Se elevan a 80 los imputados en la venta de tabaco ilegal y ropa falsificada en Vigo

 

   La ‘Operación Cuarzo’, dirigida por el juzgado de instrucción número 3 de Vigo, que investiga la supuesta comisión de delitos relacionados con la venta de tabaco ilegal y ropa falsificada, se salda, por el momento, con unos 80 imputados, entre ellos, los 11 detenidos el miércoles, según han confirmado fuentes judiciales.

Redada A Pedra

De los once detenidos, comerciantes de la zona de A Pedra, en el barrio histórico olívico, nueve han pasado este viernes a disposición de la jueza Marisol López, aunque todos se acogieron a su derecho a no declarar. La Policía dejó libres a los otros dos arrestados en sede judicial.

La titular del juzgado vigués también ha decretado la puesta en libertad de los que sí pasaron a su disposición, aunque a todos se les imputan los supuestos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, contrabando de tabaco y delito contra la propiedad industrial. Asimismo, tienen la obligación de comparecer quincenalmente en los juzgados.

Fuentes judiciales han confirmado también que, además de los detenidos, hay decenas de presuntos implicados en la operación, de modo que los imputados se elevan hasta unas 80 personas.

Mientras, los locales que fueron precintados durante el operativo policial (36 puestos en el mercado de A Pedra y varios bazares del Casco Vello) siguen clausurados, a excepción de una joyería, donde «no se ha encontrado nada». Las mismas fuentes han señalado que, aunque se siguen practicando diligencias, el operativo en la calle ha finalizado.

OPERATIVO

En el marco de esta investigación, iniciada el pasado año, la zona histórica de Vigo fue escenario, los pasados miércoles y jueves, de un llamativo despliegue de Policía y funcionarios de Vigilancia Aduanera. Los agentes registraron decenas de locales y se incautaron de ropa y complementos falsificados, además de tabaco ilegal.

Al margen de esos registros en el mercado de A Pedra y en el Casco Vello, también se han realizado registros en domicilios y en almacenes del norte de Portugal, en coordinación con la Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) de ese país.

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