La ley de medidas urgentes sobre la reforma local, lista para el pleno

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La ley de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la reforma local impulsada por el ministro Cristóbal Montoro obligará a «reconsiderar» la delegación de las competencias que realice la Xunta de Galicia si la financiación que se lleva a cabo «resultase insuficiente».

Ésta es una de las novedades que ha incorporado la normativa que el Gobierno autonómico ha calificado como «interpretativa» de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la cual fue aprobada a finales del pasado año en las Cortes del Estado.

Así, la ley gallega ha superado este martes el trámite de ponencia y comisión y ha quedado lista para su aprobación en pleno tras las elecciones europeas. Lo ha hecho con el voto en contra de toda la oposición y tras incorporar siete enmiendas del PSdeG y una disposición adicional del PPdeG, que tiene como objetivo aclarar las competencias en cuanto a la incoación de expedientes a funcionarios.

Las modificaciones realizadas en ponencia suponen, por ejemplo, que en la delegación de las competencias que recoge el artículo 2 –las que podrá llevar a cabo la Xunta a los municipios para que sigan prestando determinados servicios–, «deberá determinarse su duración, las posibles prórrogas y los medios personales, materiales y económicos asignados». Además, en el caso de que la financiación de la delegación «resulte insuficiente, deberá procederse a su reconsideración», según fija la ley.

Asimismo, con este paso por el Parlamento, la ley incorpora un nuevo artículo, por el que se «deberá establecer un marco de coordinación y colaboración efectiva entre la Administración autonómica y local» para la prestación y mantenimiento de los servicios ante la ciudadanía, «debiendo promover su mejora y garantizar su prestación efectiva».
TRABAJO EN COMÚN

Este ámbito de colaboración deberá servir para «promover el trabajo en común para la solución de los problemas que se puedan presentar más allá del concreto reparto competencial en los distintos sectores de la acción pública», añade este nuevo artículo incorporado al final de la ley.

Los socialistas también han logrado introducir un cambio en la exposición de motivos de la normativa, que sirve para hacer hincapié en que debe «respetarse la Carta Europea de Autonomía Local», la cual «consagra los principios de autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales».

Durante el debate en la Comisión Institucional, las portavoces de la oposición –Beatriz Sestayo (PSdeG), Yolanda Díaz (AGE) y Tereixa Paz (BNG)– han censurado que el Gobierno gallego optase por una normativa aclaratoria en lugar de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional a la ley de Montoro y han advertido de que esta «chapuza de ley», además, «nace muerta», ya que el ministro ya ha amenazado con recurrirla.

Por su parte, la portavoz del PPdeG en el debate, Paula Prado, ha reprochado a Sestayo y Yolanda Díaz que arremetan contra una normativa que el Gobierno andaluz de socialistas e IU, presidido por Susana Díaz –a la que «Besteiro hace una enmienda a la totalidad, dijo–, «ha cortado y copiado» en un decreto de ley con el mismo fin que Galicia. A ello, las diputadas aludidas replicaron recordándole que Andalucía, al contrario que la Comunidad gallega, llevó la ley estatal al Constitucional.

Así las cosas, en su intervención, la parlamentaria socialista Beatriz Sestayo ha censurado que la reforma local «menoscaba la democracia y los servicios públicos» y responde, a su juicio, a la querencia del PP de «mantener el poder por el poder», el cual «centralizan» con la ley estatal, convirtiendo a los alcaldes en «conserjes» de lo que «desde arriba se les mande».

«Es un ataque frontal a la democracia y a la capacidad de organización de los ayuntamientos», ha censurado Sestayo, quien ha advertido de que el PP, «por un lado, dicen que están descontentos», pero por otro, «aplauden» la ley «y no consiguen que el Gobierno de Mariano Rajoy mueva un ápice» de la ley.
«ACRÍTICAMENTE»

La diputada nacionalista Tereixa Paz ha censurado que el Gobierno gallego «mantiene, asume, acepta e incorpora» la ley de Montoro y, «en lugar de cuestionarla y de haber presentado un recurso de inconstitucionalidad», la acoge «acríticamente» una ley que «supedita al mantra» del déficit cero los «servicios públicos».

Yolanda Díaz, por parte de AGE, ha incidido en que la reforma local supone «un auténtico ERE en la administración pública» y abunda en la «privatización» de los servicios públicos, y ha sentenciado que se trata de una «ley que nace muerta», por la amenaza de ser recurrida. Así, ha lamentado que el Gobierno autonómico no hubiese optado por llevar la ley estatal al Constitucional o hubiese llevado a cabo una «moratoria» para no tener que aplicarla por el momento.

«Su credibilidad está por el suelo», ha espetado, por su parte, Paula Prado a PSdeG y a la diputada de AGE (militante de Izquierda Unida), por el hecho de que en Andalucía también se llevó a cabo, a través de un decreto ley, una adaptación de la normativa estatal. «Eso que aquí provoca dolor, sangre y hambre», dijo parafraseando a Yolanda Díaz, en Andalucía se llevó a cabo.

A su juicio, la postura de PSdeG y AGE es «partidista» y su discurso «es virtual», porque «en la vida real hacen lo que se hace en Galicia», que es «resolver los problemas de los ayuntamientos», que significa «resolver los problemas de los ciudadanos». «Esta ley está en vigor (por la del Estado) y, aunque no nos gusta, ya está en vigor y tenemos que resolver los problemas y dificultades en que nos metió», ha sentenciado.

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