AGE acusa a la Xunta de «nefasta» gestión en Alimentos Lácteos

Antón Sánchez e Ramón Vázquez_AGE_rolda Parlamento
Los diputados de AGE Antón Sánchez y Ramón Vázquez han responsabilizado al PPdeG y la Xunta de la «nefasta» gestión de Alimentos Lácteos que llevó al cese de su actividad. Además, han reclamado que se investigue todo lo relacionado con la quiebra de esta compañía creada con capital cooperativo –que operó en las instalaciones de Leche Pascual en Outeiro de Rei (Lugo)– y se aclare si hubo «connivencia» del Gobierno gallego con Pascual para que no tuviese que hacer frente a indemnizaciones a trabajadores.

La pasada semana el juzgado Mercantil de Lugo condenó a los que fueron administradores de Alimentos Lácteos Eugenio Montero y Arcadio López a abonar 2,9 millones de euros por el perjuicio ocasionado a la compañía al solicitar el concurso de acreedores con retraso, y los inhabilitó por un periodo de dos años para administrar bienes ajenos.

En rueda de prensa este lunes, Antón Sánchez ha denunciado que el PP «puso al frente» de Alimentos Lácteos a «dos tenientes de alcalde del Partido», en Touro y A Pastoriza, Eugenio Montero y Arcadio López, ahora condenados, que establecieron un plan de negocio que «es una vergüenza», «que no se sostiene».

Al respecto, Ramón Vázquez acusa a quien fue conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, y al actual presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, de ser los «máximos responsables de impulsar este proyecto», en el que «desecharon la participación de cooperativas» de Feiraco que «garantizaban la viabilidad de ese proyecto» para «decantarse por cooperativas afines al Partido Popular».

AGE lamenta que este proyecto dejó como resultado: «una deuda de 30 millones de euros», de los cuales casi 10 millones se corresponden a préstamos participativos de Xesgalicia, «que se perderán para siempre»; «dejó a miles de ganaderos estafados» con «2,5 millones de deudas»; un ERE para casi 80 trabajadores; así como una cooperativa que formaba parte de Alimentos Lácteos que entró en concurso de acreedores «y otra que está a punto de hacerlo».
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Así, Sánchez ha censurado que «desde hace más de un año» el PP y Xunta deniegan la documentación sobre los préstamos de Xesgalicia, en lo que identifica con «un ejercicio de oscurantismo». Por todo ello, AGE llevará al próximo pleno del Parlamento gallego la reclamación de la puesta en marcha de una comisión de investigación para aclarar todos estos aspectos. Alternativa cree que los populares se negarán de nuevo a arrojar luz sobre este «fiasco», que «utilizó dinero público en beneficio del PP» de forma «caciquil».

Y es que Sánchez remarca que «las declaraciones de los propios administradores dijeron que eran simples testaferros y quien gestionaba y ordenaba eran Xesgalicia y el Igape (Instituto Galego de Promoción Económica)».
INVESTIGACIÓN SOBRE «PREBENDAS» A PASCUAL

En la sentencia se recogía que la situación de insolvencia de Alimentos Lácteos estaba acreditada desde 2011, pero no fue hasta 2013 cuando se solicitó el concurso de acreedores, cuestión por la que fueron condenados los administradores.

Además, se señala que la compañía debería haber solicitado el concurso con anterioridad al 23 de febrero de 2013, fecha hasta la que se hubiera podido aplicar la cláusula del contrato de arrendamiento con Leche Pascual de la nave industrial, por la cual Alimentos Lácteos «hubiera podido reclamar a Leche Pascual España el importe previsto para indemnizaciones de personal, que asciende a 2.576.637 euros».

Así, AGE ve «muy sospechosa» esta cuestión, de forma que cree que «artificialmente» los administradores, «en complicidad con la Xunta de Galicia», alargaron hasta «tres meses más» el tiempo para solicitar el concurso de acreedores, cuando ya había vencido la cláusula por la que Pascual tendría que haber hecho frente a las indemnizaciones de personal por 2,5 millones.

De tal forma, demanda una comisión de investigación para esclarecer que «no hubo un acuerdo para dar mejores condiciones» al Grupo Pascual, pues AGE se pregunta cómo es posible que, «con la Xunta tutelando», «se dejase extinguir el plazo de esta cláusula» en perjuicio del erario público, de los ganaderos y los trabajadores. Sin embargo, «casualmente se dejó pasar» este periodo, y «deben explicar si hay connivencia con Leche Pascual y si se le garantizó determinadas prebendas a Leche Pascual».

Además, se ha referido a que Eugenio Montero y Arcadio López sirven como «chivos expiatorios» para hacer de «cordón sanitario» que «no llegue más arriba». A esto agrega, que ambos exadministradores cuentan con un seguro «que va a cubrir todas las cuantías» que deberán abonar por la condena, a lo que se une que durante su tiempo de gestores «cobrasen 6.000 euros al mes».
SENTENCIA

En el fallo conocido la semana pasada, se declara culpable el concurso de acreedores de Alimentos Lácteas. Así, además del pago de 2,9 millones de euros y la inhabilitación para administrar bienes ajenos por dos años, se condena a Eugenio Montero (presidente de La Arzuana) y Arcadio López (que fue presidente de la cooperativa Gancobre) a no poder administrar o representar a cualquier persona; así como a la pérdida de los derechos que tengan reconocidos como acreedores concursales.

En los fundamentos de derecho de la sentencia figura que la situación de insolvencia de Alimentos Lácteos desde «al menos el año 2011» fue «admitida» por «la representación de la concursada y los representantes de los administradores», pero no fue hasta «mayo de 2013 cuando se presentó la solicitud de concurso», cuando la empresa «se encontraba ya sin actividad desde meses antes, su pasivo se había incrementado», mientras que su activo estaba «deteriorado por una depreciación de sus marcas comerciales y por haber perdido la garantía prestada a la concursada por la mercantil Leche Pascual».

De este modo, se indicaba que los activos más importantes de Alimentos Lácteos «eran su marcas comerciales, que representaban el 68% del valor total del mercado de la masa activa», por lo que «el retraso en la declaración de concurso supuso una depreciación de estos activos estimada en 5.675.000 euros».

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