Nuevos episodios nacionales

Si don Benito Pérez Galdós viviera, seguro que abría una nueva serie en sus “episodios nacionales” para incluir muchos acontecimientos que estamos viviendo en esta España que parece derrumbarse. Ahí entrarían los casos de corrupción ya clásicos –Gürtel, Palau, ERE de Andalucía o Pokémon en Galicia–, el enriquecimiento y fraude del clan Pujol, las tarjetas opacas de Caja Madrid o el fraude cometido por el sindicalista histórico de Asturias, por citar solo unos ejemplos.
Galdós también posaría su mirada incisiva en dos hechos ocurridos la semana pasada, que son consecuencia de la actuación de dos instituciones y resultan incomprensibles para la gente común.
El miércoles se conocía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que inhabilita al juez Elpidio Silva por prevaricar realizando una “persecución inquisitorial” contra Miguel Blesa. Ese mismo día los medios informaban que el expresidente de Caja Madrid logró un millón de euros en créditos sin avales ni comisiones, al tiempo que relataban algunos de los dispendios de este personaje con la “tarjeta B”. Naturalmente, hay que creer en la justicia y acatar la sentencia, pero ¿por qué la misma justicia que condenó al juez no siguió investigando la compra más que sospechosa del City National Bank of Florida y otros desmanes de Blesa? El juez Silva fue expulsado de la carrera judicial y el señor Blesa, que llevó a Caja Madrid a la quiebra, solo está imputado por las tarjetas opacas.

El viernes se supo que Hacienda embargaba a un padre la indemnización por la muerte de su hijo en la curva de Angrois. Circunstancias humanitarias aparte, es obligación de la Agencia Tributaria ser diligente en la persecución del fraude y el cobro de deudas, pero ¿por qué no actuó con esa misma diligencia en desmantelar el sistema de las “tarjetas B” de la caja madrileña que conocía y no investigó? ¿Por qué no actuó con el mismo rigor en el análisis de declaraciones de la renta de personajes muy ricos a los que devolvió dinero?. Va a ser verdad lo que dicen los técnicos de Hacienda, que las inspecciones se centran en los asalariados y pequeñas empresas, cuando el fraude se produce en grandes empresas y fortunas.

La doble vara de medir en actuaciones como estas favorecen a los responsables de fechorías. Mientras, la gente honrada pierde la confianza en las instituciones y sobrevive desalentada viendo como se ampara la indecencia.

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