La Fiscalía mantiene la petición de pena para los concejales de Santiago

 

Sete concelleiros de Santiago no Xulgado

 

 

   La Fiscalía mantiene su petición de nueve años de inhabilitación especial para cargo público para los siete concejales que, reunidos en la junta local del 30 de mayo de 2013, autorizaron el pago de la defensa a otro edil, Adrián Varela, imputado en la ‘Operación Pokémon’.

Mientras, el abogado de los acusados, Pablo Rodríguez-Mourullo Otero, ha defendido la absolución para los procesados y ha rechazado que pueda haber un delito de prevaricación puesto que existen diferentes «interpretaciones» sobre el acuerdo adoptado, lo que, a su entender, imposibilita que se haya incurrido en ese delito.

Las conclusiones de ambas partes llegaron después de alrededor de seis horas de vista en las que el alcalde compostelano, Ángel Currás, acompañó a los siete ediles acusados –Amelia González, María Castelao, María Pardo, Luis Bello, Francisco Noya, Juan de la Fuente y Cecilia Sierra –. Entre el público también se encontraba el exalcalde Gerardo Conde Roa, que presidió la corporación municipal del presente mandato hasta que dimitió por un delito de fraude fiscal.

En el acto conclusivo, la fiscala, Aranzazu San José, ha argumentado su petición de inhabilitación en base a que estos concejales, ha dicho, «no defienden bien» el «interés público». Al respecto, ha ejemplificado con este acuerdo, el cual, ha manifestado, «no es legal», y ha enfatizado que «sabían que era un caso de corrupción».

A lo largo de la vista, la fiscala ha insistido en que, en la resolución adoptada, «no se hace ningún mención» a los condicionantes que tienen los funcionarios públicos y miembros de una corporación para poder acceder a la indemnización del coste de la defensa –como que no hubiese desviación de poder o que la sentencia fuese absolutoria–.

«Partiendo del tenor literal, se adopta (el acuerdo) a sabiendas de que no se estaba condicionando y se estaba yendo más allá», ha incidido la fiscala, quien cree que es un caso «clamoroso» de prevaricación para pagar con cargo al dinero público «un letrado en un caso de corrupción».

FONDOS PÚBLICOS

«¿Tienen que destinarse fondos públicos a defender a los corruptos sin ningún condicionante?», se ha preguntado, para indicar, a renglón seguido, que pese a que el informe del secretario municipal recogía «condicionantes» por los cuales no se podría abonar la defensa, los concejales «aceptaron tal y como venía» la propuesta de Adrián Varela.

El Ministerio Fiscal se ha fijado en que «en otros acuerdos se hace perfectamente» las justificaciones, pero en este caso, ha considerado, «van más allá y reconocen (el pago de la defensa sin condicionantes», lo cual cada uno de los siete ediles contradijeron en todas sus intervenciones, al afirmar que sí venían implícitos al incorporar el informe del secretario municipal.

La fiscala también ha llamado la atención en que se había informado públicamente a los medios de que era un «asunto de corrupción» y acerca de que «son todos del mismo partido y de la junta de gobierno». También ha incidido en que la propuesta se hizo el 30 de mayo, y ese mismo día el secretario redactó el informe –que no era preceptivo– y se llevó a la junta de gobierno local.

«Lo que me extraña es la urgencia, porque si tengo que asumir esa decisión, lo pensaría mucho. Lo pienso si hay dinero público. Salvo que lo quisieran aprobar sin más. Sin debate. Porque todos son miembros del mismo signo político, no hay debate, ni preguntas, se aprueba tal cual», ha expresado Aranzazu San José, quien ha abundado que era un asunto «con suficiente enjundia como para tratarlo con detenimiento».

Así las cosas, y tras observar que no se «veló por el interés público», ha señalado que se adoptó un «acuerdo ilegal, a sabiendas, patente, flagrante y clamoroso», por lo que, ha alegado, «cumple todos los requisitos de prevaricación».

ALEGACIONES DE LA DEFENSA

Por parte de la defensa de los acusados, que renunciaron al derecho que les otorga la ley a tener la última palabra en la vista,  ha remarcado –en base a un auto judicial reciente– que «las múltiples interpretaciones» que se pueden dar de la lectura del acuerdo, descarta que la acción «pudiera ser prevaricadora».

En cuanto al contenido, ha manifestado que el acuerdo estaba «condicionado a la normativa» y a las pautas que marcaba el informe del secretario y ha enfatizado que, tras los diferentes testimonios escuchados, «no consta que se quisieran apartarse ni un ápice» de las conclusiones dadas por el secretario, «con independencia de la literalidad» de lo aprobado.

