La Constitución del 78 se hizo en plena crisis

La crisis económica es utilizada a veces como argumento para no actualizar la Constitución española, una necesidad política que ya aflora en los programas de algunas fuerzas -entre ellas el PSOE- y que también sale a relucir en el discurso del Partido Popular, que si bien hace propuestas que exigen cambiar la Carta Magna –reducir los aforados, sin ir más lejos- no llega a sumarse a la corriente favorable al cambio constitucional, lo cual es contradictorio. Del mismo modo que lo es el condicionante de la crisis por algo evidente: la crisis no puede ser un pretexto para aplazar su reforma cuando la Constitución actual se elaboró en medio de otra crisis. En todo caso, la condición necesaria sería que el nuevo consenso imprescindible no sea inferior al de 1978.

Por otra parte, la Constitución del 78 –la actual, modificada, admite un matiz- nada tiene que ver con los tres grandes problemas económicos de la España de 2014, que son: uno, el elevado endeudamiento, cuya causa inicial fue más el sector privado que el sector público; dos, el sobrecoste o prima de riesgo que el Tesoro español paga para financiar ese endeudamiento en los mercados privados de capitales, y tres, la débil competitividad de España en el mundo. Es la combinación de todos esos males lo que limita la capacidad de crecer y, por tanto, de crear empleo, que es lo que le preocupa a la gente, víctima de la crisis. No es la Constitución ni su posible modificación. Sí lo sería el matiz antes apuntado, por el corsé permanente al gasto público aprobado en 2011 por PSOE y PP.

Lo que había resultado imposible durante siete años -poner de acuerdo a PSOE y PP en una reforma constitucional- se ventiló en apenas unos minutos en el Congreso de los Diputados, fruto de un pacto entre el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y Mariano Rajoy, jefe de la Oposición y, al igual que ahora, presidente del PP. Ambos fijaron la llamada «estabilidad presupuestaria» por mandato constitucional, lo que prueba que la Carta Magna se puede cambiar en España en menos tiempo del que se reelige a un alcalde por dimisión del anterior. Por aquel entonces también se hablaba se introducir en la Constitución la igualdad de hombre y mujer en el acceso a la Corona, de reformar el Senado, de nombrar a las comunidades autónomas y de mencionar la Constitución Europea, que era la propuesta con la que Rodríguez Zapatero llegó al poder en 2004, pero todas esas cosas siguen ahí esperando.

Lo que está en juego ahora es que los grandes partidos estén a favor de cambiar la Constitución para ir a un Estado federal, pero no para resolver la crisis, sino para encajar Cataluña y el País Vasco en España. Por tanto, estaríamos ante una reforma de más calado que la esbozada en tiempos de Zapatero, producto de la insuficiencia de la estructura territorial del Estado. Las bases de esa España federal podrían ser, como indican algunas propuestas, el reconocimiento de las identidades diversas que componen el país -incluida la de Galicia, por cierto-, el establecimiento de una cámara territorial con atribuciones legislativas exclusivas, una clara distribución de las competencias entre Estado y comunidades autónomas y una financiación justa y equilibrada basada en los principios de igualdad de derechos, solidaridad y ordinalidad que evite que ninguna comunidad se empobrezca por causa de dicha solidaridad.

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