Así funcionaba la trama

La Asociación de Empresarios Discapacitados de Galicia (AED), fundada y presidida por el empresario coruñés Gerardo Crespo –uno de los siete imputados en la supuesta trama para hacerse con subvenciones públicas para cursos que no se habrían realizado– tenía como vicepresidente a un vendedor ambulante que nunca fue a una reunión, según recoge el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, en declaraciones ante la Policía, en el marco de la denominada ‘Operación Zeta’, un vendedor ambulante aseguró que se le ofreció ser socio y vicepresidente de esta asociación y que, tras firmar «una serie de documentos», nunca se le informó «de nada» y no asistió tampoco a «ninguna reunión».

Asimismo, indicó que, en otra ocasión, le llevaron a firmar a su puesto ambulante nuevos documentos y que, así lo hizo, «fiándose del objetivo de esas asociaciones». También sostuvo que desde Azetanet hablaban de «ampliar» el número de este tipo de entidades.

Otra de las personas que declaró en su día, y que trabajo en Azetanet, explicó que «se priorizaba el beneficio económico y no la ejecución de la formación» y que la mujer del presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño –ambos imputados– asistió un año a un curso como manipuladora y, al siguiente, ya como «formadora o tutora».

En su declaración, argumentó también que Azetanet ofrecía a los clientes «un porcentaje de devolución o retorno del dinero que iban a subcontratar» por la realización de los cursos y que estaría fijado en el 30%.

COMISIONES POR CURSOS

Mientras, en otra declaración, un amigo de Crespo sostuvo que éste le reconoció que en las cuentas «se reflejaban más beneficios y que pagaba más impuestos que los que habrían correspondido a los beneficios fiscales reales».

En concreto, explicó que Crespo, que le habría ofrecido figurar como administrador de una sociedad que gestionaba el empresario, le dijo que era «porque pagaba comisiones a comerciales o gente que le conseguía cursos o actividades».

Junto a Crespo, el presidente de Caype y su mujer, están citadas a declarar en febrero, otras cuatro personas, entre ellas el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello por supuesto fraude de subvenciones y/o estafa y malversación de caudales públicos.


«PRESUNCIÓN DE INOCENCIA»

Mientras, tras las noticias difundidas sobre este caso, en un comunicado, el empresario Gerardo Crespo, presidente de la empresa de consultoría y formación Azetanet y de AED y Fundefo, ha negado que se falseasen facturas o documentos públicos en sus empresas o que se pagase por la obtencióm de subvenciones y cursos.

Así, tilda de «injuriosa aseveración» afirmar que se apropiaron «de 20 millones de euros». Al respecto, sostiene que actuó «siempre» dentro de «la más estricta legalidad», al tiempo que reivindica su «derecho» a la «presunción de inocencia».

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