El abogado defensor ha remarcado que «queda claro» que la «voluntad» de los concejales era someter ese acuerdo a las condiciones que marca la ley para que se haga el pertinente abono de la indemnización por la defensa. Además, ha recordado que la redacción del acuerdo correspondió a otra persona, una técnico —llamada a declarar como testigo de la defensa y que no acudió ni en ésta ni en otra ocasión, aunque finalmente se ha renunciado a su presencia–.

Así las cosas, Rodríguez-Mourullo ha explicado que al respecto del acuerdo, que se incluyó en las urgencias del orden del día –como el 40 por ciento de los asuntos, según argumentó él mismo y varios de los concejales acusados–,  cuenta con «informes posteriores que dicen que es legal».

El letrado de la defensa también ha argüido, en base a los testimonios, el acuerdo estaba condicionado al informe del secretario municipal, que sustituyó a Javier Castiñeiras en marzo de 2012 con la llegada del gobierno popular.

Precisamente, en la vista también compareció el anterior secretario municipal –ahora personado en la ‘Operación Pokémon’–, y en quien el abogado de la defensa se apoyó para apelar al «precedente» que en el mandato anterior, con el alcalde socialista, hubo un acuerdo para designar letrado.

En este sentido, volvió a referirse a las palabras de Castiñeira para afirmar que de ellas se concluye que en el anterior caso (que implicaba al concejal socialista Bernardino Rama) «implícitamente» también había «consignación» dineraria. Este caso no fue juzgado y no consta que se pasase ninguna factura.

Así las cosas, ha rechazado que se hubiese firmado a sabiendas un acuerdo contrario a la legalidad y, por lo tanto, ha afirmado que «se empequeñece el núcleo de la prevaricación». «Todos lo interpretan de una manera, ya sólo por eso, no puede ser prevaricador», ha sentenciado.

 COMPARECENCIAS
Los siete ediles de Santiago de Compostela procesados por aprobar en junta de gobierno pagar la defensa al concejal Adrián Varela, imputado en la ‘Operación Pokémon’, han llegado a primera hora de este lunes a los juzgados de Fontiñas para sentarse en el banquillo de los acusados. A su llegada, han sido recibidos por un grupo de personas con gritos de «corruptos» a la vez que con aplausos por otros, lo que ha dado lugar a unos momentos de tensión entre las personas que habían acudido a increparlos y un grupo de familiares y amigos que estaban allí para mostrar su apoyo.

El primero en llegar a los juzgados fue el concejal de Vías y Obras de Santiago, Juan de la Fuente, que aseguró, en breves declaraciones a los medios, estar «tranquilo» y «confiando en la justicia». Posteriormente llegó al edificio de Fontiñas el concejal de Seguridad Ciudadana, Luis García Bello, acompañado por un grupo de amigos y familiares.

Por separado también han llegado al edificio judicial María Castelao, concejala de Educación; Amelia González, responsable de Personal, y Francisco Noya, edil de Fiestas. Todos fueron recibidos a gritos de «corruptos».
Entre una gran presencia policial y acompañados de simpatizantes, poco antes de las 10.00 horas llegaron a los juzgados el regidor de Santiago, Ángel Currás, y la teniente de alcalde, Reyes Leis. Aunque no quisieron hacer declaraciones a la entrada del edificio, el regidor ya había manifestado en anteriores días su intención de acudir este lunes a Fontiñas para prestar su apoyo a los ediles imputados, algo que ha hecho también la edil Leis –no procesada en la causa–.

Las últimas en acceder al juzgado han sido la concejala de Hacienda, Cecilia Sierra, y la portavoz municipal, María Pardo, que han llegado juntas para sentarse en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago. A su entrada, con actitud relajada, María Pardo ha respondido a preguntas de los medios indicando, brevemente, que se encontraba «tranquila no, cabreada».
AFLUENCIA DE MEDIOS
Los siete ediles procesados –Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis Bello– comparecerán ante el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago en calidad de imputados por prevaricación. Aunque en un principio el juicio iba a celebrarse en otra sala, de menor tamaño, el juzgado decidió trasladarla a la sala de vistas número 5 de Santiago, la de mayor tamaño, por la afluencia de medios que solicitaron asistir al juicio.
Además de los siete procesados, este lunes están citados un testigo por parte del fiscal y seis testigos que aporta la defensa. El juicio ha comenzado a las 10,45 horas.

 

AMELIA GONZÁLEZ
La concejala de Personal del Ayuntamiento de Santiago, Amelia González, ha justificado este lunes ante el juez el acuerdo de la junta de Gobierno en el que se aprobó pagar la defensa al edil Adrián Varela, imputado en la ‘Operación Pokémon’, y ha discrepado con el fiscal del caso sobre el informe del secretario en el que los ediles se escudan para justificar su actuación.

