El envejecimiento y la dispersión disparan el sobrecoste de la sanidad en Galicia

La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, ha cifrado en «500 millones de euros» el sobrecoste anual que tiene Galicia en sanidad frente a la media española, debido a factores como el envejecimiento y la dispersión.

En un foro en Santiago de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) sobre financiación autonómica, Elena Muñoz ha denunciado que Galicia «dispone de una financiación que está alejada del gasto total en el que incurre habitualmente», por lo que ha reclamado que se tengan en cuentan «factores diferenciales» como estos en la revisión del actual modelo.

Así, ha comparado la situación de Galicia frente a otras autonomías, con una población envejecida, con un 23,1 por ciento de personas mayores de 65 años, lo que supone que la Comunidad «ya supera en más de un punto la media prevista en las proyecciones del INE para dentro de una década para «toda España». Asimismo, un 3,6 por ciento de la población supera los 85 años, según datos de 2013.

De este modo, el coste medio anual sanitario en Galicia «ya se sitúa claramente por encima al que corresponde al conjunto de España», unido a la dispersión que «también dificulta» la atención de servicios públicos.Sobre esta cuestión, Muñoz ha señalado que un médico presta atención de media a 15 entidades singulares, mientras que en España la media se sitúa en dos.

En lo tocante al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, ha criticado que «no ha respondido completamente a sus pretensiones iniciales», ya que «no ha permitido» financiar la totalidad de los servicios públicos en los tres años liquidados. Cuestión que «pone en riesgo el principio de suficiencia» y «la sostenibilidad» de ámbitos básicos.

Por ello, ha reclamado que Galicia «necesita una mayor ponderación de los factores de coste que tensionan al alza la prestación de estos servicios».

Xornada financiamento autonómico Funcas_conselleira Facenda

«EL ACTUAL MODELO NO RESPONDE A SUS FINALIDADES»

Tras destacar «la máxima importancia» de la financiación autonómica para el futuro de las comunidades, Elena Muñoz ha censurado el actual modelo afectado, a su vez, por diversos condicionantes como el periodo de recesión en la crisis o el estancamiento en la recaudación de tributos como «la causa principal y determinante del comportamiento que ha tenido el sistema».

Cuestiones que han derivado «en fuertes desequilibrios en los saldos financieros autonómicos». De manera que el actual modelo de financiación «no ha respondido ni a las finalidades ni a las expectativas», con una configuración que «no fue la más acertada», puesto que, pese a las restricciones en el gasto, ha dado lugar «a notables aumentos del déficit y el endeudamiento» de las comunidades.

Así, ha señalado que en las comunidades autónomas la sanidad y la educación supone «el 68 por ciento del gasto», de tal modo que la financiación de las autonomías «debería fijarse en mayor medida en base a variables explicativas de ese tipo de gastos».

A este respecto, se ha referido a que en 2011, el último año liquidado del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, la participación de Galicia en este fondo fue de unos 4.800 millones de euros, frente a un gasto total en sanidad, educación y servicios sociales de 6.941 millones, lo que da un desfase de más de unos 2.000 millones de euros, según lamenta Facenda.
«REVISAR VARIABLES»

A renglón seguido, Muñoz ha señalado que los centros escolares gallegos suponen alrededor del ocho por ciento de los existentes en España, «más de dos puntos que representan los alumnos gallegos sobre el total». A esto se une que el coste del transporte escolar «es prácticamente cuatro veces más caro que la media de España», con casos individuales que llegan a superar los 4.000 euros por año.

Por estos motivos, reclama «revisar las variables de coste utilizadas para ponderar la población» en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos, de forma que «cumpla su función suficientemente» en Galicia.

En esta línea, reprocha que el actual sistema prime la población total que «representa un indicador de peor calidad» que la realizada en función de cuestiones como el número de niños y ancianos.

Por eso, para la revisión de la actual financiación autonómica, Galicia «pedirá una mejor ponderación de estas variables de coste, que refleja mayores necesidades de gasto para la prestación de servicios».

Así las cosas, la Xunta demanda que «se tenga en cuenta el coste real de la prestación de servicios en cada territorio» y que «todos los ciudadanos tengan el mismo nivel de prestación de servicios públicos fundamentales independientemente de donde resida».
«COSTES DIFERENCIALES»

En lo tocante al Fondo de Suficiencia Global, Muñoz destaca que «más de un 30 por ciento» del gasto de las comunidades se dirige a la prestación de otros servicios públicos que los principales asociados al Estado de Bienestar, en donde identifica «costes diferenciales» de Galicia frente a otras autonomías.

Entre las particularidades de Galicia, Elena Muñoz subraya: las variables geográficas que inciden en las competencias marítimo-pesquera por los kilómetros de costa; las carreteras gallegas; la biomasa forestal con la que cuenta la Comunidad, que influye en materia de prevención de incendios; así como «las particularidades» de la existencia de una lengua propia; junto a los derechos de las comunidades en el extranjero.

Para ello, cree necesario la elaboración de un mapa de servicios que presta cada territorio, con «una completa evaluación» de los elementos estructurales, con un nuevo sistema basado en la cobertura de gasto de «todas» las autonomías.
ANÁLISIS DE FUNCAS

Por su parte, el director general de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Carlos Ocaña, se ha referido a «un problema nuevo» del que ha dicho «no estar seguro» de que «esté identificado», referido a que «parte sustancial de los recursos que llegan a las comunidades autónomas provienen, no del sistema de financiación autonómica como tal, sino de la deuda».

Una deuda, que «se gestiona en una buena parte de las comunidades autónomas por la Administración del Estado y no por las propias comunidades», cuestión que cambia «los equilibrios financieros en la relación entre Administración central y comunidades».

Y es que por una parte «puede suponer un mayor control de endeudamiento», pero por «otra parte distancia también a las comunidades autónomas de sus ingresos». Aunque cree que es «demasiado pronto» para valorar el «impacto de esta financiación», considera que «es importante» tenerla en cuenta. «En algún momento, seguramente no ahora, habrá que incorporar al análisis todos estos mecanismos», ha previsto.

Respecto a cómo mejorar la redistribución del sistema, cree que el Fondo de Garantía por número de habitante «está básicamente bien orientado», aunque ve «más polémico» el Fondo de Suficiencia que «ha ido perdiendo peso», si bien comunidades defiende que se tengan en cuenta cuestiones más allá de la población. Al respecto, ha incidido en que el problema de la financiación autonómica reside en que «los intereses de la comunidades a menudo están contrapuestos».

Así, Ocaña ha abogado por un equilibrio entre gastos e ingresos, y ha criticado que los mecanismos de disciplina fiscal son «relativamente débiles, aunque se han reforzado en los últimos años generan problemas de cuestión del déficit». «Hay un problema de corresponsabilidad fiscal», lamenta.

Junto a esto, considera «mejorable» lo relativo a los fondos de cierre del sistema, con un tiempo que pasa desde el cierre del ejercicio presupuestaria hasta la liquidación definitiva, que «son prácticamente dos años».

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