Los Tribunales de Justicia autonómicos, por la reducción de aforados

Rueda_Presidentes Tribunais Superiores das CC.AA
Los Tribunales Superiores de Justicia consideran que “urge” reformar “en profundidad” el aforamiento procesal ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ “adoptando medidas tales como la reducción al máximo de los aforados y siempre respecto de delitos cometidos en el ejercicio de la función y durante el ejercicio del cargo”.

Así lo recogen en las conclusiones extraídas en el marco de la reunión anual de TSJ celebrada esta semana en A Coruña, que ha leído el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, entre las que destacan que “es necesario impulsar y agilizar los procesos complejos -principalmente de corrupción- a través de medidas legislativas”.

En este sentido, consideran los TSJ que “deben facilitarse medios personales y materiales que permitan que las instrucciones penales ganen en agilidad sin detrimento de garantías de víctimas y acusados”. “Las instrucciones penales deben sujetarse a plazos razonables para evitar el riesgo de que se conviertan en un fin en sí mismas”, abundan.

También en la declaración institucional a la que dio lectura Cadenas en el acto de clausura del encuentro de presidentes de TSJ, han defendido que “un Poder Judicial independiente y una Administración de Justicia de calidad y eficaz resulta crucial para la obtención de la confianza ciudadana en la vigencia y el desarrollo del Estado de Derecho”.

“Hoy más que nunca, la Justicia es un factor clave para la regeneración de la democracia y del sistema de convivencia, afectado por el desaliento cívico y la desconfianza hacia las instituciones derivada de la existencia de graves casos de corrupción”, reivindican.

Por ello, consideran que “es necesaria una decidida voluntad política de transformación” y “reforma integral” que “debe basarse en dos pilares: una nueva planta y demarcación judicial, más racional y eficiente, y otro modelo de proceso penal, que dé respuesta satisfactoria a las nuevas formas de delincuencia que están socavando las instituciones democráticas y al confianza ciudadana en ellas”.
“LEYES INADECUADAS”

Los presidentes de los TSJ han puesto de manifiesto que los “jueces siguen trabajando en un contexto de leyes inadecuadas y de graves deficiencias organizativas y tecnológicas”, que, según subrayan, “perjudican la eficacia y efectividad de la función judicial, lo que ha sido en buena parte determinante de un continuo desprestigio”.

En consecuencia, reclaman a los representantes políticos “un decidido impulso de modernización de la Justicia sobre bases consensuadas porque se trata de una obra de todos al servicio de los ciudadanos”. “Mejorar la Justicia hoy es posible”, aseveran.

Entre las propuestas organizativas planteadas tras la reunión, abogan por “erradicar los retrasos”. En especial, reivindican “impulsar y agilizar los procesos complejos -principalmente de corrupción- a través de medidas legislativas”.

“Asimismo deben facilitarse medios personales y materiales que permitan que las instrucciones penales ganen en agilidad sin detrimento de garantías de víctimas y acusados”, puntualizan para añadir que “las instrucciones penales deben sujetarse a plazos razonables para evitar el riesgo de que se conviertan en un fin en sí mismas”.

En este sentido, creen “imprescindible” mejorar la gestión de las medidas de refuerzo en órganos judiciales “sobrecargados o mal dimensionados”. Al respecto, subrayan los presidentes de los TSJ que “resulta obligado acompañar con funcionarios de refuerzo las medidas de apoyo de órganos judiciales que se ponen en marcha”.

También ven “necesario” extraer de los juzgados “los procedimientos penales sin autor conocido, que conllevan automáticamente el archivo sin ninguna diligencia judicial”. Y sostienen que “el principio de intervención mínima debe tener una mayor incidencia en la despenalización de las pequeñas infracciones o faltas”.

Asimismo, sostienen que “hay que ampliar la competencia territorial de los actuales juzgados exclusivos de violencia contra la mujer a fin de mejorar la respuesta ante esta lacra social y dotarlos de todos los
recursos y medios necesarios para el ejercicio de su función”.

Y defienden que el equilibrio de cargas de trabajo en los juzgados y tribunales “es esencial para lograr una justicia más eficiente” porque “sólo así se podrá racionalizar los recursos del sistema”. Por ello ven “imprescindible” establecer mecanismos que “permitan corregir desequilibrios en las cargas de trabajo de órganos judiciales de igual clase, como sería la aprobación de normas de reparto de ciertos asuntos entre órganos judiciales de distinta competencia territorial, aprobadas por las Salas de Gobierno”.
COMPETENCIAS Y RECURSOS

“Consideramos necesario culminar el diseño de los Tribunales Superiores de Justicia como pieza natural de la organización judicial y del sistema de recursos en las jurisdicciones civil y penal, manteniendo la sede oficial establecida desde su constitución, sin perjuicio de que, excepcionalmente, existan también sedes desplazadas de todas o alguna de las Salas”, sentencian.

Además, urgen una reforma normativa que “dote de un régimen jurídico más seguro a la figura del Juez de Adscripción Territorial (JAT). “La adscripción del JAT debe corresponder exclusivamente al presidente del TSJ, dando cuenta a la Sala de Gobierno”, concluyen.

En el aspecto de sustituciones, defienden que una “mejor y más razonable” utilización del sistema de sustituciones voluntarias “precisa transparencia, previsibilidad y una planificación realista de su aplicación, diseñada, concertada y ejecutada por las presidencias y Salas de Gobierno, en coordinación con el Ministerio y el CGPJ”.

De este modo, proponen, entre otros criterios, la supresión de la limitación temporal de 180 días y la potenciación de las sustituciones voluntarias compartidas (de dos o más magistrados respecto de una plaza en órgano colegiado o unipersonal) para “facilitar la realización de las sustituciones voluntarias sin menoscabo del funcionamiento del órgano judicial”.

Reclaman, asimismo, al Ministerio “que no se impute al presupuesto asignado los llamamientos necesarios por licencias de enfermedad de larga duración, superiores a diez días, entre las que se incluyen las licencias de enfermedad previas al parto, riesgo durante el embarazo o las licencias de permisos de paternidad y otras situaciones análogas”.

“Si no se modifica la organización judicial, es necesaria la creación de nuevas plazas judiciales con las que atender las necesidades de carácter estructural de muchos órganos judiciales, solventando también el grave problema de la falta de destino definitivo de muchos jueces de las dos últimas promociones”, avisan.

Finalmente, sobre los jueces en prácticas, apuestan por que “en la medida de lo posible las funciones de sustitución y refuerzo se deben realizar en la misma provincia o isla en la que se han desarrollado las prácticas tuteladas”.

En esta línea, consideran que, como regla general, “las funciones de sustitución y refuerzo deben realizarse en órganos judiciales unipersonales de los órdenes civil y/o penal”. “Sólo en supuestos muy excepcionales podrían ser adscritos a órganos de los órdenes social y contencioso-administrativo”, abundan.

Y, entre otros aspectos, los TSJ indican que el período de sustitución y refuerzo “no debería exceder del mínimo de cuatro meses
fijado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, dado que es un período suficiente para la finalidad pretendida y el ejercicio de funciones jurisdiccionales plenas en calidad de jueces en prácticas no es la situación más adecuada”. “Debe garantizarse una retribución acorde a las funciones judiciales que se desempeñan”, concluyen.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar