El Parlamento busca la integración de personas con discapacidad

Comisión Parlamento_discapacitados

El Parlamento gallego ha arrancado este lunes los trabajos de la comisión para la elaboración de nuevas propuestas que aumenten la integración de personas con discapacidad. En ella, han intervenido los portavoces del Comité de Entidades de Representantes de Persoas con Discapacidade (Cermi) y de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), quienes han coincido en alertar de «la situación de anormalidad democrática» que viven estos colectivos en materias como formación, acceso al mercado laboral, accesibilidad u ocio.

De este modo, el presidente de Cermi, Anxo Queiruga, ha lamentado que el colectivo de discapacitados «sigue siendo un grupo social estructuralmente excluido, sin reconocimiento pleno de ciudadanía y muy lejos de los avances de los derechos que el conjunto de la ciudadanía considera normales», por lo que reclaman medidas que vayan en favor de su «autonomía real». «No podemos estar continuamente mendigando, pendientes de lo que otros nos quieran ofrecer», se ha quejado.

Entre las críticas, Queiruga ha censurado «la carencia» en las redes de centros de atención temprana y la falta de una educación «inclusiva», de forma que ha reprochado que se desplacen a niños a centros especiales en vez de que estén en el colegio que les corresponde por su domicilio. «Llevar a los niños fuera de su entorno es un doble error, por un lado, lo que le afecta individualmente; y, por otro, el efecto sobre su familia», avisa.

En este sentido, considera los centros de formación especial «fuera de los centros normalizados» como «un elemento claro de marginación», en los que «se pierde la socialización» de los niños con discapacidad. Si bien ha apuntado que se deben mantener estos centros especiales existentes dada la imposibilidad actual de recursos necesarios para la atención en los centros ordinarios, alerta de los riesgos de «desplazar» a los niños de «su área donde tienen que desarrollar su vida cotidiana».

Y es que si a este niño desplazado a un centro especial también se le une, por ejemplo, uno de sus hermano «hay un problema multiplicado por dos», pues «aún se dan casos» en los que familiares acaban yendo a estos lugares a ayudar «por falta de profesionales», cuestión que repercute «en la falta de autoestima que puede llegar a provocar en los niños».

En esta línea, incide en el bajo índice de formación de los niños con discapacidades, que es exponencial en los casos de grandes discapacidades. Al respecto, advierte de que «no hay mecanismos» para que los jóvenes puedan decidir «su propio futuro», se corre «el riesgo de pasar de niños a mayores» una vez termina la escuela obligatoria. Entonces, «pueden entrar en un limbo», cuyas dos únicas salidas son, según recrimina Queiruga, ir a una institución o «convertirse en una parte más de la casa».
MÁS DE 233.000 PERSONAS CON CERTIFICADO

Así, Queiruga ha desgranado la situación de las más de 233.000 personas con certificado de discapacidad que hay en Galicia en la actualidad –el 90 por ciento se integra en Cermi–. De ellos, 5.000 tienen menos de 16 años; lo que contrasta con que las más de 125.000 personas mayores de 65 años. Por género, el 60 por ciento son mujeres y el 40 por ciento son hombres, mientras que más de la mitad de ellos tienen una discapacidad física u orgánica, seguida de la intelectual y sensorial.

Las personas con discapacidad en edad laboral en Galicia son 105.000, de las cuales más de 16.000 son perceptores de una pensión no contributiva de invalidez, casi el 15 por ciento de las personas en edad laboral tienen un grado de discapacidad superior al 65 por ciento, los cuales «no tienen ingresos y viven en una unidad familiar cerca o por debajo del umbral de la pobreza».

Un 11 por ciento de los gallegos tienen alguna discapacidad, por encima de la media estatal que se mueve en el 10 por ciento, si bien aquí «se padecen» cuestiones como la dispersión y el envejecimiento, que lo hace diferencial. Al respecto, cree que Galicia «no se puede permitir el lujo de perder el talento del 11 por ciento de la sociedad». A esto se une que casi unas 70.000 personas tienen una incapacidad laboral.
«AUSENCIA LABORAL»

Así las cosas, Cermi ha denunciado «la ausencia laboral» que sufren las personas con discapacidad, con tasas de inactividad del 60 por ciento en Galicia, «justo a la inversa» que el resto de la ciudadanía. A ello se une que es el grupo social con «una mayor tasa de paro».

Sobre este extremo, el secretario xeral de Cogami, Ignacio Rodríguez, ve «graves dificultades de acceso al primer empleo» para cualquier persona con discapacidad y considera que se deben potenciar las facilidades para el acceso a empleos temporales, que son «los únicos» que se ofertan en el mercado laboral gallego actual.

En este sentido, Cogami en el último año ha conseguido la inserción laboral de unas 2.000 personas y cada año se incorporan unas 2.000 personas nuevas a una bolsa de unos 28.000 demandantes de empleo.

Para paliar esta problemática, las asociaciones abogan por impulsar servicios de intermediación laboral y fomentar los impulsos a la contratación, así como que haya «un soporte real» a los centros especiales de empleo protegido.

A este respecto, reprocha que «nunca se cumplió» la obligación legal de que las empresas con más de 50 trabajadores tengan un mínimo del 2 por ciento de personas con discapacidad. Por ello, exige a las administraciones y que hagan cumplir estos preceptos y excluyan de concursos a compañías que no lo cumplan.
LISTA DE PROBLEMAS Y PRESUPUESTO

Junto a esto, la lista de problemas continúa con hechos como: la accesibilidad deficiente en mobiliario urbano; que no haya transporte público adaptado; la ausencia de intérpretes de lenguajes de signos; las dificultades agravadas para las mujeres a efectos de cuestiones como la maternidad o el padecimiento de malos tratos; así como la falta de acceso al ocio y la cultura.

También «preocupan» puntos como la reforma de la administración local que puede influir en los servicios prestados, principalmente en el rural, al tiempo que consideran necesarias medidas con inversiones «concretas» en el plan integral de la Xunta para este colectivo; así como que «no se pueden pedir más esfuerzos» en materia sanitario y copago a estas personas.

Asimismo, advierten de que «no hay medidas de promoción de la autonomía personal» y «se están vaciando las arcas de la discapacidad» para «cubrir la dependencia», aunque se muestran conscientes de la paralización a su vez de la aplicación de la Ley de Dependencia.

Por todo ello, estas asociaciones considera «un error» que haya «políticas unitarias» para los colectivos de discapacitados, ya que al igual que la sociedad en general, existen multitud de variables que no dependen del tipo de discapacidad, sino más bien de factores sociales o personales, que «van evolucionando». Y, sobre todo, para poner en marcha todas las políticas que deben mejorar su inclusión se necesita «recursos económicos», de modo que pide a la Xunta un aumento en las partidas.

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