La concejala ourensana Áurea Soto anuncia su dimisión

Aurea Soto_rolda prensa boicot Ourense

La edila de Urbanismo Áurea Soto, imputada en el caso de la plaza de San Antón, ha anunciado este lunes que no recurrirá el auto judicial previo a la apertura de juicio oral y ha avanzado que dimitirá antes de la celebración del juicio, por lo que, «con respeto», ha pedido que sea cuanto antes.

En una rueda de prensa, Soto ha pedido disculpas por no explicarse antes en relación a este tema, y después del auto que se conoció hace una semana, «porque había que tomar decisiones».

Este lunes se cumplía el plazo para recurrir el auto en el que el juez instructor, Leonardo Álvarez, la considera posible autora de delito continuado de prevaricación urbanística o, subsidiariamente, de delito continuado de prevaricación, junto con el de malversación de caudales públicos.

Según la edila, no tiene sentido recurrir «porque ya se hizo dos veces y porque el urbanismo de Ourense en estos ocho años, fue modélico». Aludió a la plaza de San Antón para detallar que fue una de las primeras actuaciones «representativas de lo mucho que se hizo en urbanismo, y todo para arreglar la herencia del PP».

«Durante dos años (en alusión al tiempo de instrucción desde que Democracia Ourensana presentó la denuncia en enero de 2013) hemos explicado un expediente perfecto, sin mácula, y bendecido por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia el 15 de enero de 2009», ha señalado.

LA DECISIÓN QUE «HABÍA QUE TOMAR»

Soto ha asegurado que no puede «quedar duda» de que se tomó la decisión «que había que tomar para atender las reclamaciones». Al respecto, ha indicado que «la concesión de licencias está reglada y la petición de concederlas debe ser atendida», a lo que ha sumado el hecho de que el Plan General de Ordenación Urbana de 2003 admitió la titularidad privada del subsuelo, y estaba en vigor cuando se dio la licencia en una Junta de Gobierno de 2007″, agregó.

El auto de hace una semana da paso a que las acusaciones planteen escritos acusatorios y pidan apertura de juicio oral, en el que también estará como acusado el abogado coruñés Carlos Hernández, autor de informes jurídicos que respaldaron la concesión de la licencia y posterior pago de indemnización a una vecina afectada por la construcción luego legalizada. Según el juez, el podría ser autor de un delito de prevaricación urbanística o, subsidiariamente de un delito de prevaricación.

«VAMOS AL JUICIO ORAL»

La edila ha reprochado que el auto judicial sea «el más conocido de todo Ourense» y dijo estar «perpleja» por los juicios paralelos y «linchamientos mediáticos». Manifestó que hay que recuperar el Estado de Derecho, puesto que «no se juzga en los medios ni juzga y condena un instructor», y se ha mostrado segura de que, tras el juicio oral, «no a quedar ninguna duda» de su inocencia.

Expresó su deseo de «cortar» ese «mecanismo destructivo» para la democracia «que condena al margen del derecho», y se refirió al trabajo administrativo en el expediente de la plaza de San Antón como «paradigmático».

«Todos los expedientes urbanísticos con complejos, llenos de grises o de colores de cualquier tipo, pero éste no, así que Ourense verá con transparencia meridiana, en el juicio, lo que fue turbio y oscuro durante años», ha abundado.

Asimismo, ha añadido que, «desde el máximo respeto», su petición a la judicatura para que fije el juicio oral «ya, lo más pronto posible, en diciembre, enero o febrero, no llevará más de una semana». En cualquier caso, sea ya la fecha o a finales de 2015, según Soto, seguirá trabajando hasta ese momento.

«GARANTIZO QUE DIMITIRÉ»

«Les garantizo que presentaré mi dimisión antes de ir al juicio oral, pero si la agenda me lo permite y el juicio va para finales de 2015, lo entenderé, pero seguiré trabajando y dimitiré sólo antes de la fecha fijada en el juzgado», ha especificado.

En relación a su decisión de no recurrir el auto, añadió que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ourense está «muy orgulloso del urbanismo de estos ocho años últimos». «Y no podemos permitir que las discusiones propias del ámbito judicial, sigan fuera de él», ha apostillado.

El jues instructor, en el mismo auto, dio a conocer el archivo de la causa para todos los demás integrantes de las juntas de gobierno de 2007 y 2009 que prestaron declaración como imputados, en septiembre.

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