Amelia González ha sido la primera en declarar en el juicio contra los siete concejales de Santiago procesados por este acuerdo y, ante el juez, ha vuelto a justificar la actuación de la junta de Gobierno dado que, ha apuntado, el acuerdo estuvo vinculado al «informe del secretario».

En este sentido, ha garantizado que se tomó la decisión de pagar la defensa de Adrián Varela –algo a lo que él posteriormente renunció– teniendo en cuenta «todos los condicionantes» planteados por el secretario municipal y ha afirmado que entendía todos ellos.

«Yo no estaba juzgando a Adrián Varela», ha indicado Amelia González en respuesta a preguntas del fiscal, al tiempo que ha justificado la rapidez con la que se acordó pagar la defensa del concejal a que «estaba listo el expediente». La cuestión, que fue abordada en el apartado de «urgentes» de la junta de gobierno, pertenecía a esta categoría por entrar después del cierre de la orden del día.

Amelia González ha vivido un momento de tensión con el fiscal durante su turno de preguntas alrededor del informe del secretario municipal. Ambos han discrepado en la forma en la que se interpreta este informe, que la concejala entiende que forma parte del acuerdo, mientras que el representante del Ministerio Público expone que la propuesta resolutiva de la junta de gobierno no estaba condicionada por la textualidad del informe. Ha sido necesaria la intervención del juez para pedir calma.

 

JUAN DE LA FUENTE

El concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Santiago, Juan de la Fuente –segundo en declarar- ha reconocido este lunes que «en el momento» en el que se aprobó pagar la defensa del edil Adrián Varela en junta de gobierno local, no se daban los condicionantes necesarios para toma esta decisión, aunque ha asegurado que lo aprobado era el «derecho» a recibir este pago si, en el futuro, se cumplían.

«En ese momento no», ha respondido De la Fuente tras ser preguntado si, cuando se aprobó el acuerdo, se cumplían esos condicionantes. De hecho, el edil ha señalado que preguntó «dos veces» al secretario y que éste «dijo que era favorable», aunque luego ha matizado que «estaba condicionado».

En relación a algunos de los condicionantes, que impiden pagar la defensa a ediles implicados en casos de corrupción, Juan de la Fuente ha señalado que no puede «relacionar» ‘Operación Pokémon’ con «corrupción», dado que únicamente conoce «cosas por los medios» que «no siempre se corresponden» con la realidad.

 

CECILIA SIERRA

Por su parte, la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Santiago, Cecilia Sierra, ha asegurado este lunes que «conocía vagamente» las imputaciones que pesaban sobre el edil Adrián Varela por su implicación en la ‘Operación Pokémon’, pero que el acuerdo para el pago de su defensa establecía que debería «reembolsar» el dinero en caso de no ser declarado inocente.

Durante su declaración, Sierra ha garantizado que en la junta de gobierno se les explicó que «el informe era favorable» y que, en caso de que el edil no fuese declarado inocente «tendría que reembolsar» el pago. Asimismo, «se dio cuenta por encima» de los condicionantes.

Según ha sostenido Cecilia Sierra, los integrantes de la junta de gobierno no son los que analizan estos condicionantes, sino que lo hace el secretario, y el acuerdo aprobado «está condicionado», algo que se «reflejó» en el acuerdo transcrito.

 

MARIA PARDO

La portavoz del gobierno de Santiago de Compostela, María Pardo, en su declaración que «no era el momento administrativo oportuno» para analizar si se cumplían los condicionantes legales para aprobar el pago de la defensa al edil Adrián Varela, imputado en la ‘Operación Pokémon’, aunque ha sostenido que la solicitud de este pago fue «un error político enorme».
María Pardo ha defendido su legalidad y ha señalado que la «voluntad» del acuerdo era cumplir estos condicionantes. Así, ha justificado que esto no aparezca en la literalidad del documento alegando que no lo redactan los concejales, sino técnicos.
Aunque, en su opinión, este acuerdo no fue un «error», dado que se remite al informe del secretario judicial donde aparecen los condicionantes, María Pardo ha calificado de «error político enorme» la solicitud del pago de la defensa.
Al mismo tiempo, la portavoz del gobierno local se ha encarado con el fiscal para rechazar «prejuzgar» al edil Adrián Varela, y ha asegurado que considera que los delitos que se le imputan en la ‘Operación Pokémon’ «son en el ejercicio de su cargo hasta que haya sentencia».
Finalmente, Pardo ha reconocido que su relación con el concejal Adrián Varela, hasta el momento de los hechos, era «mala», pero que en estos momentos es «muy buena».

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