Dimite el concejal compostelano Adrian Varela

 

Adrián Varela_concelleiro SAntiago

 

El edil de Deportes de Santiago, Adrián Varela, ha renunciado este lunes a su acta en el Ayuntamiento de Santiago y asume «el coste político» por la decisión de pedir que se costease su defensa para hacer frente a su imputación en la ‘Operación Pokémon’.

La decisión pública se ha hecho pública a través de un comunicado, en el que motiva su decisión por «solidaridad» con los siete compañeros del gobierno local que se sentaron en el banquillo por autorizar el pago. La decisión ha sido adoptada justo una semana después de que tuviese lugar la vista oral en los juzgados de Santiago.

Según explica en la nota enviada a los medios, Varela ha transmitido su «decisión personal» al alcalde esta tarde en base a dos motivos que expone en ella, aludiendo a la «solidaridad» con los otros siete ediles procesados, «expuestos a una situación judicial muy difícil» la semana pasada.

Con todo, mantiene «la legalidad» de la decisión adoptada por el gobierno local, el 30 de mayo de 2013, a petición suya, y ha reiterado que ésta mantuvo «el aval» de los técnicos «competentes». No obstante, asume «en primera persona el coste político de la misma».

En segundo término, Varela también ha mencionado a la «presión» a la que estuvo sometida «su familia» en los últimos meses, al respecto de lo que ha señalado que ni siquiera su «férrea vocación de servicio público» puede «más que la tranquilidad» de sus seres queridos.

Asimismo, ha afirmado que no quiere «dañar la imagen» de la capital gallega, a la que –asegura– sirvió «con toda su lealtad y esfuerzo» durante este tiempo.

Al tiempo, ha agradecido a sus vecinos que depositaran en él «el honor» de representarlos en los últimos tres años, en los que –defiende– «no atendió a otros intereses» que a los de los compostelanos.

IMPUTADO EN LA POKÉMON

Adrián Varela es uno de los concejales imputados en la Operación Pokémon, al igual que el alcalde, Ángel Currás. En el sumario de esta operación en la que se investiga una supuesta trama de pago de sobornos a políticos a cambios de concesiones, Adrián Varela aparece en diversas conversaciones con otros de los principales implicados en Santiago, Ángel Currás, el que fue asesor de Gerardo Conde Roa.

En su declaración el 13 de junio ante la jueza que instruye la causa, Pilar de Lara, Adrián Varela reconoció que «Antonio Ramos», al que identifica como «constructor», puso «dinero» para la campaña del PP, aunque matiza que él en ningún momento ha visto recibir cantidades y que él no era el tesorero del partido.

En una conversación intervenida a este concejal y a Ángel Espadas -que era el jefe de gabinete de Gerardo Conde Roa-, Adrián Varela le comenta que, en el caso de que el actual regidor, Ángel Currás, tuviese intención de «prescindir» de él (por Espadas), le iba a «recordar, decir que va a haber gente que le va a ir a pedir 40.000 o 45.000 euros… gente que puso dinero en la campaña electoral y que quieren que tú (a Espadas) sigas ahí, para empezar…».

La jueza insistió en sus preguntas al concejal de Deportes si existían otras personas que pudiesen aportar dinero, pero el concejal únicamente se refirió a esa persona.

Además, fueron polémicas otras conversaciones en las que el concejal de Deportes decía sobre una compañera del grupo municipal calificativos como «frígida», «mal follada» o «subnormal». En otro diálogo, figura que pidió que se despidiese a una trabajadora por ser la mujer de un sindicalista de la CIG en el Ayuntamiento.

AUTORIZACIÓN DE LA DEFENSA

Por el pago de su defensa, se sentaron en el banquillo el pasado lunes, día 19, Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Castelao, Francisco Noya, Luis García Bello y María Pardo, los cuales se enfrentan a hasta nueve años de inhabilitación especial para cargo público.

Estos concejales, reunidos en junta de gobierno local el 30 de mayo de 2013, aprobaron un acuerdo por el que se autorizaba el pago de la defensa a Adrián Varela. Tras una denuncia ciudadana, la jueza de instrucción Ana López-Suevos instruyó diligencias y tanto ella como la fiscala Aránzazu San José atribuyeron un supuesto delito de prevaricación por los hechos.

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