El alcalde de Ourense asegura ante el juez «no recordar» detalles sobre el caso Bedoya

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El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, ha defendido este jueves la actuación de la Junta de Gobierno local y ha asegurado ante el juez «no recordar» que el expediente de las obras de mejora de la Rúa Bedoya, de 2009, llevase el pertinente informe del jefe de servicio de infraestructuras.

El regidor local, que ha comparecido como imputado igual que el resto de la Junta de Gobierno que aprobó esas obras, ha respondido a preguntas del juez y ha detallado que en aquella reunión en concreto se dirimieron 106 asuntos del municipio, y que, en cada uno, el concejal del área correspondiente llevaba cada expediente para su aprobación con el informe técnico del jefe de servicio.

Así, Fernández ha comparado el funcionamiento de una Junta de Gobierno con la de un Consejo de Ministros, en el sentido de que los temas a tratar son numerosos y los concejales que participan no conocen los detalles del área de otro.

Antes que el alcalde, que era concejal de Hacienda en 2009 –cuando se adjudicaron las obras de mejora de la rúa Bedoya–, han comparecido ante el juez como imputados por el mismo tema el que era alcalde, Francisco Rodríguez, la que era y es edil de Urbanismo, Áurea Soto, el exteniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal, el que era edil de Medio Ambiente, Demetrio Espinosa, los tres empresarios que concurrieron a la adjudicación y el jefe del servicio de Infraestructuras, Luis T.

Quedan por declarar en el juzgado de instrucción número 1 por el Caso Bedoya las exconcejalas Isabel Pérez y Marta Arribas, el exedil de Infraestructuras Andrés García Mata y la concejala de Sanidade, entonces y ahora, Margarita Martín.
DICE QUE INFORMÓ

El funcionario que está imputado en el caso, jefe del servicio de Infraestructuras, ha dicho ante el juez que informó al edil de su área, García Mata, de que el procedimiento negociado y sin publicidad por el que se adjudicaron las obras, no era el más adecuado para esas obras en concreto, aunque ha admitido que no lo hizo por escrito, pero sí verbalmente.

Todos los integrantes de la junta de Gobierno y el técnico, están imputados por el posible delito de prevaricación administrativa mientras que los empresarios lo están por el delito de concertación para alteración del precio, pues uno de ellos representa a dos de las empresas que concurrieron mientras que la tercera, en UTE con Orega, tiene como representante al hijo del primero.
«ESTRICTA LEGALIDAD»

Antes de declarar ante el juez, durante media hora, el alcalde ha explicado a los periodistas, a la entrada del Palacio de Justicia, que ha acudido para «solventar cualquier duda que puedan plantear en el juzgado, como es obligación de cualquier ciudadano».

En relación a la junta de Gobierno imputada, ha expresado su «rotunda» confianza en que actuó «correctamente y dentro de la más estricta legalidad». También se ha referido a la denuncia presentada contra otra Junta de Gobierno, en 2006, con alcaldía del PP en la ciudad, por la compra de altavoces a la empresa del edil de Democracia Ourensá, Gonzalo Pérez Jácome, que fue archivada.

«Reclamo igualdad de trato y que igual que en la adjudicación de las obras se indaga y actúa el fiscal, en esta otra de los altavoces se haga lo mismo pues no sé por qué el fiscal pide archivo sin más», ha señalado.

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