Despedida formal de los siete concejales de Santiago

 

Concejales de Santiago que abandonan por imperativo legal
Los siete ediles de Santiago condenados a nueve años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación han afirmado que su renuncia al cargo se produce por «imperativo legal», y se han despedido este martes del Ayuntamiento con agradecimientos a los funcionarios pero sin palabras de gratitud explícitas al alcalde, Ángel Currás, al que tampoco quisieron dar su respaldo en esta nueva tarea alegando que ya no son un cargo público.

Ante la prensa comparecieron cinco de los siete condenados –todos menos María Castelao y Luis Bello, que acudió al Pazo de Raxoi en la mañana de este martes y eludió hablar con la prensa– y ejerció de portavoz la que lo era hasta ahora también del gobierno local, María Pardo, quien confirmó que ya presentaron su dimisión y quien apeló de nuevo a que se sienten «inocentes». De hecho, ha expresado la «inapelable disconformidad» con la sentencia, para la que han anunciado un recurso ante la Audiencia Provincial de forma inmediata.

«Permitid que nos vayamos y defendamos nuestro honor, dignidad e inocencia», ha subrayado María Pardo, quien en su lectura del comunicado conjunto sí mencionó explícitamente al presidente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, y al PPdeG por su «apoyo» y por mantener que son inocentes «incluso después de la sentencia conocida ayer (por este lunes)».

El texto pactado entre todos los ediles que han dimitido expresa la «sincera gratitud» por la atención y cordialidad de los periodistas habituales en el Consistorio y hace «extensiva» la «gratitud» por su «colaboración y mejor disposición a todos los funcionarios» del Consistorio, con una «mención especialísima» a los que han compartido los proyectos con los ediles que se van.

«Para nosotros ha sido un privilegio trabajar con ellos y sabemos muy bien que sin su colaboración y entrega continua no hubiese sido posible ejecutar los diferentes proyectos que hemos llevado a cabo y que siguen en marcha», ha remarcado María Pardo, quien ha afirmado que «los ciudadanos compostelanos deben saber que pueden confiar en su administración local».

Pardo ha tenido palabras de agradecimiento por las «muestras de apoyo y afecto» que los trabajadores del Ayuntamiento les han dado en las últimas horas y también para el resto de trabajadores de los distintos departamentos, servicios y personal de confianza. Asimismo, ha expresado estos mismos sentimientos dirigidos a los distintos profesionales de «reconocido prestigio» que hablaron «unánimemente de la legalidad del acuerdo adoptado» por la junta de gobierno del 30 de mayo de 2013.

«No queremos terminar sin aludir con gratitud al Partido Popular y al presidente Feijóo, pues no podemos menos que reconocer su respaldo y apoyo inspirado en todo momento en el convencimiento de nuestra inocencia, incluso después de la sentencia conocida ayer», ha leído.

María Pardo ha ensalzado la labor de los funcionarios que, ha dicho, «lo único que han hecho es perdonar» los «errores», que «han tenido». «Si ha habido algún error, ha sido por nuestras decisiones», ha asumido Pardo, quien ha asegurado que se van con la «sensación de defender» su «dignidad», pero ha rechazado rencor y sólo ha tenido palabras de «gratitud».

Aunque explícitamente los ediles no se refirieron al alcalde compostelano, posteriormente la que fue concejala de Urbanismo ha aclarado a Europa Press que en los agradecimientos que ha hecho extensos a los funcionarios del Consistorio incluye, «por supuesto» las gracias por el «apoyo» del propio Currás.

Por otro lado, sobre su futuro en el partido, María Pardo aseveró que se «cumplirán los estatutos», los cuales permiten mantener su militancia hasta que la sentencia sea firme.

Aunque no lo afirmó explícitamente, la hasta ahora portavoz del gobierno local dio a entender que se esperará hasta el final del proceso, asegurando que se «aplicarán los estatutos en sus términos exactos» y «en todos sus sentidos», incluyendo el de agotar los tiempos.

