fue derogado. Entre otras cosas, dice su preámbulo (copio)
…”En el momento actual, se hace necesario que los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en las normas, aunque sí se inducían de ellas y que conforman un código de buen gobierno”. […]. “Los valores de referencia no suponen un repertorio de principios éticos sin trascendencia jurídica alguna. Se trata, por el contrario, de principios inducidos de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico español, de forma que cada uno de ellos tiene su manifestación concreta en una norma que prevé la consecuencia jurídica de su incumplimiento o cumplimiento defectuoso”.
O sea, que los cargos públicos deberían ser ejemplares cumpliendo la Ley, todas las Leyes. Y es evidente, por analogía, que esa obligación de los altos cargos recaía igualmente, por analogía, en todos los escalones de las diversas administraciones del Estado. Y en este sentido, se advertía:
“También se indicaba: “En el ejercicio de sus funciones extremarán el celo de modo que el desempeño de las obligaciones contraídas sea una efectiva referencia de ejemplaridad en la actuación de los empleados públicos. Esta ejemplaridad habrá de predicarse, igualmente, en el cumplimiento de las obligaciones que, como ciudadanos, les exigen las leyes”.
O sea, que volvemos sobre lo mismo. Lo esencial es cumplir la Ley, no formular Códigos que no se cumplen ni medidas reformadores que no se ejecutan. La inmensa mayoría de las llamadas “70 medidas de regeneración democrática”, que por su parte despliega Rajoy, son música vieja con algunos retoques de letra. Y pese a que llevan más de un año en un Congreso donde la derecha tiene holgada mayoría para imponer el ritmo al Parlamento, estos viejos propósitos se nos vuelven a presentar como novedades.
Y es la vieja música, porque se fue orquestando en la medida que hubo que ir dando respuesta a los sucesivos escándalos con que, hasta nuestros días, nos hace desayunar el partido de Mariano Rajoy. Está muy bien poner límites a la financiación de los partidos controlar las donaciones que reciben, perseguir la obtención de fondos ilegales o no permitir que los bancos condonen las deudas contraídas por aquéllos. Pero otros asuntos ya deberían estar regulados y nos habrían librado de algunos bochornos, como el necesario control de gastos de altos cargos y el establecimiento del estatuto del cargo público.
¿No sería más sencillo cumplir las leyes de que ya disponemos? La supresión de los indultos a políticos corruptos, tipificar nuevos delitos y endurecer las penas en determinados casos quedan todavía por concretar en ese programa de “regeneración democrática”. Y no digamos de la drástica reducción de los políticos aforados que, entre otras cosas, ayudaría a la tramitación de los procesos contra los corruptos.
Hay que limpiar las sentinas de todos los partidos. Luego baldear bien, echar sosa cáustica y no embarcar a nuevos ladrones.

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