La ley para el robagallinas

La Justicia es una fuente de la que con cierta frecuencia manan decisiones asombrosas, como la sentencia que la semana pasada dictó un juzgado de A Coruña. Un vecino de esta ciudad acudió a la sucursal bancaria para retirar de su cuenta ¡cinco euros! y le informaron que no se los podían dar porque ese dinero del que él creía disponer había sido engullido por las comisiones que cobra el banco y su cuenta no tenía saldo.

Cuando le comunicaron esta circunstancia, ¡voilá el delito!: el hombre levantó la voz, amenazó levemente al director de la oficina bancaria, saltó el mostrador, abrió un cajón, cogió los cinco euros que era la cantidad que consideraba suya y se marchó. La pena: dos años de cárcel, un castigo ejemplarizante seguramente para evitar que un peligroso ladrón ande suelto por las calles de la ciudad herculina.

Confieso mi desconocimiento de leyes y códigos y seguramente esa sentencia es conforme a derecho. Pero la fuerza de la ley aplicada contradice a la fuerza de la razón, al sentido común, y tumba aquel principio que nos enseñaron en la escuela, que la pena debe ser proporcional al delito.

Si se compara esta sentencia con otras decisiones judiciales en casos de corrupción de políticos, sindicalistas, empresarios, funcionarios y ciudadanos, con decenas de miles de euros por medio, entonces… Entonces se nos debería caer la cara de vergüenza a todos. Al juez que dictó la sentencia, a los legisladores que no reforman las leyes y códigos que la amparan y a todos los ciudadanos por callar ante lo que es el agravio comparativo más grande que han conocido los siglos, como diría Don Quijote.
Cité en otra ocasión el poema “Mirando ó chau”, en el que Curros arremete contra los jueces que condenaban con ligereza a alguna víctima que “quizais é un imbécil, quizais naceu tolo, quizais é inocente…”, y hace exclamar a Dios que contemplaba desde lo alto aquellas condenas: “Si esto é a xusticia, que o demo me leve”.

Hace unos días, el presidente del Tribunal Supremo dijo que “la ley está pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador ni para los casos de tanta corrupción”. Dicho por tan alta autoridad es insultante que los legisladores aún no hayan cambiado esas leyes.

A todo esto, si el juez decidiera pedir una fianza al ladrón de A Coruña para evitar la cárcel, como se pide a muchos corruptos, ¿cuál sería la cuantía que tendría que depositar el joven coruñés?

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