«La militancia en el PP es muy cara y se aplicarán los estatutos en sus términos exactos», afirmó, tras lo que ratificó que como «militantes» del Partido Popular «van a respetar hasta sus últimas consecuencias» lo que en ellos se incluye.

Sobre si consideran que la situación judicial de los miembros del gobierno local ha influido en los resultados de las elecciones europeas, los ediles han contextualizado los resultados en los obtenidos por el PP a nivel estatal y gallego.

En la rueda de prensa conjunta también tomó la palabra la hasta ahora responsable de Hacienda, Cecilia Sierra, quien quiso dar las gracias a sus compañeros por haber «entendido» el proyecto desde el punto de vista económico.

Además, tuvo una especial mención para los funcionarios del departamento de informática, porque este año «va a ser muy importante» en este ámbito y ha lamentado la sensación agridulce con la que se va por no poder culminar los proyectos iniciados.

El que ha sido concejal de Fiestas, Francisco Noya, ha remarcado que se van con la «cabeza muy alta», así como con «la satisfacción del deber cumplido».

Los concejales condenados en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago, son María Pardo, teniente de alcalde, delegada de Urbanismo y portavoz de la Junta de Gobierno Local; Cecilia Sierra, edil de Hacienda; Francisco Noya, de Participación Ciudadana y Fiestas; Amelia González, de Régimen Interior y Personal; Juan de la Fuente, de Vías y Obras; María Castelao, de Servicios Sociales; y Luis García Bello, de Seguridad y Movilidad.

Todos, a través de la comparecencia pública, han mostrado su «impepinable disconformidad» con la sentencia, «incluyendo la consideración de los hechos probados y los propios fundamentos jurídicos en que se apoya el fallo».

Una vez leída y analizada, los ediles condenados entienden que se trata de una «decisión equivocada» con «ausencia de valoración de la prueba» y «errónea» en la «interpretación de la normativa y jurisprudencia aplicables al caso, incurriendo asimismo en contradicciones que procuraremos poner de relieve».

«Por otra parte, tenemos la plena convicción moral de que la junta de gobierno actuó conforme a derecho y respetando la ley», ha señalado, para anunciar, a renglón seguida, la «interposición inmediata» de recurso en al Audiencia Provincial, «confiando en que sea reconocida» su «plena inocencia».

La mañana del martes en el Consistorio compostelano ha transcurrido entre idas y venidas de los concejales, que se han despedido de los concejales y periodistas apostados en el vestíbulo del Pazo de Raxoi a la espera de noticias sobre la reorganización municipal.

La más emocionada ha sido María Pardo, quien no pudo evitar las lágrimas en los ojos en su despedida, en la que dedicó buenas palabras para todos.

NOVENA CONCEJALA

La concejala de Xuventude e Normalización Lingüística, Rebeca Domínguez, ha comunicado su dimisión al alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, con lo que se agrava la crisis en el Ayuntamiento compostelano, al elevarse a nueve las plazas vacantes de ediles del PP en esta corporación, sumando los siete concejales suspendido por órden judicial y el edil de deportes, Adrián Varela.
Rebeca Domínguez ha confirmado a Europa Press que su decisión de presentar la dimisión es «irrevocable» y que próximamente la hará efectiva. Esta renuncia se produce después de que este lunes dimitiesen los siete concejales condenados a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación por haber aprobado que el Ayuntamiento compostelano pagase la defensa de Adrián Varela, imputado en la Operación Pokémon y quien también dimitió la semana pasada.
La edil Rebeca Domínguez había accedido al acta de edil en mayo de 2012, tras la dimisión como alcalde de Gerardo Conde Roa, imputado por un fraude fiscal por el que acabó por ser condenado. En un primer momento, esta joven abogada asumió el departamento de Educación, que hasta entonces había dirigido Ángel Currás, que fue designado alcalde.
A los pocos meses, en diciembre de 2012, Rebeca Domínguez fue imputada por la jueza Pilar de Lara en la Operación Pokémon, ante la cual declaró en relación a un supuesto delito de tráfico de influencias en la contratación del personal de la escuela infantil de Salgueiriños, que había sido adjudicada a Sermasa, empresa del Grupo Vendex.

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